¿Puede un concurso público ser independiente si quienes lo ganan fueron anunciados previamente como los candidatos oficiales para dirigir el organismo en cuestión? Es más, ¿es legal ese procedimiento público de selección que se convoca sin un baremo de méritos? En este lío se ha metido la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), cuya renovación de la cúpula puede acabar directamente en el Tribunal Supremo. Es más, Bruselas sigue con atención el proceso.
Según han confirmado a EL MUNDO varios de los candidatos que concurren al proceso, están planteándose un recurso conjunto ante el Alto Tribunal "si el Gobierno consuma la tropelía de falsear un procedimiento de selección" saltándose la ley y el propio Reglamento General de Protección de Datos. "Es objetivamente flagrante que cualquiera de los candidatos que se han postulado tiene más méritos", añade otro aspirante. En el punto de mira están Belén Cardona, que actualmente ocupa el puesto de subsecretaria de Justicia en el Gobierno valenciano de Ximo Puig, y Borja Adsuara, abogado y consultor en derecho digital.
Sus nombres los pusieron sobre la mesa PSOE y PP como parte del pacto para la renovación del Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo. Es decir, ambos partidos filtraron los nombres de Cardona y Adsuara como presidenta de la AEPD y su adjunto, respectivamente. El problema, que la Ley Orgánica de Protección de Datos impide en el caso de la Agencia un dedazo porque obliga claramente a convocar un proceso público e independiente, en línea con la normativa europea al tratarse de un organismo sensible con capacidad de sancionar a empresas y administraciones en un ámbito crucial como el de la privacidad.
El asunto ha llegado ya a Bruselas porque la eurodiputada de Ciudadanos Maite Pagazaurtundúa ha alertado a la Comisión Europea y al Supervisor Europeo de Protección de Datos del pacto PSOE-PP. Se da la circunstancia, además, de que al proceso de la AEPD concurre el español Leonardo Cervera, que es actualmente el número dos del Supervisor Europeo, cargo que ocupa el polaco Wojciech Wiewiórowski.
Wiewiórowski confirma por correo electrónico a este diario que son "plenamente conscientes" del debate abierto en España sobre este tema. "No podemos comentar sobre los asuntos nacionales y no debemos intervenir", puntualiza, si bien deja claro que "sería muy desafortunado" si la "posición fuerte" que la AEPD tiene en Europa queda "dañada por cualquier duda sobre la independencia política del director de la Agencia".
"Esperamos que el proceso sea imparcial y se base en el mérito de los candidatos", añade el Supervisor Europeo, que se pronuncia incluso sobre la lista definitiva de admitidos, con 14 personas que optan a la presidencia o la adjuntía (incluidos Cardona y Adsuara). En ella hay, al menos, "varios nombres de personas cuyos logros en protección de datos y ciberseguridad son bien conocidos a nivel europeo y mundial". Por tanto, "esperamos que el mérito sea el factor más importante y no se vea eclipsado por ninguna preferencia política partidaria".
Sin embargo, la Fundación Hay Derecho anunció un recurso contra las bases de la convocatoria que publicó el Ministerio de Justicia en el BOE después de saberse quiénes eran los elegidos. Según esta Fundación, las bases del proceso selectivo "parecen orientadas no tanto a seleccionar a los candidatos sino a confirmar a los previamente 'acordados' por el PSOE y el PP".
La Fundación, que denuncia precisamente que no se haya publicado ningún baremo de méritos, cuestiona incluso que se vaya a valorar "la experiencia en el ámbito de la transparencia, en línea con la experiencia política de la candidata pactada". Cardona, una alto cargo de confianza de Puig, fue anteriormente secretaria autonómica de Transparencia en la Generalitat.
Las sospechas de estar preparándose un traje a medida para los candidatos oficiales -en su día, ellos mismos dieron por hecho su elección en sus redes sociales- crecen entre el resto de aspirantes. El comité de selección acaba de publicar la lista definitiva de admitidos. Y, de nuevo, las dudas se acrecientan, pues el documento da cuenta de un acuerdo del comité para entrevistar a todos los candidatos.
"Es de una enorme subjetividad concurrir a un proceso sin un baremo de méritos y en el que se introduce además una entrevista", valoran las fuentes consultadas. Es más, sin saber tampoco qué peso tendrá dicha entrevista en la nota final. La sensación entre los aspirantes que amenazan con recurrir el proceso es que podrá servir para decantar la balanza en favor de los candidatos previamente pactados.
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