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La Generalitat de Cataluña elimina su Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) tras la crisis abierta por los casos de abusos a menores y las irregularidades detectadas en la externalización de sus servicios por parte de la Sindicatura de Cuentas.
La consejera de Derechos Sociales e Inclusión, Mònica Martínez Bravo, ha presentado esta mañana los detalles de esta refundación para constituir una nueva área de acogida de menores y jóvenes ex tutelados, que ha reconocido que ha tenido que acelerar tras el caso conocido de la niña de 12 años que fue violada entre 2020 y 2021 mientras estaba bajo custodia de la Generalitat. "No es una reacción exprés, es fruto de meses de reflexión y trabajo, pero ante las últimas noticias lo hemos acelerado", ha explicado.
"Se trata de dejar atrás la DGAIA, refundarla y que sea más efectiva", ha dicho la consellera, que ha señalado "la prevención" como una de las principales deficiencias en su actual funcionamiento. "No se trata de una impugnación al trabajo hecho, sino de abrir una nueva etapa para lograr una protección más ágil y eficiente", ha añadido.
Martínez Bravo ha dicho que la DGAIA "no se ha redimensionado al ritmo necesario" para afrontar el gran crecimiento, durante la última década, de jóvenes atendidos, que se ha incrementado en un 70% hasta llegar a los actuales 8.900 tutelados.
La aparición de nuevas formas de abusos a través de redes sociales, un modelo muy centrado en la atención residencial (en lugar de facilitar la acogida familiar), sistemas tecnológicos obsoletos, falta de planificación estratégica y descoordinación con centros y territorios son los otros déficits enumerados por la titular del Departamento de Derechos Sociales e Inclusión.
La nueva Dirección General de Prevención y Protección de la Infancia y la Adolescencia (DGPPIA), que se creará mediante un decreto que el Govern aprobará la próxima semana, dispondrá, en 2027, de 300 nuevos profesionales. Asimismo, las prestaciones económicas a los jóvenes y la contratación de plazas con fundaciones y entidades del sector privado recaerán en otras direcciones generales de la consejería tras las irregularidades detectadas por la Sindicatura de Cuentas entre 2016 y 2020, según un informe presentado el pasado noviembre en el Parlament. El organismo fiscalizador autonómico presentará próximamente otro documento sobre ejercicios posteriores.
Por otra parte, la Oficina Antifraude de Cataluña investiga la denuncia bajo protección de un trabajador de la UTE Fundació Mercè Fontanilles-Fundació Resilis sobre mala praxis en las prestaciones sociales a los adolescentes gestionadas a través de entidades del tercer sector (sin ánimo de lucro).
Comparecencias en el Parlament
Varios ex responsables de la consejería y la DGAIA comparecerán, este miércoles, en la comisión de Derechos Sociales e Inclusión del Parlament para informar sobre la contratación pública y adjudicación del servicio de acogida entre 2016 y 2020.
Darán explicaciones ante la Cámara catalana el ex conseller Chakir El Homrani (ERC), los ex secretarios generales del Departamento Josep Ginesta y Oriol Amorós y los ex directores generales de la DGAIA Ricard Calvo y Ester Cabanes.