Junts sigue marcando la agenda política presionando o aflojando a conveniencia para hacer valer sus demandas. Puigdemont está decidido a demostrar cada día que Pedro Sánchez y sus socios dependen de sus siete votos y que, salvo que se pague el precio que exige por los mismos, la legislatura puede derrumbarse. La última prueba de esa influencia se ha puesto de manifiesto con la proposición de ley de alquileres temporales y de habitaciones, activada por las formaciones a la izquierda del PSOE. Es una norma que pretende taponar que este tipo de arrendamientos sean la vía por la que burlar los límites que fija la Ley de Vivienda.
La propuesta de ley no es nueva. Su admisión a trámite por el Pleno del Congreso ya fue debatida en septiembre y en aquella ocasión Junts sorprendió en el último minuto, cuando todo el mundo daba por hecho su apoyo, votando en contra de la misma y tumbándola con el argumento de que invadía competencias de la Generalitat, no daba garantías de protección para los propietarios y perjudicaba la siempre necesaria seguridad jurídica.
Ahora, los grupos de izquierda, capitaneados en esta ocasión por ERC, consiguen a la segunda el voto a favor decisivo de Junts tras haber accedido a retocar ligeramente la iniciativa de acuerdo con las exigencias del partido de Puigdemont. La proposición de ley pasará el primer corte en el Congreso pero lo hace sumida en la incertidumbre sobre su recorrido final. Pues Junts ha advertido de que mucho tiene que cambiar el texto para que lo apruebe en el futuro.
"Nuestro voto de hoy hará posible el debate. Damos un sí al debate pero no predispongan ni por un instante un sí de Junts a este texto. Antes sería necesario que el texto resultante fuera sustancialmente diferente al que se nos presenta aquí", ha subrayado la diputada Marta Madrenas.
Junts favorece que la proposición de ley se tramite, sin embargo, asoman importantes obstáculos. El primero por parte de la derecha catalana. Madrenas ha sentenciado que si esta ley se aprobara íntegramente "empeoraría todavía más el acceso a la vivienda" y generaría más "frustración". Además, ha criticado que se presenta con el objetivo de "enmascarar" el "fracaso" de la Ley de Vivienda, de la que dice que ha generado "inseguridad jurídica" y que ha hecho "recaer" la responsabilidad del sector público en el privado. Principalmente en los propietarios. Es a esto a lo que achaca que se hayan reducido el número de viviendas en alquiler.
En segundo lugar está el PNV. Sostiene que pese a las normas aprobadas desde 2023 no se ha logrado abaratar el precio de la vivienda. Cree que el que no se haya reducido el precio de alquiler y que haya muchos pisos vacíos es la consecuencia de la "inseguridad" que provoca la actual Ley de Vivienda. Para el PNV es evidente que los pequeños propietarios han retirado sus pisos del mercado por la inseguridad jurídica que existe y porque se les convierte a ellos en "responsables" de las deficiencias de un mercado que debe ser regulado por el Estado. En cualquier caso, los nacionalistas vascos consideran un avance las modificaciones que se incluyen ahora en la proposición de ley. Su voto es a favor de la iniciativa pero avisan que en el trámite parlamentario defenderán todo un abanico de enmiendas.
Los cambios que se han introducido en el texto para satisfacer al grupo de Puigdemont "no son tantos", según los partidos impulsores: reforzar las competencias autonómicas y retocar la duración de los llamados alquileres de temporada que pasan a ser de nueve meses frente a los seis que se proponía en un principio, a fin de cubrir los periodos habituales de los contratos que firman estudiantes, profesores o personas con trabajo de temporada. Además, en la nueva proposición se elimina la posibilidad de que los inquilinos subarrienden el alquiler a otra persona, una práctica que introducía un alto nivel de inseguridad para los propietarios.
Para frenar el "uso fraudulento"
Desde Sumar, se ha celebrado que la propuesta "camina en dar una respuesta" al grave problema de la vivienda porque pone coto al "uso fraudulento" de los contratos de temporada. En todo caso, ha avisado al PSOE de que falta hacer mucho más porque la ciudadanía está "harta", siente "mucha impotencia" y considera que el Estado la ha "abandonado".
En Podemos, Ione Belarra ha descrito la situación de la vivienda en España como "un sistema casi tan violento como el sistema sanitario americano". Ha reconocido que la propuesta es una "migaja" para solucionar lo que el PSOE quiso dejar "a sabiendas" sin cubrir en la Ley de Vivienda, "pero hay que empezar por un sitio". La líder de Podemos ha avisado de que o se hace algo urgentemente o en unos años la situación será "catastrófica".
ERC ha admitido que la ley quiere "tapar los agujeros" de la Ley de Vivienda y ha lamentado que la derecha esté ganando el "relato" de la vivienda metiendo "miedo" con la aplicación de dicha norma. Pilar Vallugera ha expresado su preocupación por la dificultad de legislar en esto con un Congreso "de derechas" aunque a su vez ha defendido la predisposición de su grupo a hacer cesiones, como ahora en el nuevo texto, para conseguir atraer a partidos como Junts.
Oskar Matute, de EH Bildu, ha reconocido que la ley de alquileres temporales es la manera de "achicar" una "vía de agua" que dejaba la Ley de Vivienda, por la que se estaban escapando contratos que intentan eludir las limitaciones para buscar una mayor "especulación".
Encabezando el voto en contra ha estado el PP. El diputado Joan Mesquida ha culpado al "intervencionismo" del Gobierno y sus socios el problema de la vivienda en España y ha negado categóricamente que éste lo haya creado el mercado, los propietarios o el sector turístico.
Así, ha reprochado que se quieran poner ahora "parches" para "solucionar el intervencionismo con más intervencionismo". Para el PP, el Gobierno está "delegando" con sus políticas sobre vivienda la protección de los más vulnerables en los propietarios
La proposición de ley ha superado el corte de la admisión a trámite, sin embargo, aún le queda un largo recorrido parlamentario en las dos cámaras, un camino en el que sin duda se plantearán múltiples enmiendas que podrían variar sustancialmente su contenido actual.