MADRID
Política

La crisis con el "fanático" Algarra y su "clan" bloquea la Ley de Universidades de Ayuso: "Tienen un acuerdo de sangre, si toca el pito, todos le obedecen"

La nueva consejera priorizará acordar con los rectores un nuevo sistema de financiación

Ayuso, con Algarra, en un acto público.
Ayuso, con Algarra, en un acto público.E. M.
Actualizado

La influencia educativa que tenía en Isabel Díaz Ayuso el dramaturgoAntonio Castillo Algarra era conocida en la Consejería de Educación y en el PP de Madrid. También había constancia de que los altos cargos colocados por este asesor en el departamento mantenían con él «una relación tóxica, como de dependencia, con su mentor». Se veían la «inacción» y el «atasco» que existía en torno a la Ley de Universidades y que se estaban adoptando «posiciones muy insensatas». Todo esto se sabía desde hace por lo menos un año, pero se mantuvo en un «discretísimo silencio» hasta que el martes Sol destituyó al consejero Emilio Viciana, cansado de que Ley de Universidades no avanzara y de que los rectores pusieran de manifiesto sus «discrepancias».

El cese de un consejero -el primero desde que Ayuso llegó a la presidencia en 2019- no habría causado tal terremoto si no llega a ser porque, a su vez, llevó a que dimitieran tres diputados del grupo de Algarra -llamados «Los Pocholos» y considerados un «clan»- además del cese de dos altos cargos de la Consejería, y, ayer, la renuncia del dramaturgo como uno de los directivos artísticos del Ballet Español de Madrid.

Otra consecuencia de la crisis es que la ley queda en el aire. El portavoz, Miguel Ángel García, anunció ayer que la norma no saldrá «tal y como está redactada» y que, aunque «trabajar en una nueva no está descartado», su «prioridad» ahora es cerrar un nuevo sistema de financiación. Todo apunta a que la ley que prometió el PP de Ayuso, recogida en su programa electoral de 2023, no estará lista durante esta legislatura.

En Sol explican que la nueva consejera, Mercedes Zarzalejo, va a centrarse primero en la financiación para llegar a un acuerdo con los rectores que pueda producir resultados a corto y medio plazo y que esta parte quedaría desvinculada de la norma.

Presenta su dimisión en el Ballet Español de Madrid Antonio Castillo Algarra

"Mucha influencia"

También reconocen que «Algarra tenía mucha influencia en la parte educativa», pero añaden que «no todo lo que se ha hecho estos años es de Algarra». ¿Cómo puede ser, en cualquier caso, que un amigo de Ayuso, sin cargo ni sueldo en la Consejería, mandara tanto?

«Tener a asesores externos no es mala idea, son figuras sin vinculación al Gobierno, alejados del partido, que suelen dar otra visión». «Las decisiones se toman en el Consejo de Gobierno o en los despachos de los consejeros, pero cada miembro del mismo es permeable no es sectario a opiniones de la sociedad civil o personas que pueden aportar», explicaba ayer el portavoz Miguel Ángel García.

«El problema es cuando el externo es el único asesor y se cree que es el que manda», añaden fuentes educativas, que dicen que «Ayuso cesa a Viciana porque era un peón de Algarra y estaba haciendo tonterías».

Distintas fuentes hablan de la falta de preparación en materia legislativa del equipo de Los Pocholos. Aseguran que «se pusieron a hacer leyes sin saber de leyes», que «Algarra ha intervenido en todo» y que el proceso de elaboración del texto «ha sido un desastre» por su «escasa calidad jurídica» y su «pobre redacción». «Los juristas decían: 'Así no puede ser', porque lo había estropeado. Por suerte, han funcionado los controles para frenarlo y no se han llegado a poner en marcha cosas que eran insensatas, no habría sido posible que saliera así la ley».

"Relación muy tóxica"

Otras fuentes denuncian que «es muy tóxica la relación» con Algarra de Viciana, los dos directores y los tres diputados que han dejado su puesto: «Dependen completamente de él. Él los recomendó para el cargo y es como si tuvieran un acuerdo de sangre. Si Algarra toca el pito, todos le obedecen. Si él les dice que dejen el acta, ellos lo hacen. Él es un fanático, un loco, no es normal esa relación. Es probable que haya dicho: 'Si quitáis a Viciana, yo me llevo a los míos'. Y por eso han dimitido».

La sensación generalizada es que «el consejero no era considerado un interlocutor válido por los rectores». Representantes de las universidades públicas aseguran que se trataba de «una ley extraña», -«no era ley de universidades al uso», recalcan-, porque «el planteamiento ha sido erróneo, el debate estaba mal dirigido y el consejero ha estado mal aconsejado».

Fuentes de los equipos que participaron en las negociaciones de la ley recuerdan que las reuniones «eran algo kafkiano»: «El consejero iba tomando nota de todo, nos decía que sí, pero luego nunca nos daba feedback, porque lo consultaba todo con Algarra. Hace medio año planteó un segundo borrador horrible, en cuya elaboración había participado Algarra».

El texto tenía cuestiones que no suelen contemplarse en otras leyes de universidades. Por ejemplo, establecía como uno de los objetivos de los campus «la vertebración de España, a cuyo servicio Madrid ha estado a lo largo de su Historia», introducía incentivos de financiación para los campus que ofrecieran títulos que pusieran en valor a «Madrid como potencia cultural y capital de los estudios superiores y las artes en español» y mencionaba el «respeto por la vida» dentro de los fines de la regulación de la investigación.

"Disparates" y "sandeces"

Algarra, que se presenta como escritor, profesor de Humanidades, corrector de textos, preparador de oposiciones y productor y director teatral, tiene colgado en la web de su Asociación para la Libertad y las Artes Príncipe Baltasar Carlos un comentario crítico a la ponencia política del PP de julio de 2025. En él acusa a este partido de usar «términos de Sánchez» y «conceptos podemitas» y califica algunas de las expresiones de la ponencia como de «disparates» y «sandeces», propias de «libro de autoayuda». «Los españoles necesitan del PP claridad, seguridad jurídica con términos constitucionales; no indefinición ni demagogia medrosa», dice. El planteamiento del texto está más cerca de las tesis de Vox que del PP nacional.

Algunas fuentes sostienen que existía «un conflicto» en Madrid entre el ala liberal representada por Miguel Ángel Rodríguez y la más de tinte populista de Algarra, consejero áulico de Ayuso que habría influido también en la elaboración de la Ley Trans madrileña, aunque en el Gobierno regional reducen al ámbito educativo su influencia y niegan que haya existido una guerra.

Aseguran que hace meses que Ayuso cortó con Algarra y defienden que, si no destituyó antes a Viciana, fue porque confió en que iba a reconducir la situación: «Le dio oportunidades y confianza para desatascar el proyecto, pero, a la vista de que seguía sin avanzar y que queda año y medio de legislatura, ha decidido hacer un cambio en esa consejería».

Viciana ha declinado la invitación para hablar con EL MUNDO. Algarra no ha respondido, y se ha limitado a comentar en X que «la gestión [de la Consejería] ha sido la mejor y más profunda en lustros», señalar a Miguel Ángel Rodríguez e insinuar que hay «intereses oscuros o ruidosos» detrás de lo ocurrido.

En el PP madrileño se ha acogido con alivio que Ayuso haya intervenido y puesto de consejera a Zarzalejo, una persona de confianza de Rodríguez. La ven más preparada y con disposición para llegar a un acuerdo con los rectores. Una persona conocedora de la educación madrileña añade: «Tiene mucho callo negociando y va a hacer algo mucho más sensato. Va a prevalecer el sentido común. A ver si llega a tiempo».

"Errores en la financiación"

Las fuentes consultadas dicen que la ley tenía «errores en el sistema de financiación»; «se equivocaba» al mezclar en una misma normativa todas las enseñanzas superiores y la ciencia, y planteaba «problemas en la regulación de los centros de investigación» que hubieran hecho muy difícil su mantenimiento, además de «no respetar la autonomía universitaria».

¿En qué más cosas se ha notado el efecto del equipo de Algarra? Algunas fuentes le achacan haber «abandonado el bilingüismo en cuanto a recursos, formación y exigencia» y del cambio a la enseñanza en español de la asignatura de Historia de España en los centros con programas bilingües. Los juristas también han frenado errores en otras normativas; por ejemplo, en la que elimina el uso individual de pantallas en los colegios.

«Se ha desaprovechado, sobre todo, la oportunidad de situar a Madrid como un referente de nivel académico de los estudiantes de toda España. Esto podría haberse conseguido con una reforma ambiciosa de los currículos o de las pruebas externas, pero no se ha hecho», añaden las fuentes.

Fuentes del Gobierno madrileño dicen que no todo puede atribuirse a este equipo y citan medidas como la jornada partida, la vuelta a la EGB o el rescate a la Complutense como prueba del buen trabajo realizado. Sin embargo, a Madrid se le reprocha no haber puesto más de su parte para resolver la crisis de financiación de sus universidades.