El anuncio del pasado jueves del abandono del modelo de autónomos de Uber Eats supuso una victoria para el Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz y la aplicación de la Ley Rider, pero el movimiento traerá marejada durante meses en el sector de las aplicaciones de reparto.
A diferencia de Glovo y Just Eat, Uber Eats no tendrá repartidores en plantilla, sino que confiará enteramente en las flotas. Estas empresas, muchas creadas por exrepartidores, se consolidan así como el gran poder laboral en este sector, ya que Glovo y Just Eat también confían en ellas.
Las flotas tienen como gran ventaja que pueden compaginar los repartos de restaurantes de estas aplicaciones con otro tipo de mensajería para otros clientes, lo que permite ofrecer contratos de jornada completa a los riders, frente a las contrataciones por pocas horas que son rentables para empresas como Glovo, que tiene mucha más demanda en horas pico de la noche o en fin de semana.
Para dimensionar este sector, Uber Eats revelaba que sus flotas habían contratado a 7.000 personas para su reparto en 2025.
El cambio de modelo de Glovo y la necesidad de dimensionar mejor los contratos de flotas que los de autónomos están poniendo en tensión a los restaurantes y las propias plataformas, que están recibiendo quejas de sus clientes. Por ello, es de esperar que uno de los elementos clave que marquen la dinámica del mercado sea una puja entre estas compañías por contratar a las flotas más eficientes.
Por otro lado, el fin del conflicto más público y notorio del delivery con Díaz no va a significar el fin del pulso laboral en el sector. Para empezar, sigue su curso el juicio penal al CEO de Glovo, Oscar Pierre, y la compañía vive pendiente de que el Tribunal Supremo vuelva a fallar en un caso que desbloquearía sanciones que pueden llegar a los 932 millones de euros según su matriz.
Uber Eats tiene también decenas de expedientes abiertos que tendrá que gestionar y presumiblemente recurrirá, por lo que es de esperar que la batalla de las sanciones dure años.
El otro flanco de conflicto seguirán siendo las condiciones laborales de los riders. Los repartidores tienen contrato, pero generalmente por el salario mínimo y sin percibir elementos básicos para su trabajo como vehículo o un móvil de trabajo. Esto se debe a que las flotas se están amparando en un convenio obsoleto desde 2007, el de mensajería, que no se ha negociado desde entonces.
Empresas como Just Eat están buscando impulsar un nuevo convenio estatal y adaptado al sector, pero es incierto que el guante lanzado por la compañía sea aceptado por todos sus competidores y el mercado de las flotas, por lo que es de esperar nuevas manifestaciones y presión sindical. De hecho, en el caso de Glovo, ya se están formando comités de empresa en territorios como Cáceres y Pontevedra, lo que significará una nueva oleada de peticiones de derechos por este colectivo.