El Gobierno ultima un escudo económico para proteger a las empresas y trabajadores afectados por la DANA. Según ha podido saber EL MUNDO, varios ministerios están trabajando de manera conjunta en un paquete de medidas que quieren llevar al Consejo de Ministros mañana mismo para que entren en vigor de manera urgente. Los departamentos de Trabajo y Seguridad Social lideran esta iniciativa que la propia vicepresidenta Yolanda Díaz está negociando contrarreloj este mismo lunes con empresarios y sindicatos valencianos, los más afectados por la tragedia humana y material.
Los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) volverán a ser la estrella del paracaídas laboral. El área económica del Gobierno vuelve al modo pandémico y desempolva algunas de las medidas puestas en marcha para proteger al tejido productivo durante la crisis del Covid, como estos mecanismos de suspensión temporal del empleo que llegaron a salvar millones de puestos de trabajo hace cuatro años y que habilitó la reforma laboral de manera permanente.
Sin embargo, ante la gravedad de los efectos causados por la DANA en los negocios, el Ejecutivo va a incorporar algunas mejoras para facilitar el acceso de las empresas a estos instrumentos y garantizar la protección de los trabajadores. En concreto, en el caso del ERTE por fuerza mayor, que es la figura a la que tendrán que recurrir las empresas en las próximas semanas y meses, hasta que puedan reanudar la actividad normal, se habilitará una exención del 100% en las cotizaciones sociales, elevando las ayudas desde el 90% que fija la ley en la actualidad, tal y como adelantan fuentes de la Seguridad Social.
Estas ayudas, como viene imponiendo el Gobierno desde hace más de cuatro años, llevarán aparejadas algunas condiciones, como la obligación de mantener el empleo. Es decir, Yolanda Díaz reeditará el 'prohibido despedir' impuesto para otras subvenciones como los ERTE pandémicos o las ayudas facilitadas para hacer frente a la crisis energética.
"Reeditaremos la prohibición de despido que estuvo vigente durante la pandemia", adelantan fuentes del Ministerio de Trabajo que confirman así que no se eximirá a las empresas del compromiso de mantenimiento del empleo durante seis meses desde la finalización del ERTE. "No se dan fondos públicos para despedir, sino para mantener el empleo", insisten con contundencia.
Al margen de los mecanismos de suspensión y reducción de la jornada laboral, desde el departamento que pilota Yolanda Díaz recuerdan que el teletrabajo es prioritario y que los trabajadores que tengan dificultades para asistir a su puesto, bien por razones de seguridad o por atender a tareas de búsqueda o fallecimiento de familiares no están obligados a ir a trabajar y se prohibirá el despido dado el caso, es decir, será considerada causa para su consideración judicial como improcedente.
Los autónomos también tendrán acceso al cese de actividad sin necesidad de acumular periodo de carencia, es decir, sin que se les exija el mínimo para tener derecho a la prestación, que normalmente es de doce meses. Como en el caso de los ERTE, la cuantía de la prestación asciende al 70% de la base reguladora. Además, los días de prestación consumidos no se computarán de cara a situaciones futuras (contador a cero) y este periodo se les computará como cotizado.
Estas medidas tendrán carácter retroactivo para que sus efectos surtan desde la suspensión de la actividad por la irrupción de la DANA, según confirman fuentes gubernamentales que matizan que, en todo caso, los ministerios económicos, incluido Hacienda, están trabajando intensamente en el desarrollo de la letra pequeña del paquete laboral, en paralelo a las negociaciones que mantiene abiertas Yolanda Díaz con los agentes sociales en la Comunidad Valenciana y también a nivel nacional.
Aplazamiento del pago de la Renta
Fuentes al tanto de las conversaciones revelan que se está negociando también el aplazamiento del pago de impuestos y cotizaciones sin intereses, que demanda especialmente el colectivo de autónomos, así como la suspensión del segundo pago del IRPF de 2023, que se tiene que efectuar mañana mismo. Y adicionalmente, los afectados están pidiendo al Gobierno ayudas directas para reconstruir sus negocios y que se habilite una línea de créditos ICO en condiciones ventajosas de devolución y a interés reducido.
Precisamente, el Ministerio de Hacienda acaba de anunciar que el Consejo de Ministros aprobará mañana el aplazamiento del abono correspondiente a la Renta 2023 "para aliviar la situación de los afectados por el grave temporal". Según los cálculos de la Agencia Tributaria, la medida afectará a 200.000 contribuyentes a los que la declaración les salió a pagar y optaron por abonar sus obligaciones en dos pagos, el segundo de los cuales se efectuaba este 5 de noviembre. La AEAT ya ha trasladado a la banca que no cobre mañana las cantidades vinculadas al IRPF a quienes optaron por domiciliar el pago correspondiente. "En el caso de que se efectúe el cobro, se devolverá de manera inmediata", afirma Hacienda.
Los autónomos representados por ATA a nivel nacional están reclamando también que las ayudas de extiendan a profesionales que, aun no teniendo actividad en la Comunidad Valenciana, se hayan podido ver afectados por las consecuencias de la DANA en la región, como transportistas o comerciales que hayan perdido su vehículo o herramienta de trabajo. Algo que ha confirmado Yolanda Díaz al término de la reunión con los agentes sociales en Valencia.