Cuando hace más de una década estalló el escándalo de los cursos de formación y el descontrol que mantenía el Gobierno andaluz, en la etapa del PSOE, con las subvenciones millonarias repartidas, los dirigentes socialistas de la época, con Susana Díaz a la cabeza como presidenta de la Junta de Andalucía, no se cansaban de repetir que aquello era un "bluf" y que no había caso ni corrupción por ningún sitio.
Sin embargo, los años transcurridos desde entonces y las concienzudas pesquisas de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, junto al juez instructor y la Fiscalía Anticorrupción, han demostrado que el presunto fraude de los cursos no era un "montaje propagandístico destinado a crear un prestigio que posteriormente se revela falso", que es la definición de bluf de la Real Academia Española (RAE).
Y un caso de entre toda la macrocausa de corrupción de los cursos ejemplifica a la perfección que sí había fraude, al menos, presuntamente. El asunto es la supuesta trama empresarial urdida por el ex número 2 del PSOE andaluz Rafael Velasco junto a su esposa, su hermano y dos cuñadas para beneficiarse, de forma irregular, de las subvenciones de la Junta, donde gobernada su propio partido.
Esta pieza no se ha archivado y va camino de ser enjuiciada, a pesar del sinfín de vicisitudes que se han cernido sobre ella, incluso con el carpetazo del caso decretado por la juez María Núñez Bolaños, corregido años después por la Audiencia de Sevilla. El propio Velasco intentó también, sin éxito, que el caso se archivara. El 26 de febrero, el juez de Sevilla José Ignacio Vilaplana procesó, finalmente, al ex número 2 del PSOE-A a su esposa Antonia Montilla y a sus otros tres familiares, además de al ex consejero de Empleo Antonio Fernández -ya condenado por los ERE- y otros tres ex altos cargos: los ex directores generales de Formación para el Empleo de la Junta de Andalucía Juan Manuel Fuentes, María José Lara y Manuel Brenes. La lista de procesados se completa con un ex jefe de Servicio de la Dirección General de Formación de la Junta.
El juez instructor ha encontrado los suficientes indicios de delitos de prevaricación administrativa, falsedad documental y malversación como para que las diligencias previas continúen como procedimiento abreviado. Es el paso previo para que el caso vaya a juicio.
La conexión con el PSOE
El procesamiento del ex número 2 del PSOE-A y su esposa Antonia Montilla, administradora única de la academia de Córdoba Aulacen Cinco, S.L., dedicada a impartir cursos subvencionados por la Junta, conecta de forma directa el presunto fraude de la formación con el Gobierno andaluz y el partido. El vínculo más evidente es el cargo que ejercía el propio Velasco como vicesecretario general del PSOE de Andalucía en la etapa de José Antonio Griñán como líder del partido y presidente del Gobierno andaluz. Simultaneaba este puesto con el de beneficiario de subvenciones otorgadas a la academia de su mujer por la Junta. Pero hay más vínculos.
Velasco, según detalla el auto de 115 páginas del juez Vilaplana, utilizó a dos trabajadores a sueldo del PSOE-A para que hicieran gestiones relacionadas con las subvenciones de los cursos adjudicadas a la academia de su esposa. Los empleados son el chófer y cuñado del ex número 2 del PSOE-A Alfredo F. L. y Luis Nieto Ballesteros, quien trabajaba como "subordinado y bajo la dependencia directa" de Velasco en el partido, precisa el instructor.
Nieto Ballesteros consta como empleado del PSOE-A desde mayo de 2009 hasta marzo de 2010, etapa en la que estuvo a las órdenes de Velasco. Antes, fue secretario general técnico de la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta desde 2004 hasta mayo de 2009; y con posterioridad, desde marzo de 2010 hasta junio de 2015, fue viceconsejero de Economía, Innovación y Ciencia de la Junta.
Este ex alto cargo, en su etapa como empleado del PSOE-A, fue la persona que recibió la "notificación", en representación de Aulacen Cinco, de la concesión de una subvención de 41.296,50 euros en diciembre de 2009. Nieto Ballesteros fue autorizado por Antonia Montilla para que actuase en nombre de su academia ante la Junta, a pesar de que en esas fechas "se encontraba bajo la dependencia directa" de Velasco "dentro de la estructura organizativa del PSOE de Andalucía", apunta el juez.
El jefe directo
En su declaración como testigo el 14 de septiembre de 2022, Nieto Ballesteros fue interrogado sobre su vinculación con Aulacen Cinco y dijo que "durante el periodo en el que trabajó en el PSOE Andalucía, Rafael Velasco le solicitó que recogiera una documentación en su nombre". Entonces, Velasco era su "superior directo dentro del PSOE", según declaró.
Mientras, el chófer en el PSOE de Velasco figura también como "persona autorizada" para aceptar documentación en la Junta sobre una subvención de más de 80.000 euros para impartir dos cursos en Aulacen Cinco. Para colmo, este empleado del partido está también en la lista de alumnos de un curso formador ocupacional.
El juez censura el proceso para reclutar alumnos y destaca la "relación de parentesco, de amistad y/o laboral" de algunos de ellos con Antonia Montilla y Rafael Velasco, ya que había cuñados, otros familiares y hasta vecinos. También se pone en duda la participación en la formación de algunos de ellos, ya que no se les exigió "titulación o documentación alguna". Hay inscripciones "ficticias", según lo declarado por varios testigos, resume el juez.
Esta causa sobre el fraude de los cursos de formación, destapada por EL MUNDO, provocó la dimisión de Velasco en octubre de 2010 como diputado en el Parlamento de Andalucía y como vicesecretario general del PSOE andaluz. Entonces, Velasco era el hombre de confianza de Griñán, que tenía en el cordobés a uno de sus más fieles colaboradores desde la época en que ambos eran diputados en el Congreso.
Gastos "inflados" y exoneraciones
El juez instructor de la causa en la que está procesado Rafael Velasco, ex número 2 del PSOE-A, detalla las irregularidades de las resoluciones de exoneración dictadas por la Junta de Andalucía sobre centenares de subvenciones para cursos, de las que también se benefició la academia de la mujer del entonces dirigente socialista.
Como ya informó este diario, las exoneraciones permitían que entidades que no habían justificado "en tiempo y forma" una subvención para los cursos siguieran recibiendo más, en contra de lo establecido en la norma, que prohíbe expresamente dar nuevas ayudas hasta que no se hayan justificado las cobradas.
La exoneración podría provocar la imputación a la subvención de "gastos inflados o inexistentes" por parte de la entidad beneficiaria, quien, no obstante, recibía el "pago íntegro" de la subvención, a la vez que podrían serle otorgadas otras nuevas posteriores, explica el auto del juez José Ignacio Vilaplana.
El 1 de diciembre de 2008 el entonces presidente del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), que era también consejero de Empleo, Antonio Fernández, firmó una exoneración en favor de Aulacen Cinco. Fue "absolutamente injustificada", dice el auto judicial.