- Caso ERE El CGPJ aleja la posibilidad de que tenga que repetirse el juicio contra Chaves y Griñán por los ERE
No habrá repetición del juicio de la pieza principal del caso de los ERE -la que sentó en el banquillo de los acusados a los ex presidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán, además de una decena de ex altos cargos socialistas- y será un tribunal ampliado, formado por dos de los tres magistrados que participaron en la primera vista y tres nuevos, los que dictarán sentencia una vez que el Tribunal Constitucional (TC) amparó parcialmente el pasado verano los recursos presentados y anuló el fallo original.
La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla ha decidido que sean cinco, en lugar de tres, los magistrados que deberán deliberar sobre la responsabilidad de los acusados en la pieza del llamado procedimiento específico -el mecanismo por el que se articularon y financiaron los ERE irregulares- y dictar una nueva resolución en base a la prueba practicada en el juicio que se celebró entre diciembre de 2017 y diciembre de 2018 pero ateniéndose a las conclusiones del Constitucional, que anuló condena tras condena hasta culminar con el desmontaje del mayor caso de corrupción de la historia de España con los votos de los siete miembros afines al PSOE y contraviniendo el criterio de una quincena de jueces, los que desde la instrucción hasta la vista oral participaron en esta macro causa.
Después de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) resolviese las dudas sobre la posibilidad de llamar o no a una de las juezas que formó parte de aquel tribunal, Encarnación Gómez, que tenía nuevo destino en la Audiencia de Alicante, dictaminando que tenía la obligación de regresar, y teniendo en cuenta que el magistrado que dirigió la vista, Juan Antonio Calle, está jubilado desde 2021, el presidente de la Sección Primera, Pedro Izquierdo, ha incorporado al tribunal a tres integrantes más de su sala, Francisco de Asís Molina, Juan Jesús García y Patricia Fernández.
Lo hace, según el acuerdo gubernativo fechado hoy mismo y del que ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), ante "la dificultad y trascendencia jurídica" del procedimiento y al amparo del artículo 197 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), "que faculta a formar sala a mayor número de magistrados cuando se estima necesario".
Ninguno de los tres magistrados que se incorporan a la sala que dictará la nueva sentencia de los ERE había tenido participación en esta pieza, la principal de la causa que se desgajó en más de un centenar. Los tres tienen una dilatada trayectoria y han intervenido en asuntos sonados. Es el caso de Francisco de Asís Molina, que fue el juez instructor del crimen de Marta del Castillo, o la juez Patricia Fernández, que investigó el supuesto amaño del concurso público de adjudicación de la mina de Aznalcóllar.
Un segundo juicio, descartado
Se había especulado con la posibilidad de que, tras la anulación de las condenas por parte del TC, fuese necesario repetir la vista oral, una opción que no descartó el presidente del TSJA, Lorenzo del Río, dado que de los tres magistrados de la sala original, dos no estaban disponibles, Calle por jubilación y Gómez por cambio de destino.
Esto hizo que el Alto Tribunal andaluz hiciera una consulta urgente al órgano de gobierno de los jueces sobre la situación de la magistrada que se marchó a Alicante. La respuesta del CGPJ, en el sentido de que tenía obligación de volver a formar la sala, alejó la hipótesis del nuevo juicio, ya descartada definitivamente.
La Audiencia de Sevilla condenó en 2019 al ex presidente de la Junta José Antonio Griñán a seis años de cárcel por malversación y 15 años de inhabilitación por prevaricación, mientras Manuel Chaves fue condenado a nueve años de inhabilitación por prevaricación, penas mantenidas por el Supremo, al desestimar en 2022 sus recursos de casación contra la sentencia inicial del órgano provincial, por tres votos contra dos de los magistrados de ese tribunal.
Este verano, el Tribunal Constitucional, por siete votos a favor y cuatro en contra, estimó parcialmente los recursos de amparo de los ex presidentes, anulando la sentencia inicial condenatoria de la Audiencia con relación a ellos y otros tantos acusados. Además, ordenó a la Audiencia que dictara una nueva sentencia, incorporando las tesis avaladas por el TC.
Hasta la decisión del Constitucional, los ERE eran el mayor caso de corrupción de la historia reciente del país por la supuesta trama instaurada desde las más altas instancias del Ejecutivo andaluz para repartir de forma opaca, clientelar.