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Barcelona rompe las relaciones con Israel y su hermanamiento con Tel Aviv por "el genocidio" en Palestina. El Pleno del Ayuntamiento ha aprobado una declaración institucional con el voto del PSC del alcalde Jaume Collboni, Barcelona en Comú y Esquerra Republicana para "romper relaciones con el actual Gobierno de Israel hasta que se restablezca el respeto al Derecho Internacional y al Derecho Internacional humanitario, y se garantice el respeto a los derechos básicos del pueblo palestino". Junts se ha abstenido y los cuatro concejales del PP y los dos de Vox han sumado los únicos votos en contra.
El texto transaccionado por parte de socialistas y comunes insta, entre otros puntos, a que en los salones de Fira de Barcelona "no haya pabellones del Gobierno de Israel ni de empresas armamentísticas o de cualquier otro sector que se lucran del genocidio, ocupación, apartheid y colonización del pueblo palestino". Asimismo, reclama a la Autoridad Portuaria de Barcelona que "impida que los barcos involucrados en el tráfico de armas con Israel se detengan en el puerto de la ciudad".
El Consistorio barcelonés, por otra parte, apoya "la implementación de la solución de dos Estados y el reconocimiento de Palestina, por parte de la comunidad internacional, como Estado soberano miembro de la ONU".
No es la primera vez que el Ayuntamiento de la capital catalana suspende las relaciones con el Estado hebreo. En noviembre de 2023, a instancias de BComú [partido que aún lideraba la ex alcaldesa Ada Colau] y con el apoyo del PSC [ya con Collboni al frente del Gobierno municipal] y ERC, dio el mismo paso "hasta un alto el fuego definitivo en la Franja de Gaza".
La Embajada de Israel condenó "enérgicamente" la proposición aprobada en el Pleno municipal. "Es un nuevo episodio de la actitud antiisraelí del Ayuntamiento de Barcelona", expresó en su reacción la legación del Estado judío, que acusó al Consistorio de "beneficiar a Hamas y blanquear su barbarie".
Anulación judicial
Un año después, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 10 de Barcelona anuló aquella declaración institucional al considerar que varias afirmaciones del texto eran "contrarias a derecho". El tribunal precisó que los acuerdos del Ayuntamiento "no son una mera decisión inocua o simbólica" y que el texto validado emitía "un mensaje negativo, de alejamiento y hostilidad respecto a Israel". El auto judicial apuntaba que el Consistorio no tiene competencias para adoptar acuerdos sobre política internacional ni para modificar el régimen jurídico de la contratación pública.
Ya antes de ese episodio, en febrero de 2023 y a través de un decreto de Alcaldía, el Ayuntamiento de Barcelona que entonces gobernaba Colau [con el PSC como socio minoritario] comunicó la suspensión temporal de relaciones con el Estado de Israel y con todas sus instituciones, incluido el acuerdo de amistad y colaboración con Tel Aviv firmado en 1998.
Los socialistas, no obstante, se apartaron de la medida justificada por los comunes por "la violación sistemática de los derechos humanos contra la población palestina" y la calificaron de "gravísimo error". En una de sus primeras decisiones del mandato, Collboni recuperó en septiembre de aquel año el hermanamiento con la ciudad israelí, ahora nuevamente roto.
Reprobación a Collboni
Por otro lado, el Pleno del Consejo Municipal celebrado hoy ha reprobado al alcalde de Barcelona en el ecuador de su mandato, a raíz de una propuesta de Junts que se ha aprobado con el apoyo de BComú, PP y Vox (26 regidores de 41). Esquerra, único socio estable del Ejecutivo socialista, se ha abstenido.
Además, neoconvergentes y comunes habían acordado una enmienda para que Collboni convoque un Pleno extraordinario en 72 horas a fin de que "rinda cuentas y haga un balance real" de sus dos años en el poder. En caso contrario, buscarán otros mecanismos para forzar la comparecencia del regidor.
Pinturas murales de Sijena
En otro punto del orden del día, el Ayuntamiento ha aprobado una declaración de apoyo al Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) tras la reciente sentencia del Tribunal Supremo que obliga a devolver las pinturas murales de Sijena al Real Monasterio de la población aragonesa.
Con los votos de Junts, PSC, BComú y ERC, el Consistorio constata "la profesionalidad y el rigor con que el museo ha custodiado y preservado este patrimonio durante décadas" y expresa su "preocupación por el precedente que esta decisión judicial establece respecto a la gestión y conservación del patrimonio, así como por las implicaciones que puede tener para otras instituciones culturales de la ciudad".
Además, la corporación municipal insta a "priorizar los criterios técnicos y científicos de conservación por encima de cualquier otra consideración en la ejecución de la sentencia".