La decisión de Carlos Mazón, el presidente de la Generalitat Valenciana, de reducir la tasa autonómica de impuestos a la compañía propietaria -Iberdrola- de la central nuclear de Cofrentes no va a tener continuidad en Extremadura, donde está previsto el primer cierre de centrales nucleares, la del primero de los dos reactores de Almaraz en 2027. Las propietarias de esta central aportan a las arcas autonómicas de Extremadura de forma anual más de 82,3 millones de euros.
A pesar de la decisión de Mazón, que ha ya dado luz verde a esta iniciativa en la Comisión de Economía, Propuestos y Hacienda, la hoja de ruta de su compañera de partido en Extremadura, María Guardiola, no se altera: primero el Gobierno, que asume el gran peso de los impuestos, y luego los demás. Ése es el resumen que explicitó ayer la portavoz de la Junta de Extremadura, Victoria Bazaga, preguntada al efecto: "Hay que realizar una revisión integral, no sólo por parte de las comunidades autónomas".
La Junta de Extremadura no comparte la propuesta del presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, de eliminar de manera unilateral la "ecotasa" autonómica a las centrales nucleares, sino que debe ser dentro de una "revisión integral del sistema tributario energético", advirtió, respondiendo así también a una propuesta de impulso presentada ayer mismo por el Grupo Parlamentario de Vox en Extremadura, partido con el que ya no gobierna en la región, y que pedía eliminar este impuesto autonómico con respecto a la central de Almaraz.
Para la portavoz del Gobierno extremeño, "Mazón tiene una situación muy concreta y muy especial y respetamos su situación, que tiene que trabajar de otra manera", pero "no es la misma situación de Extremadura, no hacemos comparativa aunque la respetamos", advirtió. Bazaga afirmó que la Junta de Extremadura está dispuesta a bajar los impuestos a la Central Nuclear de Almaraz pero siempre que se dé "en un marco de revisión integral de todo el sistema tributario de la energía". En ese contexto, el objetivo es que "se tenga en cuenta el esfuerzo que hacen las regiones productoras, que no se ven favorecidas ni reflejadas en la recaudación".
Para la portavoz del Gobierno extremeño, este análisis debe ser hecho de forma conjunta y a la vez con el Gobierno central, las empresas y las CCAA "y no de forma unilateral, que siempre perjudica a los mismos". Además, insistió en que Extremadura espera que "la obcecación" del Gobierno de cerrar las nucleares remita y se pueda llegar a revertir la situación.
Fuentes de la Junta han señalado a este periódico que "proponemos que ese análisis se realice junto al Gobierno de España y a las empresas y consideramos también que no puede ser que los incrementos que ha efectuado de forma unilateral el Gobierno de España lo paguen los extremeños". La administración regional extremeña recuerda que las empresas propietarias de la CN de Almaraz "sufren una alta fiscalidad, y no es menos cierto que la misma corresponde principalmente al Gobierno de España, que ingresa el 80% de los impuestos que pagan las eléctricas" mientras recuerda "que el Gobierno ha aumentado la carga fiscal a las nucleares en un 70% en los últimos 5 años". Además, es importante señalar que el Gobierno central ha subido la denominada 'Tasa Enresa' "con un 30% de forma unilateral".
En resumen, para la Junta, "hay una evidente desproporción entre la fiscalidad autonómica y la nacional en materia energética. Se ha evidenciado con hechos que Extremadura no hay elevado su ecotasa ni ha tenido interés en dificultar la viabilidad a la CN de Almaraz; en cambio el Gobierno ha demostrado su voluntad política de asfixiar fiscalmente a la producción eléctrica de origen nuclear".