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A falta de la imagen del condenado, y como no hemos visto aún ni una página de la sentencia, la declaración fúnebre de Félix Bolaños anunciando el adiós de Álvaro García Ortiz computa por ahora como la escena final del juicio más destructivo de los últimos años. El ministro de Justicia compareció cerca de las cinco de la tarde con traje oscuro y semblante sombrío. Empezó diciendo: «Como saben, hoy hemos conocido el fallo relativo al juicio en el que estaba acusado el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz», y la estampa tuvo un aire a aquella emisión en la que, a las diez de la mañana del 20 de noviembre de 1975, Arias Navarro anunció: «Españoles, Franco ha muerto». Quién le iba a decir al Gobierno que precisamente el día que quiso convertir en el 50º aniversario de las libertades iba a terminar de esta manera.
Quizá ese sea parte del problema: la condena no era un escenario imposible; casi al contrario. Pero hay que comprender que si uno sólo lee dos periódicos amigos y sólo ve TVE, la sorpresa ha sido mayúscula. Un ejemplo vibrante lo regaló en pleno juicio la jurista Silvia Intxaurrondo, cuando en las redes sociales, que es adonde debería mudarse el Supremo, anunció, con exclamaciones y dedo apuntador: «Esta es probablemente la cuestión más relevante del juicio al fiscal general del Estado». El vídeo muestra a la abogada del Estado acusando a la UCO de haber copiado el contenido completo de sus dispositivos sin el permiso del juez. Ha sido una cuestión determinante, sin duda. Como también parece haberlo sido otra de las verdades alternativas de estas semanas, según la cual la nota de prensa con entrecomillados confidenciales que, como un jefecillo de gabinete autonómico, dictó personalmente a su dircom no pintaba nada en el proceso. Premonitorio.
En su triste epílogo, Bolaños oficializó la decisión del Gobierno de que García Ortiz acatará y será relevado -ni ese último gesto de autonomía le han permitido-. Y cómo deben de estar las cosas para que en algunos espectadores ese anuncio provocara alivio, porque, a estas alturas, quién va a poner la mano en el fuego por la institucionalidad del Gobierno.
Al menos el ministro se contuvo y los fiscales hinchas no salieron de sus casas en manifestación hacia el Supremo. Aunque luego habló Pedro Sánchez y aquello sonó peor. Su promesa de «defender la soberanía popular frente a aquellos que se creen con la prerrogativa de tutelarla» causa auténticos escalofríos.