- CATALUÑA Salvador Illa asegura que el catalán será oficial en la UE: "La razón está de nuestra parte"
- Justicia El Supremo podrá llevar al TJUE la amnistía aunque la sentencia del TC anule la decisión de no librar a Puigdemont de la malversación
Un año después de la esperpéntica incursión de Carles Puigdemont en España para intentar boicotear sin éxito la investidura de Salvador Illa como president, el todavía prófugo mantiene la relación de mutua dependencia con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Los frutos obtenidos no son los esperados, empezando por que la Ley de Amnistía no ha permitido el libre regreso del líder de Junts desde la Bélgica en la que continúa fugado. Pero, por ahora, el plan del ex presidente de la Generalitat que impulsó el referéndum ilegal del 1-O pasa por seguir exprimiendo al agónico jefe del Ejecutivo para obtener los réditos políticos previstos, entre los que también se encuentran la oficialidad del catalán en Europa o el traspaso efectivo de las competencias de inmigración a la Generalitat de Cataluña, que fue pactado con el PSOE, pero que continúa embarrancado por la negativa de Podemos a respaldar la transferencia en el Congreso.
A subrayar que en ningún caso pretende Puigdemont prestar un apoyo generalizado a Sánchez, que implicaría respaldar los Presupuestos Generales de 2026; unas cuentas que el presidente del Gobierno se propone presentar para simular que la legislatura es viable aun sin tener asegurados los apoyos para aprobarlas.
«Ellos quieren votos. Y, si quieren votos, se negocia. Pero siempre por Cataluña. Si no es bueno para Cataluña, nosotros no votamos», alega uno de los más estrechos colaboradores de Puigdemont al ser preguntado sobre el estado de las relaciones entre Junts y el PSOE. ¿Y los Presupuestos? «De Presupuestos, nada», concluye sin contemplaciones para dar por muerta esa vía de eventual entendimiento.
A pesar de que el propio abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, acaba de tildar a Sánchez de «pato cojo, con el que nadie quiere tomarse ya fotos», por el evidente desgaste que ha generado en las filas socialistas el caso Koldo y el ingreso en prisión del que era el número tres del partido, Santos Cerdán, la formación neoconvergente continúa funcionando con la misma mecánica que al inicio de la legislatura. Por mucho que el hedor a corruptela se haya extendido por Ferraz, el presidente de Junts no prevé una ruptura con el PSOE. Ya la evitó en febrero, cuando decidió retirar la moción para impulsar una cuestión de confianza contra el presidente del Gobierno, al entender que necesita mantener a Sánchez con vida para seguir amasando concesiones para Cataluña y después poder promocionarse como una suerte de presidente de la Generalitat en la sombra que logra para la autonomía lo que no consigue Illa.
El sector más crítico de Junts presencia con cierta desesperación el panorama. «No se ha ejecutado la delegación de competencias en inmigración, no se han publicado las balanzas fiscales para calcular el déficit fiscal catalán, ni hay ningún avance en la resolución del conflicto político. Nada. Ni por avanzado, ni a plazos», lamentan dichas voces en conversación con este periódico, para después certificar que la relación de conveniencia entre Puigdemont y Sánchez continúa siendo sólida casi dos años después de que los siete votos de Junts permitieran al socialista mantenerse en La Moncloa a pesar de haber perdido las elecciones generales frente al popular Alberto Núñez Feijóo. «Los intereses que atan al núcleo duro de Waterloo con La Moncloa son demasiado fuertes para dejar caer a Sánchez», insisten las mismas fuentes.
La obsesión de Junts pasa ahora por dar con un interlocutor válido, que sustituya al encarcelado Cerdán, para seguir presionando a Sánchez a través de las reuniones clandestinas que celebra mensualmente con Junts en Suiza. Ese rol lo está ejerciendo de manera provisional el ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, pero tanto el secretario general de Junts, Jordi Turull, como su vicepresidenta, Míriam Nogueras, exigen un nuevo intermediario con peso orgánico en el PSOE y capaz de trasladar los acuerdos alcanzados a los ministerios para su posterior aplicación.
El primer objetivo de los herederos de Convergència es la aplicación de la amnistía a su líder, por mucho que aseguraran que no impulsaron la ley de borrado de los delitos del procés buscando «soluciones personales». Por ese motivo, Junts mantiene su presión sobre Sánchez para que continúe influyendo en las decisiones del Tribunal Constitucional (TC). No le basta a Puigdemont la sentencia favorable a la Ley de Amnistía que el tribunal de garantías emitió en junio, ahora busca que su presidente, Cándido Conde-Pumpido, maniobre para que el TC atienda la última petición del líder de Junts, que solicita suspender de forma cautelarísima la orden de detención que pesa sobre él para poder regresar a España sin ser detenido, a la espera de que se aborde su recurso y concluya si el delito de malversación del que se le acusa es o no amnistiable.
También figura entre los asuntos más apremiantes del líder nacionalista exigir al Gobierno que persevere en su coacción diplomática a los Estados miembros de la UE con el fin de que acaben aceptando que el catalán se convierta en un nuevo idioma oficial en las instituciones europeas, después de haber fracasado por segunda vez el pasado 18 de julio.
Más intrincada ve Junts la tramitación parlamentaria del traspaso «integral» de las competencias de inmigración a Cataluña, toda vez Sánchez cuenta con nula influencia sobre Podemos para convencerle de que respalde la proposición de ley que permitiría hacer efectivo su acuerdo con Puigdemont. Y las relaciones entre Junts y la formación morada pueden tildarse de nefastas. Hace dos semanas, el jefe de filas de Junts acusó a la secretaria general de Podemos de «supremacista» y «xenófoba» tras defender Ione Belarra la negativa de su partido a respaldar el traspaso competencial porque, con él, los Mossos podrían hacer «batidas racistas».
Junts atisba con pavor el crecimiento de la formación independentista xenófoba Aliança Catalana. Eso explica quehaya propuesto la prohibición del burka en los espacios públicos y promovido sin éxito una moción para reclamar el catalán para obtener el permiso de residencia.