La Comisión del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno aprobó ayer un informe muy crítico con el Anteproyecto de Ley de Información Clasificada. El documento, al que ha accedido EL MUNDO, reclama «un mayor equilibrio entre la necesaria protección de la seguridad y la defensa nacional, por un lado, y el derecho de acceso a la información pública, por otro, considerando la relevancia del mismo para el pleno ejercicio de las libertades de expresión e información en un Estado democrático de Derecho».
A esta conclusión, avanzada ayer por este diario, el organismo público independiente añade en su texto una crítica más: el régimen de protección de los grandes secretos del Estado que impone la nueva norma «adolece de excesiva rigidez al disponerse periodos fijos, tanto para su duración inicial como para las prórrogas». Esto es algo que impacta de lleno en la información clasificada sobre el 23F o los GAL, cuya protección podría verse prorrogada otros 50 años, o incluso 65, como máximo. ¿Por qué? Porque, con la nueva ley, el Gobierno tendría la última palabra para darlos a conocer, a no ser que el Tribunal Supremo lo mandate después de que un afectado recurra a él si el Ejecutivo le niega el acceso a los documentos.
En este punto, por cierto, y ante el elevado coste de dicho recurso jurídico, el informe de Transparencia pide poder tener «legitimación» para recurrir en nombre de los ciudadanos. O que incluso puedan hacerlo entidades sin ánimo de lucro.
Derecho a la información
El documento del organismo que vela por el derecho a la información hace hincapié en que «en los países de nuestro entorno» los plazos de mantenimiento de los secretos son menores, y «en alguno de ellos incluso se han reducido en los últimos años», cita el informe.
Por ello, Transparencia reclama «revisar la duración de los plazos de clasificación, ponderando adecuadamente en cada caso su incidencia en el derecho de acceso a la información pública, y ajustarlos a los períodos estrictamente necesarios para preservar los intereses esenciales del Estado conectados con la seguridad y defensa nacional, sin sacrificar los derechos constitucionales afectados más allá de lo indispensable para alcanzar tal fin».
Además, Transparencia afea a los ministerios que han elaborado la norma -Defensa, Justicia, Exteriores y Presidencia- que en el texto gubernamental «no se ofrece una justificación de la necesidad y la proporcionalidad de implantar» los plazos elegidos para desclasificar la información secreta «y no otros».
El varapalo de Transparencia continúa con la petición de que no se les deje a las comunidades autónomas clasificar informaciones relacionadas con las policías regionales. «Se considera oportuno proponer que, como regla, se limite la potestad de clasificar información pública a los miembros del Gobierno, esto es, al presidente o presidenta, a los vicepresidentes o vicepresidentas y a los ministros o ministras con competencias en los ámbitos de la seguridad y la defensa nacional», confiriendo a las demás autoridades «la facultad de elevar propuestas de clasificación siempre y cuando tengan atribuidas competencias dichos ámbitos», remata el informe.
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