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Nunca, en sus previsiones, Pedro Sánchez hubiera imaginado que protagonizaría una rueda de prensa para anunciar que destinará una inversión extra de 10.471 millones en gasto en Defensa. Sus perspectivas hasta no hace mucho eran otras. Él, que incluso cuando era Pedro Sánchez y no el presidente del Gobierno, llegó a decir que el Ministerio de Defensa podía ser prescindible. Pero ahora es Pedro Sánchez, jefe del Ejecutivo, y el contexto geopolítico ha cambiado. Vuelve a haber guerras, Rusia es una amenaza para Europa, la llegada de Donald Trump ha convulsionado la OTAN... Y el gasto en defensa y seguridad, como lo llama el Gobierno, es una prioridad. Tanto, que ante las presiones de la Alianza y la UE para gastar ya más, Sánchez ha anunciado que España llegará este año al 2% del PIB en gasto en Defensa, y no en 2029 como se había comprometido. Para ello, el Ejecutivo destinará este año, en total, 33.123 millones de euros en seguridad y defensa, esto es, el 2% del PIB.
El contexto internacional ha cambiado y también el reloj de España. El compromiso de Sánchez de llegar a ese umbral de gasto en 2029 quedó caduco, bajo presiones, sobre todo de la OTAN, para acelerar y aumentar ese gasto de manera urgente. De hecho, en la reunión que mantuvieron a finales de enero en La Moncloa Sánchez y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, éste ya trasladó la "necesidad urgente de invertir más ahora" en Defensa. Un Rutte que hace unas semanas ya anticipó que España llegaría al 2% en verano, unas declaraciones que matizó el Gobierno.
El Plan Nacional para el Desarrollo e Impulso de la Tecnología y la Industria de la Seguridad y Defensa fue anunciado por Sánchez el pasado 26 de marzo en el Congreso y se ha aprobado este martes en el Consejo de Ministros, en una reunión en la que Sumar ha mostrado su rechazo y ha presentado observaciones.
Choque en la coalición y regate al Congreso
La formación magenta lo considera "verdaderamente exorbitado" y que es una "ingente" partida de dinero que, a su juicio, "no responde a una visión que suscite consenso en el interior del Gobierno". Ha llegado a solicitar su "retirada del índice del Consejo de Ministros".
Sánchez ha querido endulzar este choque, camuflándolo como "discrepancias" que, según su versión, "hemos gestionado a través del diálogo y el respeto". De hecho, ha llegado a decir que "existe consenso entre ambos socios en la mayoría de los puntos del plan. El Gobierno de coalición está unido detrás de este plan, con algunos matices".
Estos casi 10.500 millones tampoco pasarán por el Congreso, esto es, no se someterán a votación de los grupos, porque, defiende Sánchez, se tratan de reasignaciones presupuestarias y no suponen un incremento del Presupuesto -está en vigor el de 2023- ni implican subidas de impuestos.
El gasto militar es un asunto delicado para La Moncloa, porque cuenta con el rechazo de sus socios de gobernabilidad. Hasta Sumar, al menos los partidos que lo integran -IU, Compromís o la Chunta-, no están de acuerdo como se ha plasmado en sus observaciones, pese a que Yolanda Díaz muestre una posición más ambigua y de comprensión hacia el PSOE. Ello ha obligado a Sánchez a comprometerse a que acelerar y aumentar el gasto en Defensa no supondrá que se mermen las partidas destinadas a gasto social.
El presidente del Gobierno sí comparecerá en el Congreso para explicar este plan, pero sin más vinculación. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha estado presente en la rueda de prensa de Sánchez pero, como es habitual en estos meses donde se aborda el aumento del gasto militar, ha permanecido en un segundo plano.
"El mundo de ayer no existe. La realidad es distinta y nosotros como Gobierno debemos responder ante ella", ha defendido Sánchez para justificar este giro presupuestario y la necesidad de acometer y acelerar el gasto en defensa y seguridad. "Hay un consenso transversal en el conjunto de la UE, que trasciende las familias políticas y las prioridades regionales, que es que estamos ante un cambio de era que nos obliga a tomar las riendas de nuestro propio destino y a construir esa Unión Europa de seguridad y defensa que ya propusieron los padres fundadores de la UE".
2.000 millones para "instrumentos de disuasión"
El denominado Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa prevé que en lo que queda de 2025 se ejecuten esos 10.471 millones en un desglose de hasta seis partidas. El mayor montante, un 35,45% (3.712,49 millones) están previstos para condiciones laborales, preparación y equipamiento de las Fuerzas Armadas. La segunda partida que más dinero absorbe, un 31,16% (3.262,76 millones) serán para nuevas tecnologías de telecomunicación y ciberseguridad.
La partida más polémica, la que ha provocado el choque en el seno de la coalición, es la llamada eufemísticamente se ha dado en llamar "instrumentos de defensa y disuasión", esto es armas, munición, etc... supone el 18,75% (1.962,98 millones). Un 16,73% (1,751,53 millones) irán a parar para apoyo a la gestión de emergencias y desastres; mientras que el 3,14% (328,74 millones) serán para las misiones en el exterior.
El montante final (10.471,14 millones) se cuadra con ajustes y devoluciones de créditos para Programas Especiales de Modernización anteriores por valor de 547,36 millones (-5,23%)
Hace unas semanas, Pedro Sánchez mantuvo una ronda de reuniones con empresas de los sectores aeroespacial y telecomunicaciones, seguridad y defensa, así como con directivos del sector de la ciberseguridad española. En las citas, además de intercambiar impresiones, el Ejecutivo, según fuentes conocedoras de los encuentros, se interesó por las inversiones y proyectos que tienen en marcha o en previsión estas compañías, muchas de ellas punteras, a fin de valorar cuáles pueden servir para engrosar la factura del gasto en Defensa que España debe presentar en próximas semanas a la OTAN.
¿Cómo se financia?
Sánchez argumenta que no es preciso que este plan pase por el Congreso porque "es una reasignación presupuestaria, no exige esfuerzo adicional". Es decir, no se va a gastar más, sino que se van a ir haciendo modificaciones presupuestarias, colando dinero aquí quitándolo de allá, aprovechando de este lado..."Lo que hacemos es utilizar los remantes, los ahorros generados".
La pregunta es, entonces, ¿de dónde sale el dinero? Por ejemplo, el déficit del conjunto de las administraciones públicas se situó al cierre de 2024 en 44.597 millones de euros, el equivalente al 2,8 % del PIB y una tasa dos décimas por debajo del objetivo comprometido con la Comisión Europea. Esto supone para el Gobierno un margen fiscal de Este margen fiscal de alrededor de 3.200 millones que va a destinar a este plan.
Otro ejemplo. En los Presupuestos de 2023, que son los que están en vigor, figuraba una partida por valor de 1.700 millones destinados a compensar a las entidades territoriales por la caída de ingresos fiscales debido al parón económico provocado por la pandemia. Ese dinero se reasigna a este plan. Al igual que se van a reasignar partidas contempladas en los fondos europeos y se van a computar inversiones como los 1.200-1.300 millones del Plan Nacional de Ciberseguridad.