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Iban a ser unas pulseras telemáticas «fabricadas 'ad hoc'», es decir, hechas desde cero para proteger mejor a las mujeres en riesgo extremo de agresión, pero al final terminaron siendo unos dispositivos «básicos, estándar», ya producidos en China, y en realidad apenas modificados. Que, además, están dando tal cantidad de problemas que la Fiscalía ha puesto el grito en el cielo por sus «múltiples fallos», y el propio Ministerio ha anunciado, en plena tormenta política, que las retirará, licitando un nuevo contrato.
La polémica ha destapado el mal funcionamiento de las 4.800 pulseras que, teóricamente, deben proteger a otras tantas mujeres en riesgo extremo, pero la letra pequeña del contrato adjudicado en 2023 por Igualdad destapa posibles negligencias en el Ministerio hoy dirigido por Ana Redondo, un Gobierno que lleva a gala ser el más feminista de la Historia.
Cuando un año después, en la primavera de 2024, esas pulseras entraron en funcionamiento, la presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género, Ángeles Carmona, se sorprendió de su sencillez y de su aspecto, a ojos vista «mucho peor» que el de los dispositivos del contrato vigente los 10 años anteriores. «Fuimos a internet, miramos en AliBaba [una web china de productos 'low cost'] y allí estaban unas que parecían exactamente iguales. Yo misma lo miré».
No eran las mismas -Redondo, contra las cuerdas, ha acusado a Carmona en estos días de mentir-, pero casi.
En realidad, según ha podido comprobar EL MUNDO, el Ministerio justificó la petición de 45 millones para el nuevo contrato, en julio de 2023, asegurando, en la memoria justificativa a tal efecto, que los dispositivos serían producidos desde cero. Y el motivo, como consta en el documento, al que ha tenido acceso este diario, era que no existían tales pulseras en el mercado. El dinero procedía de fondos europeos, lo que obligaba a una justificación precisa y fundamentada.
«Los dispositivos de control de las medidas de alejamiento», reza el texto, «no son un bien corriente disponible en el mercado, lo que implica la fabricación ad hoc de los dispositivos tras la adjudicación del contrato, así como la configuración de su software para garantizar un buen desarrollo del servicio, con el mayor grado de seguridad», finaliza el párrafo.
Así justificaba Igualdad, en julio de 2023, la petición de 45 millones de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para mejorar el servicio: se había peinado el mercado y se había determinado que no existía pulseras como para realizar el servicio como se debía. El Ministerio lo justificaba documentalmente: había llegado a licitar un contrato menor para realizar dicho estudio de mercado, que había arrojado la necesidad de fabricar las pulseras desde cero.
La Administración, que no está obligada a dar publicidad a este tipo de contratos menores, ha respondido negativamente a una petición de hacer público público ese estudio realizada en el portal de Transparencia. Sea como fuere, luego se olvidó de esa necesidad tan perentoria, porque nada se dice de ella en el pliego técnico. Allí se asume que el adjudicatario compraría sin más los dispositivos, como así sucedió, con calidades y capacidades tan dudosas que, a fuerza de dar problemas, han llevado a la Fiscalía y al Observatorio contra la Violencia de Género a quejarse.
El contrato lo licitó y adjudicó el equipo de Irene Montero, y en concreto la ex secretaria de Estado, Ángela Rodríguez 'Pam', filósofa y máster en estudios de Género. La gestión de las nuevas pulseras y de la desastrosa migración -a tenor tanto de Fiscalía como del Consejo General del Poder Judicial- ya correspondió a Ana Redondo. Ella llega en noviembre de 2023. Las nuevas pulseras, en marzo de 2024.
La memoria que esgrime la fabricación para justificar el gasto es del 11 de julio de 2023. Sin embargo, el día 20 se publican los pliegos técnicos, y en ellos no aparece por ningún lado que los dispositivos deban ser fabricados ex novo. Cuando el contrato se abre a las ofertas, llega la sorpresa: Telefónica, quien había ganado todos los concursos anteriores, no concurre -fuentes del sector especulan con que la compañía probablemente esperaba que la licitación quedara desierta y se abriera otra por un montante superior-.
Sin embargo, quien sí lo hace es una unión temporal de empresas entre Vodafone y Securitas España (además de la tecnológica inglesa Buddi Limited, que rápidamente es descartada por defectos en la firma digital), que se llevan el contrato incluso con una puntuación técnica que no era para tirar cohetes: 23,9 sobre 30 en general, y sólo 3,6 sobre 10 en lo ofertado en cuanto a la migración del sistema.
Vodafone, según ha puesto de manifiesto la compañía a este diario, cumple con el contrato. Compra las pulseras y los artefactos anexos, a través de la empresa españolaOysta Spain, a un proveedor chino. Se trata, como han explicado fuentes de la firma a EL MUNDO, de un dispositivo «estándar modificado»: se le colocan unos circuitos y un software propios. La compañía cumple con lo requerido en el pliego de condiciones, no así en la memoria.
La migración de contratos, entre marzo y mayo, es caótica. Los propios trabajadores de Cometa salientes se sorprenden de lo básico de las nuevas pulseras, y de que puedan llevarse en la muñeca: antes se obligaba a que los agresores las llevaran en el tobillo, de donde es imposible sacarlas. Durante varios meses, Vodafone no consigue hacerse con datos de posibles quebrantamientos de órdenes de alejamiento. La anterior adjudicataria, Telefónica, y la nueva se acusan mutuamente de no realizar bien la migración, pero fuentes internas de Cometa aluden, en conversación con este diario, a dificultades de Vodafone y Securitas para comprender y gestionar el sistema.
El pasmo llega también al Consejo General del Poder Judicial, con quejas de juzgados de Violencia contra la Mujer de toda España, y con la convicción por parte de varios consejeros -entre ellos, de Carmona, presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género- de que el nuevo sistema es «totalmente 'low cost'».
En Cometa, la convicción es que la nueva contrata, además de desconocer el entorno y los problemas que podría acarrera, "racaneó demasiado" en medios, lo que terminó "deteriorando enormemente el servicio".
Los meses pasan y los problemas no desaparecen. Hace algo más de una semana, Fiscalía acaba alertando en su memoria y el asunto salta a la opinión pública. Tras negarlo todo durante varios días, este jueves Igualdad termina pidiendo perdón a las mujeres afectadas por los fallos -cuyo número aún hoy se desconoce- y Redondo anuncia que se licitará un nuevo contrato.