El arranque de la gran coalición del canciller alemán, Friedrich Merz, ha sido fulminante en materia de migración. En solo unas semanas, su ministro del Interior, el socialcristiano bávaro Alexander Dobrindt, ha dado un giro de 180 grados a la política supuestamente laxa del Gobierno anterior con el aumento de los controles fronterizos, devoluciones en caliente y deportaciones. La razón principal es aliviar la carga que supone para las arcas públicas los cerca de 3,45 millones de refugiados que viven en el país -un tercio de ellos ucranianos-, pero indirectamente también, frenar el avance de la extrema derecha mostrando mano dura y reforzando la percepción de seguridad ciudadana.
Esta nueva política migratoria ha vuelto a cristalizarse este miércoles con la aprobación en consejo de ministros de dos proyectos de ley. El primero prevé la suspensión durante dos años de la reagrupación familiar para personas con protección subsidiaria. El segundo es la supresión de la llamada "nacionalización turbo", que permitía acceder a la ciudadanía alemana al cabo de tres años. "Eso fue un error y por eso vamos a abolirlo", ha afirmado Dobrindt, para quien "la ciudadanía alemana debe estar al final de un proceso de integración y no al principio".
El ministro está convencido de que la naturalización acelerada había "creado falsos incentivos adicionales para la emigración ilegal y hay que reducir estos factores de atracción. Vivir tres años en Alemania es demasiado poco tiempo".
El proyecto de ley Dobrindt cuenta con el rechazo de la oposición, especialmente con la del partido de los Verdes, su promotor la pasada legislatura. "El plan de Dobrindt afectará a las personas que cumplen todos los requisitos para obtener la ciudadanía, que se integran con especial rapidez, que hablan bien alemán y trabajan aquí", ha advertido la líder del grupo parlamentario Katharina Dröge. La experta de Interior del Partido de Izquierda, Clara Bünger, ha sido más gráfica: "Estamos al principio de una edad de hielo de la política migratoria".
La supresión de la reagrupación familiar ha generado críticas aún más duras y movilizado a una treintena de organizaciones no gubernamentales contra los planes de Dobrindt. "El nuevo Gobierno federal se centra en la política simbólica a expensas de los más vulnerables", ha declarado la experta de Interior de los Verdes, Schahina Gambir. Ésta ha denunciado que la suspensión de la reagrupación familiar es una violación del Convenio Europeo de Derechos Humanos y de la Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño. "Es una política inmoral, que abrirá una brecha en la cohesión social", ha afirmado.
"Nada justifica esta invasión de los derechos fundamentales"
Para la Confederación para la Paridad, "el número de solicitudes de asilo en Alemania ya se ha reducido considerablemente, y nada puede justificar esta invasión masiva de los derechos fundamentales y humanos". Las vías de entrada seguras, como la reagrupación familiar, son "las únicas opciones de entrada para quienes buscan protección, especialmente mujeres y niños, donde no tienen que emprender viajes que pongan en peligro sus vidas".
Y en la barricada contra Dobrindt se encuentran también las iglesias. El arzobispo católico de Hamburgo y responsable de Migración de la Conferencia Episcopal, Stefan Heße, declaró el martes al diario Neue Berliner Redaktionsgesellschaft que impedir a los refugiados que huyen de la guerra civil vivir separados de sus familiares más cercanos durante largos periodos de tiempo "es muy cuestionable desde el punto de vista ético y tendrá un impacto negativo en la integración".
El obispo Christian Stäblein, Comisario para los Refugiados de la Iglesia Evangélica en Alemania (EKD), ha agregado por su parte, que "madres e hijos deben estar juntos. Los hermanos deben estar juntos. Las familias están unidas". La conexión y la cohesión de la familia son cruciales para una buena llegada. "Los que pueden vivir en seguridad con sus vecinos se adaptan más rápidamente, aprenden nuestra lengua más fácilmente, pueden integrarse mejor y tienen más probabilidades de formar parte de nuestra sociedad". Por eso es necesaria una normativa generosa en materia de reagrupación familiar.
La suspensión de la reagrupación familiar de las personas con protección subsidiaria no es totalmente nueva. La coalición de la ex canciller Angela Merkel también la suspendió de 2016 a 2018, tras la crisis de 2015. El cupo de visados para familiares se limitó posteriormente a 1.000 por mes, es decir, 12.000 al año. La posibilidad de traer familiares a Alemania se limita a parientes cercanos, es decir, cónyuges, parejas registradas e hijos menores de edad. Pero, según Dobrindt, "esto ya es cosa del pasado. Ahora se trata de neutralizar los efectos llamadas y de aliviar la carga de los sistemas de acogida e integración".
Los cambios se dejarán sentir en los próximos meses en unas 350.000 personas a las que no se concede asilo en Alemania , pero a las que se permite permanecer en el país debido a la amenaza de guerra en sus países de origen, principalmente sirios.