Al PP no le saldrá gratis el apoyo de Vox a la investidura de Juanfran Pérez Llorca como presidente de la Generalitat en sustitución de Carlos Mazón. Este es el mensaje que quiere lanzar el partido de Santiago Abascal que, en plena negociación con los populares, ha planteado enmiendas al proyecto de ley de la Generalitat para la mejora de la renta valenciana de inclusión en las que recupera, por ejemplo, el veto al burka o el nicab.
El movimiento de Vox es significativo porque apunta a la renta valenciana de inclusión -la prestación más importante de la política social de la Generalitat- y al departamento de la vicepresidenta y consejera de Igualdad, Susana Camarero, cuyas políticas han estado siempre en la diana de los de Abascal. En este sentido, Vox plantea que "quienes denigren a la mujer o a la infancia no deben recibir ayudas públicas".
Para ello, Vox plantea vincular la renta valenciana de inclusión a un "plan de inclusión" que, según recoge una de las enmiendas, deberá garantizar "el aprendizaje del idioma, la alfabetización, la plena participación cultural y convivencial atendiendo a la costumbre del país, así como el acceso al empleo y la renuncia a cualquier práctica que atente contra la dignidad e integridad de la infancia y las mujeres".
Según han confirmado fuentes de Vox, el objetivo es vincular el cobro de la prestación pública con "el compromiso de respetar las costumbres y valores de la sociedad española". Estas medidas, insisten, se alinean con la Proposición de Ley de Protección de la Dignidad de las Mujeres y la Seguridad Ciudadana en el Espacio Público, presentada por el partido en el Congreso, que propone la prohibición del burka y el nicab".
De hecho, Vox ya intentó mediante las propuestas de resolución presentadas en las Cortes Valencianas, tras el Debate de Política General que protagonizó Mazón en septiembre introducir el debate sobre la prohibición, abrir el debate sobre la prohibición del velo islámico. Lo hizo con el argumento de que este y "otro atuendo o vestimenta islámica atentan contra los derechos fundamentales de las mujeres y son incompatibles con nuestra identidad, cultura, usos, modos y costumbres". Se pedía, por tanto, su prohibición en cualquier espacio público.
Sin embargo, las fuentes consultadas consideran que este planteamiento queda fuera de la legalidad. No sólo porque la libertad religiosa está amparada por una ley orgánica, sino porque la propia Constitución Española garantiza "la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades". "Sin más limitación", añade el artículo 16, "que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley".
Fuentes del departamento de Camarero sostienen en todo caso que la reforma de la renta valenciana de inclusión contaba con el apoyo prácticamente unánime de las entidades sociales, porque introducía, por ejemplo, la novedad de poder compatibilizar la prestación con un trabajo.