El Gobierno de España ha aprobado una nueva orden que amplía y flexibiliza las ayudas concedidas a los municipios afectados por la dana con el objetivo de permitir a las entidades locales no solo reparar los daños sufridos en sus infraestructuras, sino también mejorar, ampliar y adaptarlas para proteger a la ciudadanía frente a nuevas inundaciones.
El Ejecutivo de Pedro Sánchez aprobó en noviembre de 2024 ayudas por valor de 1.745 millones de euros, abonados por anticipado, a 78 entidades locales —77 ayuntamientos y la Diputación Provincial de Valencia— para financiar la reparación y reconstrucción de infraestructuras y servicios dañados por la dana. Sin embargo, su alcance era limitado, porque solo permitía reconstruir los equipamientos ya existentes.
Con esta modificación, el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática flexibiliza las ayudas ya concedidas para que se pueda invertir en obras protectoras ante posibles nuevas inundaciones para conseguir "infraestructuras más seguras, resilientes y preparadas frente a los efectos del cambio climático", reza la orden ministerial.
Además, responde al deseo de los consistorios no solo de crear infraestructuras, sino de, por ejemplo, adquirir suelo y viviendas en zonas de riesgo que puedan emplearse después en actuaciones preventivas como, por ejemplo, pueden ser los parques inundables que pretende impulsar la Generalitat.
Hay una segunda flexibilización de vital importancia para los ayuntamientos: podrán destinar parte de esos fondos a financiar la asistencia técnica que facilite la gestión, el seguimiento y la correcta justificación de los proyectos. La mayoría de los municipios no han tenido capacidad técnica ni burocrática para gestionar un volumen de inversión que, en la mayoría de ocasiones, podría triplicar su presupuesto anual. Eso ha provocado un colapso que, con esta modificación se puede aliviar.
La orden refuerza además la coordinación institucional al atribuir al Comisionado especial para la reconstrucción las funciones de gestión, seguimiento y control de estas subvenciones, que hasta ahora desempeñaba la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local.