Los Presupuestos de 2023, la agenda legislativa, las negociaciones para desbloquear el CGPJ, la elección de los nuevos componentes del Tribunal Constitucional (TC)... todo entra en la ecuación de ERC para lo que resta de legislatura. Y todo es importante para que no se rompan los cauces de entendimiento con el Gobierno. Tras el divorcio de Junts, la formación de Pere Aragonès necesita más que nunca consolidar su relación con el PSOE y el PSC, pero también tiene que apuntalar su posición de dominio en la batalla de un secesionismo dividido a las puertas de las elecciones municipales.
En ese contexto, y en plenas negociaciones del PP y el Ejecutivo para renovar el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, ERC presiona a Pedro Sánchez para que el nuevo panorama judicial «no sea hostil» a la Generalitat, según las fuentes de ERC consultadas por este diario. Además, reclama al Gobierno que no se aleje ni un centímetro de la «desjudicialización» que le prometió este verano en la Mesa de diálogo entre los ministros y la Generalitat de Cataluña. O sea, que Sánchez siga apoyando la ley que sortea la sentencia que obliga a que el 25% de las clases se imparta en castellano en las aulas catalanas.
Lo que reclama ERC es que, en el futuro, el Alto Tribunal respete la «voluntad» del Parlament y la Justicia no frene sus políticas lingüísticas, como ocurrió con el Estatut, que el TC recortó en 14 de sus puntos fundamentales. Uno de ellos fue, precisamente, la «preferencia» del catalán sobre el español, que quedó anulada por inconstitucional.
Doce años después
Eso fue en 2010. Doce años después, ERC es consciente de que un futuro TC que «no sea hostil» podría ser más propenso a la inmersión lingüística y a los planes de la Generalitat para consagrar la primacía del catalán sobre el español en las aulas. Por eso les parece «vital» que haya perfiles proclives a sus intereses, como paso fundamental para mantener las relaciones con el PSOE y el PSC, como apunta un alto cargo de Esquerra. ¿El TC es una línea roja para ERC? No, porque ya las líneas rojas judiciales están agotadas, pero sí es imprescindible que el Ejecutivo dé pasos para «que no haya hostilidad», insiste. «Y eso es más trabajo del Gobierno que nuestro».
¿Es que ERC quiere influir en el nombramiento de los magistrados? Tanto el Gobierno como el PP niegan categóricamente que el independentismo vaya a contar con representación, y aseguran que los perfiles de los nuevos magistrados del TC -donde pasará a haber mayoría progresista- serán «intachables». El sábado, Inés Arrimadas vaticinó que el Ejecutivo le daría un puesto a Esquerra en el TC como contrapartida a su apoyo, pero en Moncloa lo rechazan de plano.
El enfoque, no la composición
Lo que priorizan los independentistas no es la composición, sino el enfoque del nuevo Tribunal. Otro dirigente republicano eleva la exigencia, en conversación con este diario: «Todo es vital». También la Ley de Vivienda o los Presupuestos de 2023. Esto va en la línea del mensaje que transmitió el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, hace dos semanas: «El voto de ERC se suda; que se ahorren el pressing, que no funciona».
Quien sí presiona, de esta manera, es Esquerra, aunque en el fondo no está pidiendo nada que no esté ya sobre la mesa. El 27 de julio, tres ministros del PSOE y la vicepresidenta Yolanda Díaz respaldaron por escrito dos pactos con los consellers catalanes. El primero, un «acuerdo para superar la judicialización», «rechazando la criminalización de los proyectos políticos democráticos». El segundo, un respaldo a la ley que elimina el 25% de castellano y el uso del catalán en la administración del Estado.
El Gobierno central reconocía así, como recordó Aragonès el pasado jueves en TV3, la autonomía de cada centro escolar para reforzar una y otra lengua en función de su contexto social y cultural, como recoge la nueva ley del catalán, aprobada con el voto favorable del PSC. El problema es que esa norma regatea la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que establece un mínimo del 25% de clases en castellano.
De hecho, el propio TSJC ve indicios de inconstitucionalidad en la ley. El PP y Ciudadanos han unido fuerzas para interponer un recurso ante el Alto Tribunal, pero son conscientes de que su actuación se podría dilatar en el tiempo, incluso años. Sin embargo, si Pedro Sánchez liderase un recurso, la norma se paralizaría.
La admisión a trámite de un recurso de inconstitucionalidad presentado por el presidente produce la suspensión automática de los preceptos legales impugnados, si éste lo demanda. En ese caso, el Constitucional ha de ratificar o levantar la suspensión en un plazo de cinco meses. Por eso para ERC era tan importante que el Ejecutivo central no entrase a judicializar: «La diferencia es muy significativa», defienden.
La otra petición de los correligionarios de Oriol Junqueras es que se reforme y rebaje el delito de sedición antes de que acabe la legislatura, lo que facilitaría la vuelta a España de los dirigentes huidos de la Justicia, como Carles Puigdemont y Marta Rovira. El Gobierno lo valora.
Mientras, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, se refirió ayer a la relación del PSOE y ERC así: «Un Gobierno no puede ejercer de salvavidas y muleta del independentismo». «El español no es una lengua extranjera en España», se quejó.
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