Una auditoría externa denuncia «incumplimientos» de la normativa y omisiones documentales en decenas de expedientes públicos de compra de material sanitario durante la pandemia, ejecutados por el Govern balear que entonces presidía Francina Armengol (PSOE).
El análisis fue encargado mediante concurso público a una empresa auditora privada por parte del actual gobierno autonómico del PP.
El Ejecutivo que lidera Marga Prohens tomó la decisión de fiscalizar los expedientes de compra de suministros superiores a 100.000 euros tras el estallido en 2024 del caso Koldo. Un escándalo en el que se investiga una trama de corrupción en torno al Ministerio de Transportes relacionada, entre otras cuestiones, con la venta de mascarillas.
El caso mantiene en prisión preventiva al ex ministro José Luis Ábalos y a su asesor Koldo García y salpica de lleno a un contrato tramitado en Baleares durante el gobierno de Armengol.
Se trata de la compra por 3,7 millones de euros de un lote de mascarillas que nunca se usaron y que el Govern del PSOE adquirió a Soluciones de Gestión, una de las empresas que centra la investigación que instruye la Audiencia Nacional.
La investigación judicial documentó mensajes entre Koldo y la entonces presidenta balear en los que el asesor de Ábalos llegaba a decirle: "cariño, te mantengo informada de todo".
El informe de auditoría recién entregado al Govern analiza 60 contratos. Todos ellos son adquisiciones de material sanitario efectuadas entre 2020 y 2022, mientras estuvo declarada la emergencia por la pandemia de Covid-19.
Todas son compras superiores a los 100.000 euros y fueron tramitadas por el área de sanidad pública del Govern de Armengol, el IB-Salut.
La auditoría examina y coteja la documentación que soportó esas compras, así como el dinero público que se pagó , comparándolo con el precio de mercado y con el que abonaron otras comunidades autónomas.
Informes 'a posteriori'
El informe ha detectado recurrentes «incumplimientos» de los «estándares» y de la normativa de contratación en la mayoría de los expedientes analizados. E indica que, aunque los controles administrativos se habían simplificado, la ley mantenía obligaciones y filtros que no existe constancia de que fueran respetados.
Alguna de esas irregularidades, de carácter eminentemente formal, ha sido detectada en más del 90% de los expedientes fiscalizados.
Uno de los hallazgos más repetidos tiene que ver con el hecho de que «más de la mitad» se tramitaron antes de que existieran informes previos técnicos que «motivaran adecuadamente las necesidades que debían satisfacerse». Así se desprende de la fecha de las factura, de los encargos de pedido y de los albaranes.
Conflicto de intereses
El informe, elaborado por la empresa de auditoría financiera Netadia Europa, incide en que los contratos no fueron cribados para descartar la existencia de conflictos de intereses.
«Debería haberse dejado constancia de la aplicación de mecanismos o medidas para prevenir o detectar conflictos de intereses; sin embargo, no hay pista de auditoría -rastro documental- de dicha comprobación en ningún expediente».
Otro de los incumplimientos que señala es la falta de pruebas sobre la comprobación de que el material entregado era correcto. Se han identificado contratos de suministros, concluye, donde «no se dejó evidencia en el expediente de ningún acta de recepción que certifique la correcta realización».
Tampoco hubo «comprobación de que el material era conforme a lo pactado en el contrato» ni figura «firma alguna de responsables». Considera que este aspecto es «esencial» y debería estar certificado, ya que es la forma que el Govern tenía de conservar una «prueba fidedigna de las entregas de material sanitario».
El examen refleja igualmente que se incumplieron las medidas de publicidad y transparencia y que tres de esas compras (por 1,5 millones de euros) se ejecutaron «con precios destacablemente por encima de los intervalos normales de mercado».
Los ex responsables del Govern de Armengol y la propia expresidenta balear en sus comparecencias, motivadas por el contrato investigado, siempre han defendido la legalidad de su actuación, alegando que operaron en un contexto de colapso y de tensión global por la pandemia, en una carrera mundial desesperada por conseguir material sanitario.