El principal partido opositor en Turquía, el socialdemócrata CHP, ha formulado una insólita estrategia para una situación sin precedentes: está dispuesta a cambiar su sede en Estambul a diario durante dos semanas, en un intento de jugar al gato y al ratón con las autoridades después de que un tribunal destituyó a la cúpula provincial del partido, designando a un interventor. La formación, que ganó las elecciones locales en la mayoría de grandes ciudades, arrebatando importantes ayuntamientos al partido del presidente Recep Tayyip Erdogan, enfrenta una serie de juicios que achacan a un intento del gobierno de debilitar a la oposición.
A principios de septiembre, centenares de agentes de la policía antidisturbios fueron desplegados en la sede del partido en Estambul para garantizar la entrada del interventor, Gürsel Tekin, dispuesto a dirigir a la formación mientras se desarrolla el juicio del líder destituido, Özgür Çelik, acusado de haber comprado votos para acceder a su cargo. El despliegue policial provocó momentos de gran tensión en la sede, cuando Tekin fue escoltado para acceder al edificio. Las fuerzas de seguridad lanzaron gases lacrimógenos contra centenares de manifestantes que se habían agolpado para protestar contra una decisión judicial que, creen, se trata de un intento de Erdogan de debilitar al CHP, partido con más intención de voto en las encuestas. Diputados socialdemócratas apilaron mesas y sillas en la entrada de las oficinas, en una suerte de barricada que no impidió una dura intervención policial, en la que manifestantes y legisladores resultaron heridos. «Lo que me hicieron hoy, se lo harán mañana a toda la oposición, a todos nosotros. Todos debemos alzar la voz por el Estado de derecho, el honor en la democracia y la voluntad ciudadana», señala a Crónica el diputado Mahmut Tanal, que resultó herido en un ojo.
500 MIEMBROS DEL PARTIDO, DETENIDOS
Este se trata del último episodio de una serie de detenciones, juicios y traiciones internas que sufre el partido desde que ganó las elecciones locales de 2024, una situación que se aceleró en marzo, con el encarcelamiento del principal contrincante de Erdogan, el alcalde de Estambul, Ekrem Imamoglu. Más de 500 miembros del partido —en su mayoría alcaldes, concejales y asesores— han sido detenidos en las últimas semanas, de los cuáles un centenar permanecen en prisión, acusados de corrupción, terrorismo y hasta insultos a funcionarios públicos. El ministerio de Justicia insiste en que las decisiones judiciales son independientes. «A pesar de que la acusación demuestra claramente que no obtuvo ningún beneficio personal, algunos detenidos llevan en prisión preventiva desde hace dos meses. Asuntos que no serían relevantes en un caso penal, se están discutiendo ahora. Es una muestra más de cómo los gobiernos populistas ejercen poder», señala la abogada de un encausado.
Las causas judiciales se le acumulan al CHP y solo este mes de septiembre se enfrenta a catorce audiencias entre corrupción, malversación e incluso una posible anulación de los resultados de la convención del partido de 2023, que suspenderían el liderazgo del partido, capitaneado por Özgür Özel. «El Gobierno dio un golpe de Estado contra el futuro partido gobernante», declaró Özel en una reciente entrevista con el Financial Times, en alusión a la intervención judicial en Estambul. «Intentan apoderarse del partido que ganó las últimas elecciones, que fue el partido fundador de la república turca y que lidera todas las encuestas. Nos enfrentamos a un gobierno autoritario y la única opción es resistir», aseguró.
Durante la última década decenas de ayuntamientos han sido intervenidos y se ha asignado fideicomisarios al frente, aunque esta medida afectó principalmente a la izquierda prokurda, acusada de vínculos terroristas con el grupo armado PKK. Ahora en cambio, la intervención en alcaldías del CHP hace sospechar a los expertos que podría tratarse del «fin del multipartidismo», en palabras de Çaglar Çaglayan, abogado de la formación. «Lo que estamos presenciando es un cambio de régimen. Turquía está transicionando, antes era un régimen autoritario competitivo, pero ya no», describe Berk Esen, analista político. «Cuando la dirección del CHP decidió apoyar a Imamoglu, movilizó a las bases y a miles de ciudadanos para protestar contra el golpe judicial en su contra, el Gobierno decidió atacar a la cúpula del CHP en su conjunto», añade.
Al acoso judicial se le unen luchas internas del partido. El interventor designado para la provincia de Estambul, Gürsel Tekin, es un expresidente provincial del partido que presentó su renuncia el año pasado, pero no llegó a formalizar su salida de la formación. Tekin ahora se enfrenta a la expulsión del CHP «por acciones que socavan la disciplina del partido». Él defiende su cargo y declaró que no se considera un interventor. Detrás de él, otras voces del CHP callan. El exlíder de la formación, Kemal Kiliçdaroglu, que no ganó una sola convocatoria en las urnas desde que asumió el frente del partido en 2010, podría regresar al mando si se destituye al actual líder. A ello se le unen dos alcaldes tránsfugas —el último esta misma semana en Estambul— que han renunciado a su acta de partido, para unirse a la formación de Erdogan, el gobernante AKP. Por su parte, medios progobierno y el mismo presidente, juegan a achacar los casos judiciales del CHP a luchas internas del partido. «No permitiremos que la acalorada lucha de poder entre los antiguos y los nuevos miembros del principal partido opositor perjudique los logros del país», aseguró este mes Erdogan. «Nadie en Turquía está fuera del alcance de la ley. Criticar las decisiones judiciales es una cosa, e ignorarlas es otra. Desconocer las decisiones judiciales es un flagrante desafío al Estado de Derecho. Esto no se tolerará», advirtió.
Mientras, el CHP ha convocado un congreso extraordinario en Estambul el 24 de septiembre, para elegir a una nueva cúpula provincial. «Tenemos que seguir en la calle hasta que pare esta oleada de detenciones. Primero cancelaron el título universitario de Imamoglu (alcalde de Estambul), luego lo encarcelaron y ahora esto. Tenemos que parar el país», señala un joven que acudió a defender la sede del partido.