«Grinda lo tiene que pagar», afirmó con inusual vehemencia una entonces desconocida Leire Díez en un despacho al que habían sido convocados varios representantes de uno de los partidos asociados con Pedro Sánchez para sustentarle en la presidencia. Era octubre de 2024 y quedaban varios meses todavía para que la destacada militante socialista saltase al estrellato como la protagonista de una grabación, con otros interlocutores, en la que no sólo perseguía destruir al veterano fiscal anticorrupción, sino que buscaba trapos sucios del jefe de la UCO, Antonio Balas, el responsable de la unidad de la Guardia Civil que investiga la presunta corrupción en el PSOE y en los aledaños de la presidencia del Gobierno, haciéndose pasar por improbable periodista de investigación.
Con ese «Grinda lo tiene que pagar», la que fuera directiva colocada a dedo en Correos por el entonces número 3 del PSOE, Santos Cerdán, se ponía casi a la altura de los presuntos mafiosos rusos más prominentes habidos en España y a la altura de las intenciones de María Dolores Cospedal, la que fuera secretaria general del PP hasta hace siete años, quien, en conversación con el corrupto y peligroso comisario Villarejo, exclamó un «a Grinda hay que matarlo» que ha puesto un colofón sórdido a su pasada carrera política.
El muy vivo fiscal José Grinda es uno de los miembros del Ministerio Público más asesinados del panorama judicial, al margen de los que fueran amenazados e incluso asesinados realmente por ETA. Hasta tres veces, que se sepa, mafiosos profesionales han dado orden o han mostrado su intención matarlo físicamente. También ha habido intentos de acabar con su carrera y de provocar su muerte social. Considerado por algunos de sus compañeros como un fiscal que "camina por el filo de la navaja", el repaso de la trayectoria de las amenazas que ha recibido deja en evidencia muchas de las costuras del Estado de Derecho e incluso implica un descenso a las cloacas de varios colores políticos, pero también deja claro que, por el momento, los cadáveres que han acabado flotando en aguas turbulentas son los de otros, porque así es el destino o porque hay funcionarios en todas las instituciones, todavía, con una pulsión de resistencia.
La primera vez que José Grinda recibió un toque de la mafia rusa, la bala, para él y para su familia, iba percutida, según él mismo denunció, por Ilia Traber, «jefe de la organización criminal Tambovskaya», que había elegido España para desarrollar las actividades que iniciara en su Rusia natal. Socio de la petrolera rusa PTK, tan bien relacionado con el presidente ruso que sus andanzas ocupan un capítulo completo del libro Los hombres de Putin de Catherine Belton sobre cómo la KGB se hizo con el poder para, entre otras cosas, usarlo contra Europa, su grupo fue investigado hasta que, en 2008, la Operación Troika hizo saltar por los aires sus estructuras. La contrariedad de los miembros de Tambovskaya fue tan evidente que la entonces Fiscal General, Consuelo Madrigal, tuvo que dirigirse varias veces al ministerio del Interior de Jorge Fernández Díaz solicitando protección para el fiscal. "En relación con los riesgos personales que pueden afectar al señor fiscal... que puse en conocimiento de usted hace tiempo, en razón (sic) de amenazas directas contra miembros de su familia entre los que se encuentran menores de edad, ruego se me facilite información sobre las medidas que se consideran oportunas para prevenir o minimizar... los riesgos", escribió inútilmente Mariscal.
VILLAREJO
Con quien Madrigal se puso en contacto fue con el secretario de Estado, Francisco Martínez, detenido recientemente por su presunta participación en un delito de blanqueo. No hizo nada. Martínez estaba entonces vinculado laboralmente al comisario Villarejo —y no sólo por la policía patriótica contra el independentismo catalán—, quien, a su vez, se la tenía guardada al fiscal Grinda.
Dos años después, en 2018, la intimidación seguía pendiente e Interior seguía negándose a valorar la amenaza contra el funcionario. «Se mantiene entrevista con un colaborador al objeto de obtener informaciones sobre la posible implicación de personas de origen ruso en el proceso independentista», viene en un informe de la Guardia Civil tras la proclamación ilegal de independencia realizada por Puigdemont; «el colaborador dice tener informaciones de que Ilia Traber quiere matar al fiscal que está dirigiendo la acusación. El colaborador pone en riesgo su vida y se condena de por vida a no poder visitar Rusia nunca más. Por tales motivos sería conveniente tener en consideración tal información». Pero nada ocurrió. Los funcionarios que realizaron la valoración de riesgos, analizaron otro tipo de cosas y de nada sirvió que Fiscalía protestase.
Un tiempo después, Kakhaber Shushanashivili, el considerado líder de la mafia georgiana, tomó buena nota tras ser arrestado. Unos audios compartidos por las policías española y francesa en un encuentro en Berlín mostrarían cómo daba órdenes desde una prisión gala para que Grinda, que había participado en la Operación Java contra su organización y había declarado en Francia como testigo contra él, fuera asesinado.
Los motivos por los que Villarejo le cogió ojeriza a Grinda no están del todo claros porque no hay causa contra él en la que el fiscal haya intervenido. De igual modo que no está claro de dónde nace la animadversión por parte de Cospedal, «más allá de que su exmarido tenía relación laboral con el excomisario y compartían intereses», señalan las fuentes consultadas. Quizás, la ojeriza de él se inició con el caso Emperador cuando el hijo del comisario corrupto salió mencionado por la conversación que mantuvo con el comisario Salamanca, uno de los investigados (junto con otros 28 agentes) por su relación con el empresario chino Gao Pin. «Quizás, cuando Grinda junto al mayor Trapero hurgaron en los prostíbulos de Barcelona y encontraron asuntos turbios vinculados con el policía corrupto», añaden. El hecho es que Villarejo y el ruso Traber acabaron compartiendo abogado, Ernesto Díaz Bastién, y el mafioso acabó obteniendo un dossier elaborado por Villarejo para desacreditar al fiscal, de contenido íntimo, que fue descartado en dos ocasiones por la Justicia, pero cuya pretensión, que era la muerte civil del funcionario, ha sido recogida y explotada por el grupo de Leire Díez.
LOS MIMBRES DE LAS AMENAZAS SOCIALISTAS
Al menos tres veces, desde el Gobierno del PP se quiso desactivar a Grinda y hasta un fiscal anticorrupción, Manuel Moix, fue nombrado con el objetivo, entre otros, de quitarlo de en medio. «Está muerto», se jactaba Villarejo, tras el nombramiento de Moix, en una conversación en la que acreditaba que él había sido contratado por los Cierco, los dueños de la Banca Privada de Andorra, para apartar a Grinda de las investigaciones. Ocurrió sin embargo que Moix tuvo que dimitir a los 72 días porque se le ocurrió presentarse en un juicio que se mantenía contra un familiar suyo acusado de tener una compañía off shore en Panamá y uno de los empresarios perjudicados le señaló como poseedor del 25% de esa compañía.
En cualquier caso, los mimbres de las amenazas socialistas que después se sucederían ya estaban tejidos. Y se sustancian a grandes rasgos en una reunión que Grinda mantuvo en el Mercado Barceló de Madrid con un periodista que creía su amigo y que llegó con un chantaje bajo el brazo. Pere Rusiñol, director de la revista Mongolia,dio al fiscal un papel doblado y se mantuvo a distancia. «¿Qué es esto? ¿quién te lo ha dado?», vino a preguntar Grinda. «No te lo puedo decir», vino a contestar Rusiñol. Al fiscal no le hizo falta elucubrar porque en el papel se le hacía una oferta de destino en el extranjero con dos opciones (pocos sabían que anhelaba incorporarse a un proyecto en Bolivia) siempre que se olvidase de sus investigaciones sobre el cobro de las comisiones del 3% por parte de CiU, la banca de los Cierco, Duro Felguera y sobre la empresa ZED, de Javier Pérez Dolset, el acompañante de Leire, y siempre que entregase información que pudiese perjudicar al jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón.
Rusiñol se había reunido antes, según las fuentes consultadas, con varios miembros de la comisión, un grupo de personas —alguna de las cuales reconoce haber invertido cinco millones de euros en su empeño— que abonan la teoría de la conspiración por parte de jueces, periodistas y UCO y que confluyen en esto con la estrategia de huida hacia adelante, cuestionando a las instituciones para tapar sus problemas judiciales, mostrados por el Ejecutivo. Estaban Sandro Rosell, el que fuera presidente del FC Barcelona que tuvo que ser indemnizado tras pasar casi dos años en prisión preventiva antes de ser absuelto; Dolset y estaba Leire Díez... De hecho, Rusiñol se la nombra al fiscal como quien da validez a todo.
Mujer con las puertas abiertas de Ferraz, tanto que hasta Sandro Rosell tuvo una reunión en la sede con dirigentes del PSOE gracias a ella. Presente en reuniones en la sede socialista en las que se trataban temas comprometedores y delicados vetados incluso a la mayor parte de los dirigentes e la formación. Fue el ex número tres del PSOE, Santos Cerdán, quien le facilitó sus cargos en las empresas públicas ENUSA y quien forzó la salida del jefe de Innovación de Correos durante 10 años para hacerle hueco como directora. Durante casi dos años, ella habría compartido ese último cargo con su papel de recabar información contra quienes incomodaban al Gobierno.
"SALTA DE AHÍ"
«Salta de ahí», le vino a decir Grinda al director de la revista Mongolia tras preguntarle si tenía algún interés crematístico al hacerle llegar aquel papel. «Yo no soy como...», vino a responder, según las fuentes consultadas, el ofendido director, refiriéndose a una periodista a la que los Cierco aseguran haber pagado 300.000 euros a cambio de información que, dicen, nunca recibieron. Un informe del Sepblac en poder de Anticorrupción habría corroborado estos movimientos. «Esperan respuesta», insistió Rusiñol. La única respuesta fue una denuncia tras el encuentro.
El elemento percutor de la llamada comisión sería el empresario Pérez Dolset, que ha venido recopilando desde hace años información comprometedora. Entre esa documentación que fue entregada por el propio Dolset y por Leire Díez a Santos Cerdán en diversas ocasiones y también el día en el que ésta se dio de baja forzada y no definitiva del PSOE - el partido presentó una numantina resistencia a echarla de forma fulminante-, habría una carpeta con el nombre del juez Juan Carlos Peinado, que instruye la causa contra la esposa del presidente Sánchez, Begoña Gómez, y conversaciones con todos los jueces y fiscales de la Audiencia Nacional. Incluso con el juez Marchena, el juez del Supremo que sentenció el procés.
Pérez Dolset asegura que Grinda se la jugó a él cuando fue a denunciar a sus socios y, tras la declaración de uno de ellos en dependencias policiales, se admitieron referencias falsas de cuentas inexistentes en bancos de Panamá y él acabó como investigado. Pero el inminente escrito de acusación de la Fiscalía no tiene que ver con eso. No incluye cuentas en Panamá, aunque han sido buscadas. Indica que nadie sabe dónde metió Pérez Dolset, presuntamente, ese dinero y que se trata de un presunto blanqueo millonario que va a ser juzgado próximamente.
CUANDO CERDÁN DESCONFIÓ...
Dolset y Leire configuraron un tándem salvaje. Leire, para satisfacer a Pérez Dolset, se reunió por una parte con Gonzalo Boyé, el abogado de Puigdemont, espoleándole para que le pusiese una denuncia. Y siguió proporcionando información a Cerdán. Primero, según se ha escrito, con la promesa de Dolset de poder probar que la causa de los ERE había sido un montaje y luego aportando otras informaciones que eran extraídas de modos tan expeditivos como la conversación que mantiene con el empresario López Tapias en la que prometía cosas que sólo alguien bien contactado con el poder, puede cumplir: «Yo te puedo sentar con la Fiscalía», a cambio de datos contra Balas, y contra Grinda, el precio a pagar por el PSOE a Dolset, motivo por el cual en la comisión que investiga el alcance de la policía patriótica del PP, el nombre del fiscal, que sólo ha abordado las investigaciones sobre las comisiones del 3% de CiU, los negocios de Oleguer Pujol, y la gestión irregular de Puigdemont cuando era alcalde, es mencionado con frecuencia por los socialistas.
Fuentes consultadas por Crónica señalan que hubo un momento en el que Santos Cerdán desconfió de la eficacia de las informaciones que Leire obtenía para uso del partido, pero que otros miembros del PSOE, alguno en el Gobierno, optaron por seguir sacándo rédito a estas prácticas mafiosas para seguir aventando la teoría de la conspiración. Un detalle más delataría, si hiciera falta, el interés concurrente del PSOE y la comisión Leire: el hecho de que el mensajero Rusiñol pidiese datos contra el jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón. «No se le perdona a Luzón que aceptase el pacto con Aldama, que todo lo hizo estallar», señalan fuentes socialistas. Entre las carpetas entregadas al PSOE por Leire habría una clasificada como AAA Luzón. Y, sin embargo, ni Luzón ni Grinda. A medida que pasa el tiempo, empezando por Santos Cerdán, los cadáveres son otros.