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La factura de las pensiones crece sin cesar. Este mes de marzo ha vuelto a batir todos los récords y la nómina roza ya los 13.500 millones de euros, un 50% más que cuando Pedro Sánchez llegó a La Moncloa. Por aquel entonces, en junio de 2018, el gasto mensual se situaba en unos 9.000 millones, pero las sucesivas revalorizaciones de las prestaciones con la inflación, el mayor nivel salarial de los nuevos jubilados y el desembarco de la generación del baby boom en el sistema han disparado el gasto a un nivel que está tensando al máximo las cuentas de la Seguridad Social, un factor que va a ser determinante en el dictamen que emita la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) en cuestión de días.
Será el próximo lunes cuando el organismo que dirige Cristina Herrero haga público el resultado del examen de la reforma que desplegó su expresidente y hoy gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, durante su etapa como ministro de Seguridad Social. La AIReF va a determinar si los gastos están creciendo mucho más rápido que los ingresos y, por tanto, el Gobierno se va a ver obligado a hacer ajustes en el sistema de pensiones mediante la aplicación de la denominada cláusula de cierre, que es el mecanismo que introdujo Escrivá en la reforma pactada con Bruselas en el marco del Plan de Recuperación a cambio de indexar las prestaciones al IPC y eliminar el factor de sostenibilidad que iba a rebajar el gasto adecuando la pensión a la esperanza de vida.
En números, la cláusula de cierre establece que el gasto en pensiones promedio entre los años 2022 y 2050 no puede superar el 15% del PIB y que en ese periodo hay que conseguir nuevos ingresos por valor del 1,7% del PIB. Sin embargo, al ritmo que va la nómina, todo apunta a que las proyecciones de la Autoridad Fiscal evidenciarán de una u otra manera esa alta tensión en las cuentas. Este mes de marzo la Seguridad Social ha desembolsado un total de 13.492 millones de euros (un 6,3% más que hace un año) en el abono de más de 10,3 millones de pensiones para 9,3 millones de pensionistas. Un gasto que roza ya los 13.500 millones tras incorporar desde principios de este año la revalorización generalizada del 2,8% para todas las pensiones y de entre el 6% y el 9% para las mínimas.
En la nota remitida a los medios de comunicación este martes, la Seguridad Social recoge todas las cifras récord de la nómina: el nuevo máximo de gasto mensual, una pensión media del sistema que ya alcanza los 1.308,2 euros al mes o una media de jubilación que ha escalado hasta los 1.502,2 euros en un contexto en el que las nuevas altas se han disparado hasta los 1.761,5 euros de media. Con todo, el Ministerio destaca el crecimiento de las jubilaciones demoradas, que representan ya el 11,3% de las nuevas altas, más del doble que en 2019, cuando apenas suponían el 4,8%. "Este cambio refleja el impacto de los incentivos a la demora vigentes desde 2022 y la reconfiguración del marco de jubilación anticipada. Como consecuencia de este cambio de tendencia, la edad media de acceso a la jubilación se sitúa en los 65 años, frente a los 64,4 años de 2019", señala la nota.
De este modo, el departamento responsable de la gestión de las pensiones públicas pone el foco en algunas de las grandes modificaciones que introdujo la reforma de Escrivá para contener la sangría del gasto, en referencia a los incentivos a la jubilación tardía y la penalización del retiro anticipado. Estas medidas se adoptaron en paralelo a una serie de subidas de cotizaciones, a través del bautizado como Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que pagan todos los trabajadores independientemente de su sueldo, o de la cuota de solidaridad, que es la cotización adicional que desde este 2025 aportan los salarios que superan la base máxima, fijada en 4.909 euros mensuales. Todas ellas dirigidas a apuntalar los ingresos para costear la jubilación de los baby boomers y amortiguar el impacto en las arcas públicas de esa retirada masiva de activos del mercado laboral durante los años de mayor estrés financiero en el sistema.
Presión del Gobierno
El Gobierno se ha esforzado en los últimos meses en marcar el camino a la AIReF de cara al resultado de un examen que, por otro lado, en Bruselas se analizará al detalle, ya que fue la propia Comisión Europea la que impuso esta evaluación para garantizar la sostenibilidad del sistema público de pensiones. En concreto, el Ministerio de Seguridad Social ha tramitado un texto legal en el que precisa qué partidas de ingresos debe tener en cuenta la AIReF a la hora de hacer su evaluación sobre la cláusula de cierre y, entre otras aportaciones, especifica que debe incorporar las transferencias del Estado, que es el desvío de dinero que efectúa el Ejecutivo a la Seguridad Social cada año para cubrir la insuficiencia de ingresos por cotizaciones, que procede de los impuestos y del endeudamiento público, y que viene superando los 40.000 millones de euros anuales desde 2020.
Consultados al respecto de esta maniobra del departamento que pilota Elma Saiz, un nutrido grupo de expertos ya advirtió a EL MUNDO hace escasas semanas de que el Gobierno estaba tratando de presionar a la AIReF con un "maquillaje contable" que "desvirtuará la cláusula de cierre", dando una "falsa impresión de salud financiera" que sólo "agravará el problema" y obligará a adoptar medidas de ajuste "drásticas" en el futuro. Por su parte, desde el Ministerio justifican que lo que han hecho es un desarrollo reglamentario para aportar "seguridad jurídica". Y añaden que "los ingresos de la Seguridad Social (incluidas las transferencias del Estado) están determinados en el artículo 109 de la Ley General de la Seguridad Social". La propia ministra Saiz ha manifestado públicamente que el Gobierno confía en que las cuentas cuadren y la Autoridad Fiscal no obligue a apretar el botón del ajuste.