El aumento de la temperatura del aire acondicionado en las tiendas, oficinas o estaciones y la estampa de los escaparates apagados en las zonas céntricas de las ciudades son sólo la punta del iceberg del ahorro energético que se necesita para cumplir con los compromisos demandados por la Unión Europea.España se verá obligada a aplicar un plan mucho más drástico a partir de septiembre, que exigirá nuevas medidas y mucho más estrictas para alcanzar el compromiso de reducir el consumo de gas en un 7% -porque las actuales «no son suficientes» para llegar a esa cifra-.
El Ministerio de Transición Ecológica tiene todavía unas cuantas semanas más de trabajo por delante para terminar de diseñar las medidas que finalmente incorporará a ese llamado «plan de contingencia». En esa labor, y a diferencia de lo que sucedió con el primer paquete que entró ayer en vigor, el Departamento liderado por Teresa Ribera ha tendido la mano a los gobiernos autonómicos para escuchar y atender sus propuestas.
«Hemos pedido a las comunidades autónomas esta semana que nos hagan llegar sus aportaciones antes de finales de mes para que las primeras semanas de septiembre podamos terminar de cerrar y presentar ese plan de contingencia con algunas medidas adicionales», dijo ayer el director general del Instituto para la Diversidad y el Ahorro de Energía, Joan Groizard, en una entrevista en La Hora de la 1. En ella apuntó que este plan tiene que servir también para anticiparse y poder afrontar hasta la situación extrema que se daría si Rusia cortara el gas a Europa.
La interpelación a los gobiernos regionales la verbalizó el pasado lunes la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica durante la Conferencia Sectorial de la Energía que sentó al Gobierno y a los consejeros del ramo. Fue por dos veces. Primero en el turno inicial y, sobre todo, en la intervención que cerró la cita, donde se extendió más. Fuentes del Ministerio relatan que Ribera pidió «insistentemente» esas aportaciones a las autonomías para elaborar el plan de contingencia y que la mayoría de consejeros expresaron su voluntad de hacerlas llegar.
Esta oferta para contribuir a diseñar las nuevas medidas, que se prevén mucho más duras que las actuales, llega después de que distintas comunidades autónomas, principalmente las gobernadas por el PP o las de Cataluña y País Vasco, manifestaran su enfado por la falta de diálogo con ellas a la hora de elaborar el primer paquete. Esa denuncia también fue replicada por parte de los sectores afectados, principalmente los comerciantes.
Desde el Ministerio se impugnan esas críticas y se especifica que se lleva pidiendo aportaciones de las comunidades autónomas al plan de contingencia desde la conferencia sectorial que se produjo el 28 de julio. Un día después de que la delegación del Ministerio volviera de Bruselas donde se acababa de alumbrar el acuerdo por el cual España debía ahorrar un 7% en el consumo de energía. Ese día Ribera pidió propuestas a los consejeros aunque emplazó a estudiarlas de cara al mes de septiembre, cuando el plan se tiene que remitir a Europa. También por esas fechas, puntualizan las fuentes consultadas, se mandaron cartas a las autonomías y la Federación de Municipios con esa petición y se celebraron dos reuniones con portavoces de grupos del Congreso para demandar ideas.
Contabilizar el ahorro
En este contexto, fuentes del Departamento de Ribera reconocen que la urgencia de aplicar un primer paquete de ahorro para su puesta en funcionamiento inmediata no les llevó a pedir medidas respecto a los termostatos o el alumbrado de edificios o escaparates. Primero, porque dicen que eran cuestiones básicas y fáciles de aplicar y, segundo, porque a efectos de contabilizar el ahorro de ese 7%, el mes de agosto cuenta íntegro -desde el día 1- para el cómputo final. Y eso, remarcan las fuentes consultadas, exigía responder de una manera muy rápida. Es ahora, cuando las medidas pueden suponer sacrificios más duros o cambios más bruscos en la ciudadanía, cuando el Ministerio insiste a las regiones para que ofrezcan ideas y alternativas para el esfuerzo que acecha.
Así, Ribera interpeló a los consejeros el lunes a abordar tres grandes ejes: ahorro y eficiencia energética, despliegue a pequeña y gran escala de energías renovables y medidas para garantizar la efectividad de infraestructuras como las regasificadoras, como la de El Musel en Gijón.
Hay gobiernos autonómicos que no están convencidos con este proceder y exigen que el Ministerio dialogue con ellos de una manera bidireccional y no como un menor receptor de ideas, para así buscar consensos reales. En este sentido, se demanda que comparta cuáles son las medidas o la base de lo que está trabajando para que sea sobre esos aspectos concretos sobre los que puedan hacer matizaciones, aportaciones o, incluso, hacer valer el posible impacto diferencial por sus características propias.
«No se trata sólo de enviar ideas. Queremos ver el texto y ver qué cosas nos parecen mejor o peor, y tener conocimiento de lo que se habla para hacer aportaciones», explican fuentes autorizadas de una comunidad autónoma gobernada por el PP.
Estas fuentes reclaman la participación de las corporaciones locales y, subrayan, de los sectores productivos afectados. A este respecto, se reclama no repetir los «errores» del real decreto de dejarlos al margen. Asimismo, y puede ser una línea que sigan otras regiones populares, se insta a que el plan completo abogue, por un lado, por medidas de «incentivos» en lugar de por «sanciones» y, por otro lado, por iniciativas que potencien la producción eléctrica para reducir la dependencia exterior. En este sentido reivindican propuestas para favorecer autoconsumo o cogeneración.
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