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Un juzgado de Madrid ha archivado por tercera vez la causa que investigaba posibles amaños en las oposiciones a inspectores y comisarios de la Policía Municipal de Madrid en 2021, en la que estaban investigados tanto el actual jefe del Cuerpo como dos antiguos altos mandos así como varios de los agentes que aprobaron el examen. El magistrado considera que "la denuncia no se sostiene más allá de la mera sospecha". Este mismo juzgado ya decretó en dos ocasiones anteriores el sobreseimiento provisional de la causa, decisión que fue revocada por la Audiencia de Madrid para que los investigados prestaran declaración.
Las posibles irregularidades se centraban en las oposiciones de turno libre de inspector e intendente (ahora comisario) de la Policía Municipal. En concreto, se trataba de esclarecer un posible delito en las pruebas que estaban bajo sospecha, tras el vínculo de los aspirantes aprobados con miembros del tribunal y con una academia de Policía dirigida por familiares de un comisario de la Policía Municipal. Entre las ilegalidades destapadas estaba el hecho de que el comisario José Rodríguez Vacas formaba parte de un tribunal en el que se examinaba un amigo y ex compañero del municipio de Alcalá de Henares con el que acudió a un club de intercambio de parejas a hacer una supuesta inspección en septiembre de 2022.
La decisión judicial dejá sin efecto cuantas medidas cautelares se hubieran impuesto con anterioridad a los investigados. El procedimiento se instruía por la presunta comisión de delitos de organización criminal, tráfico de influencias, cohecho, infidelidad en la custodia de documentos y uso de secreto por funcionario.
La investigación se inició tras una denuncia presentada por la Asociación de la Policía Municipal Unificada, a la que se unió UPM, que sostenía que miembros del tribunal de oposiciones habrían facilitado preguntas del examen a determinadas academias y aspirantes. Entre los imputados figuraban el comisario jefe, Oskar de Santos, el excomisario José Luis Morcillo y el exintendente Miguel Carmona, entre otros.
Durante las declaraciones, los altos mandos investigados atribuyeron la acusación a un "montaje" y denunciaron que la oposición usó el caso como "ariete político" para dañar la imagen de la Alcaldía de Madrid.
En la argumentación jurídica del archivo, se expone que las oposiciones se convocaron por decreto de 2 de julio de 2021 para la cobertura de 6 plazas, y se presentaron 230 personas. El auto señala que únicamente el presidente del tribunal tenía acceso completo al contenido del examen, y que ni él ni los vocales aparecen como denunciados. Además, según las declaraciones recogidas, las preguntas se elaboraban por los miembros del tribunal sin conocer el conjunto del examen y la clave de acceso se remitía posteriormente, lo que hacía imposible conocer el contenido global de la prueba con antelación.
El magistrado subraya que conforme a las actuaciones "no se sostiene de ninguna manera ninguna de las afirmaciones realizadas en el escrito de denuncia, mas allá de la mera sospecha o afirmaciones sin elemento probatorio suficiente".
Al respecto, la vicealcaldesa y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, tras conocer el archivo, manifestó que espera "una rectificación en el día de hoy" por parte de la izquierda tras las acusaciones vertidas a lo largo de los meses. En la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, Sanz insistió en que "algunos deberán corregir las barbaridades que se han oído en los últimos días".
Por su parte, desde la Asociación de la Policía Unificada de Madrid (APMU) han lamentado la decisión, pues consideran que no se han tenido en cuenta sus argumentos ni su petición de pruebas. Fuentes consultadas por Europa Press apuntan que estudiaran el auto para un posible recurso.