Tras el rechazo en bloque de toda la cadena del medicamento, desde fabricantes de marca y genéricos, hasta distribuidores y farmacéuticos, pasando por la profesión médica, el Ministerio de Sanidad expuesto los motivos por qué el Anteproyecto de Ley de los medicamentos y productos sanitarios sí debe contar con su apoyo.
La semana pasada el Consejo de Ministros dio luz verde a un proyecto normativo que actualiza la regulación del uso racional de los fármacos y productos sanitarios que desde hace 35 años no se ponía en orden de forma amplia. No viene solo a poner al día la última década, sino las tres anteriores porque hasta el momento no se ha tocado la ley, sino se han hecho retoques a través de reales decretos.
Esta norma contiene, entre otras novedades, prescripción para enfermería y fisioterapia, acelerar los tiempos en las aprobaciones, incentivos para los productos que se fabriquen en España y Europa, evitar los problemas de suministro, impulso a los genéricos para dar mayor espacio a los innovadores, precios más asequibles y un ahorro a las arcas del Estados de hasta 1.300 millones de euros.
El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, y el director general de Cartera Común de Servicios del SNS y Farmacia, César Hernández, han ofrecido una rueda de prensa sobre el Anteproyecto de Ley de los medicamentos y productos sanitarios en el que han defendido el nuevo texto. "Viene a convertirse en un mecanismo para protegernos frente a los desabastecimientos y las practicas anticompetitivas en Europa", resumen.
"Todos los elementos de la ley están en la estrategia de la industria", ha sostenido Padilla. "Nos extraña la respuesta del sector dado que estamos ante un marco normativo que refleja las peticiones de años del sector, como el valor incremental, unos procesos de financiación rápida... Son elementos que han sido reclamados y que ahora mismo se refleja en la ley".
Un punto de fricción, muchos en común
En varios comunicados conjuntos, los afectados dejaron claro qué había detrás de su rechazo. La negativa se centra sobre todo en cómo asignar el precio y los fármacos que entran dentro de esos conjuntos de homogéneos o cestas. Estas reglas quedan definidas en el capítulo "De la prestación farmacéutica y la intervención de los precios de los medicamentos y productos sanitarios", que contiene los artículos del 105 al 125. El epígrafe de la discordia "es el 116", asegura Padilla, que opina que "resulta poco si hablamos si tenemos en cuenta que son 146 artículos y 22 disposiciones adicionales".
Padilla ha reconocido que ya trabajan con algunos de los actores de las reclamaciones "para trabaja de forma proactiva en esta fase de audiencia pública". Al tiempo, ha pedido a los farmacéuticos que "abandonen el catastrofismo" ya que la semana pasada en un comunicado llegaron a advertir del riesgo del cierre de oficinas de farmacia.
Desde el sector se asegura que esta norma podría generar incertidumbre, aunque Sanidad no lo entiende así. "Si la industria pide un marco predecible, hay que buscar esa predictibilidad pero que sea suficientemente competitiva", sostiene Hernández. "Hay que jugar con varios elementos, ampliamos de dos a seis meses. No es un marco continuo, sino que ofrece un tiempo razonable. Dos años [que es el tiempo que ha puesto sobre la mesa uno de los sectores de la industria] no daría el dinamismo que buscamos, y cómo será el rango de precio con el que vamos a trabajar".
El director general de Cartera Común de Servicios del SNS y Farmacia asegura que "el sistema de precios de seleccionado sin ser intervencionista, es competitivo y asegura que de manera natural se ajustan a la oferta. Es un mecanismo de equilibrio del sistema". Aquí, es tajante que no se ha diseñado un sistema que atraiga productores de fuera, porque "es importante que haya productores de proximidad", subraya Hernández para poner sobre la mesa los incentivos a "la producción local y regional", añade Padilla que es lo que también se pide en Europa.
También se ha hecho hincapié en que no se va a fomentar que haya productores "reventadores del mercado", la horquilla de la selección de precios no lo va a permitir, han insistido. Y "tampoco las subastas", ha dicho tajante Padilla. "No tiene los elementos. No podemos meter en marcos pasados, realidades presentes". Los precios seleccionados es una acción destinada una partida presupuestaria para subir los precios de los más bajos, ha manifestado Hernández.
En este sentido, ambos portavoces del ministerio han apuntado a la partida de 150 millones de euros para "subir los precios de los medicamentos más baratos que se encuentran en una situación crítica". Esto significa que hay un o dos productores en el sector y cuyo precio casi roza en inferior a los costes e producción. "Pero esto sucede fuera del momento del marco competitivo del que hablamos", ha precisado Hernández, "esto es en una fase avanzada en la que se pierde interés en él por distintos motivos".
Otro de los puntos de fricción, pero esta vez con otro sector profesional, los médicos, es la ampliación de la prescripción a Enfermería y Fisioterapia. "Lo único que hace la norma es reconocer una situación habitual con este colectivo", sostiene Padilla. El secretario de Estado pone como ejemplo situaciones habituales en las que las enfermeras actúan: "Administran una vacuna y recomiendan un antitérmico, por lo que podrían prescribirlo. Nadie cuestiona que lo haga otros profesionales con el mismo grado que ellas, como podólogos y odontólogos". Aquí Padilla deja claro que habrá un real decreto que regule la prescripción en su ámbito de actuación y le dé un marco legal que lo sostenga.
¿Qué rechazaron los responsables de la cadena del medicamento?
Las patronales y los colectivos que tengan alegaciones tienen hasta el 30 de abril para transmitirlas a Sanidad. Hasta entonces la ley contempla que se lleven a cabo los trámites de audiencia e información pública. Estos tienen por objeto recabar la opinión de los ciudadanos titulares de derechos e intereses legítimos afectados por un proyecto normativo ya redactado, directamente o a través de las organizaciones o asociaciones que los representen, así como obtener cuantas aportaciones adicionales puedan realizar otras personas o entidades.
- Las oficinas de farmacia:
A los farmacéuticos de las farmacias se les trasladaría la misma incertidumbre que al resto de agentes de la cadena por la falta de información clara y las significativas fluctuaciones de precios.
La implantación de los precios seleccionados reduciría la adherencia a los tratamientos e incrementaría el riesgo de errores de los pacientes y problemas asociados al uso de los medicamentos, al modificarse con frecuencia el fármaco dispensado.
Al limitar los fármacos seleccionados, se reducirían drásticamente las opciones y la disponibilidad de medicamentos en la farmacia, y generaría problemas de suministro que dificultarían la continuidad de los tratamientos. Tendrían también un importante impacto sobre la red de oficinas de farmacia y el empleo asociado a ellas, en especial en los entornos más vulnerables, dejando numerosas localidades y barrios sin farmacia, sin sus profesionales y sin acceso al medicamento.
- La cadena de suministro:
El modelo agravaría los problemas de desabastecimiento actuales en un mercado ya muy tensionado en España y en Europa, al disminuir el número de laboratorios ofertantes, impactando en toda la cadena del medicamento.
La gestión de los precios seleccionados impactaría de forma muy negativa en los mayoristas. La incertidumbre derivada de las revisiones constantes de precio dificultaría las previsiones de demanda y las estimaciones de los niveles adecuados de stock de los medicamentos generando disrupciones en la cadena y poniendo en riesgo la disponibilidad de estos medicamentos.
Desincentivaría la comercialización en España de medicamentos con suministro limitado en favor de países de la UE con precios más altos, fomentando al mismo tiempo las exportaciones paralelas, circunstancias que provocarían problemas adicionales de suministro.
Favorecería a fabricantes que ofrezcan precios más bajos, posiblemente en detrimento de otros aspectos del suministro. Esta situación podría derivar en una mayor dependencia de proveedores externos (fuera de la UE), comprometiendo la autonomía estratégica nacional en el ámbito farmacéutico.
Desincentivaría el desarrollo y posterior lanzamiento de nuevos medicamentos genéricos y biosimilares, pues España se convertiría en un país oportunista con alta incertidumbre en los volúmenes de comercialización a precios muy bajos.
- La industria fabricante de medicamentos:
Un modelo poco predecible y volátil como el planteado en el APL generaría un nuevo escenario de inestabilidad e incertidumbre económica para las compañías, con el consecuente impacto negativo sobre las decisiones de inversión y crecimiento en España.
La primacía del precio sobre cualquier otra consideración daría ventaja a operadores de oportunidad que no tienen capacidad ni voluntad de suministrar de forma estable el mercado a largo plazo. Por ello, el modelo propuesto pondría en peligro el tejido productivo en España, que cuenta con 106 plantas de producción de medicamentos de uso humano, muchas de ellas de pymes.
Esta regulación sería un obstáculo significativo para la resiliencia de la cadena de suministro y la autonomía estratégica del país. Optar por los productos más baratos generaría ahorros públicos a corto plazo, pero la destrucción de tejido productivo mermaría la capacidad de crecimiento económico en forma de actividad productiva y empleo cualificado.
Con este nuevo sistema, que de forma impredecible sitúa a los productos de forma cambiante cada seis meses en tres grupos distintos, resultaría imposible planificar la producción y diversificar los proveedores para mejorar la resiliencia de la cadena de suministro, lo que impediría funcionar a pleno rendimiento, con la consiguiente pérdida de empleo.
Sin plantas o con las plantas mermadas en su capacidad se hundirían las exportaciones españolas de medicamentos, que superaron los 21.000 millones de euros en 2023 (quinto producto nacional más exportado), y aumentarían las importaciones extracomunitarias, con el consiguiente deterioro de la balanza comercial.
Y todo ello impacta en un contexto internacional muy tenso para la industria farmacéutica: la inflación derivada de la guerra de Ucrania, que supuso más de 1.500 millones de euros de sobrecoste en solo dos años; la incertidumbre creada por la revisión de la legislación farmacéutica europea y las nuevas regulaciones medioambientales; la inestabilidad derivada de la imposición de aranceles por EEUU que, aunque de momento deja fuera a los medicamentos, repercutirá en las cadenas globales de producción.