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La Audiencia Provincial de Sevilla cree que el Tribunal Constitucional que preside Cándido Conde Pumpido pudo extralimitarse e invadir funciones del Tribunal Supremo (TS) cuando dictó el borrado de los ERE con la anulación parcial de las condenas de una decenas de ex altos cargos de la Junta de Andalucía, entre ellos los ex presidentes socialistas Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Por esa razón, con ese argumento, ha planteado este martes una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) tras las sentencias del Tribunal Constitucional sobre el caso ERE, donde se reinterpretó la mayor causa de corrupción de la historia de España.
El tribunal hispalense da, así, un golpe encima de la mesa y decide llevar a Europa el controvertido fallo de la corte de garantías presidida por Cándido Conde-Pumpido ante la Justicia europea con una decisión que ya habían anticipado en los últimos meses y que supone, en la práctica, la paralización de la tramitación de la causa, posponiendo el mandato del TC de dictar nuevas sentencias, con condenas a la baja después de la interpretación restrictiva del Constitucional de los delitos. Es decir, que el final judicial de la llamada pieza del procedimiento específico, la principal de la macrocausa de corrupción, tendrá aún que esperar.
Inicialmente, tanto la Audiencia Provincial como el Supremo consideraron que el Gobierno andaluz había malversado los 679.412.179,09 euros que, a lo largo de una década, repartió sin ningún tipo de control a empresas en supuestas crisis para que sus trabajadores se prejubilaran. Sin embargo, y en respuesta a los recursos de amparo de los condenados, el TC legalizó buena parte de esa suma millonaria porque estaba incluida en las leyes de presupuestos andaluces que cada año aprobaba el Parlamento andaluz.
Los magistrados de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla no están de acuerdo y acusan, en un auto que se ha conocido este martes, al TC de usurpar funciones de la justicia ordinaria. "El Tribunal Constitucional, órgano ajeno al Poder Judicial, habría incurrido en una extralimitación en la función de control de las garantías constitucionales que le corresponde, y en una invasión de ámbitos reservados a la jurisdicción de los jueces y tribunales mediante la citada interpretación alternativa de elementos normativos de los tipos penales de prevaricación y de malversación de caudales públicos, y la consecución ulterior de una valoración probatoria y un juicio de subsunción contrarios a los realizados por la Audiencia Provincial de Sevilla y por el Tribunal Supremo", indica la resolución.
En el auto, fechado el 14 de julio y notificado hoy a las partes, contra el que no cabe interponer recurso alguno, cinco jueces de la Audiencia de Sevilla considera "imprescindible" el planteamiento de esta cuestión prejudicial para "evitar que se produzca un riesgo sistémico de impunidad futura en escenarios similares" y para "salvaguardar los intereses financieros de la UE".
Porque la Audiencia de Sevilla considera que las sentencias dictada por el órgano de garantías podría resultar "contrarias al Derecho de la Unión y los Tratados y a la interpretación que de ellos ha realizado el TJUE" recordando la sala la "primacía" de la legislación comunitaria. En concreto, apuntan a que el borrado de los ERE por parte del TC contradice lo establecido por el Tribunal Europeo en sentencias como la dictada el 21 de diciembre de 2021 (caso Euro Box) y que, igualmente, podría atentar contra el derecho a la tutela judicial efectiva.
En concreto, el tribunal plantea cuatro preguntas sobre el fallo del Constitucional. La Audiencia pregunta al TJUE si tiene que acatar la sentencia del órgano que preside Conde-Pumpido cuando "la interpretación del Tribunal Constitucional es contradictoria con las exigencias internacionales de luchar contra la corrupción política, contra el fraude y contra la actividad ilegal que afecte a los intereses financieros de la Unión, de prevenir y combatir la corrupción en general y de prever la aplicación de sanciones eficaces y disuasorias en caso de que tales infracciones se produzcan".
Asimismo, la Audiencia de Sevilla, en el auto de 61 páginas, pregunta a Europa si las sentencias del TC han supuesto una extralimitación de funciones del órgano de garantías respecto del derecho Europeo. Los jueces del caso ERE preguntan qué sucede si "se oponen a una normativa o a una práctica nacional según la cual el Tribunal Constitucional, como órgano no integrado en el Poder Judicial, se extralimite en la función de control que le corresponde invadiendo ámbitos reservados a la jurisdicción de los jueces y tribunales al revisar -a través de una interpretación alternativa de elementos normativos de los tipos penales de prevaricación y de malversación de caudales públicos- la valoración probatoria y el juicio de subsunción realizados por los Tribunales ordinarios nacionales".
El recurso que Conde-Pumpido trató de frenar
En un primer momento, Conde-Pumpido trató de frenar una consulta de jueces españoles ante Europa pero la falta de apoyo interno en el tribunal le hizo abortar la maniobra.
La decisión del TC sobre los ERE provocó un terremoto político y llevó al PSOE a rehabilitar políticamente a los ex presidentes andaluces Chaves y Griñán el pasado 30 de noviembre en el congreso federal del PSOE celebrado en Sevilla, así como a otros condenados, como la exministra Magdalena Álvarez que han sido también rehabilitados e invitados a regresar a la vida pública del Partido Socialista.
Desde que se conocieron las sentencias del TC, numerosos cargos socialistas han tratado de hacer ver que los ERE han sido un "invento" del PP, como dijo la vicepresidenta del Gobierno, ministra de Hacienda y líder del PSOE andaluz, María Jesús Montero. Pero la decisión de la Audiencia de Sevilla de elevar el caso a la Justicia europea abre un nuevo capítulo con un final aún no escrito. Además, aparte de la pieza principal de este caso en la que están Chaves y Griñán, hay más de un centenar de causas desgajadas de la principal y se acumulan ya más de una veintena de condenas.