Esa fotografía, como un capricho de Goya. Como una representación teatral, grotesca, de nuestra decadencia. La expresiva posición de las manos: la una altiva, tendida hacia arriba, gentilmente ofrecida, merecida recompensa; la otra lacia, dócilmente implorante, agradecida. El cuerpo forzadamente inclinado, sumiso; el rostro henchido, orgulloso, embebecido. Las sonrisas retumbantes, exageradas, fingidas, componiendo la elocuencia del marco de valores.
Ese cuadro desacomplejado de Álvaro García Ortiz con Pedro Sánchez en el Palacio Real, en presencia de Begoña Gómez y de Francina Armengol, constituye el símbolo de una derrota de la credibilidad de nuestras instituciones y de la consiguiente victoria de la identificación partidista como guía inmoral, incentivada desde el mismo corazón del poder, de algunos servidores públicos. De la irrigación en el entramado del Estado de la deriva sentimental de nuestra democracia. En la semana memorable de Felipe VI, de su reivindicación de la "integridad" aunque sea al precio de un "coste personal", obtenemos el retrato esclarecedor del fiscal general del Estado.
La situación de García Ortiz es desesperada, cada día más cerca de una imputación ante el Tribunal Supremo por un delito que, de terminar en condena, implicaría su expulsión de la carrera fiscal. Cualquiera que apreciase la dignidad de la institución por encima de sí mismo entendería que, en esa circunstancia, no tiene otra alternativa que dimitir, por la fractura que provoca en el organismo que dirige pero sobre todo porque es imposible que sea percibida como mínimamente neutral la actuación de quien se encuentra en esa posición de extrema debilidad: inevitablemente se echa en manos del poder, de quien espera su rescate.
Esto fue lo que ocurrió en la Junta de Fiscales: años de nombramientos sectarios y ajenos a cualquier consideración de mérito y capacidad no fueron sin embargo suficientes ante la claridad del informe contrario a amnistiar el delito de malversación en Carles Puigdemont elaborado por los cuatro fiscales del procés. García Ortiz tuvo que recurrir para conservar una ventaja literalmente pírrica a Dolores Delgado, que participó pese a conocer que su nombramiento ha sido anulado por el Tribunal Supremo, y a rebañar incluso el voto telemático de una fiscal que se encontraba hospitalizada. Todo sea por la causa.
Los movimientos para instrumentalizar la Fiscalía y así vencer las resistencias del Poder Judicial sobre la amnistía coinciden con la negociación soterrada para renovar el órgano de gobierno de los jueces, que provoca efervescencia política y se produce en el contexto de la próxima publicación del Informe sobre el Estado de Derecho de la Comisión Europea. Ésta a su vez se ha comprometido a emitir en algún momento su posición sobre la medida de gracia, que le ha pedido reiteradamente Alberto Núñez Feijóo. España se expone a una advertencia de apertura de un procedimiento sancionador después de años de incumplimiento. La presión es para los dos: la UE exige un nuevo Consejo pero también, "de forma subsiguiente", el compromiso de una reforma para que los vocales judiciales sean elegidos por jueces y magistrados. Lo que se recuerda con poca frecuencia es que la Comisión también reprocha a nuestro país, con la misma importancia, que el mandato del fiscal general del Estado esté vinculado al del Gobierno.
De este incumplimiento existe un único responsable, que es el Ejecutivo de Sánchez, que además esta vez lo ha hecho con ostentación. El Gobierno anunció que mantenía la confianza en García Ortiz el mismo día que el comisario Didier Reynders había recordado en la Eurocámara esa inobservancia de España y al siguiente de que el Supremo lo condenase por "desviación de poder". La nota de prensa de La Moncloa destacaba además que lo designa "hasta 2027", haciendo escarnio de que su mandato está vinculado al del Gobierno: precisamente lo que la UE pide que no ocurra. Así que, cuando Félix Bolaños y Esteban González Pons acudan a la mediación de las instituciones europeas para intentar cerrar un acuerdo, los dos podrán informar de que ese fiscal general, ese mismo, está a los pies del Alto Tribunal por haber cometido un presunto delito de inequívoca motivación política al servicio del interés personal del presidente del Gobierno.
Eso es, por si había alguna duda, lo que se desprende de los whatsapp de García Ortiz publicados esta semana en EL MUNDO gracias a la exclusiva de Ángela Martialay: "Almudena, no me coges el teléfono. Si dejamos pasar el momento nos van a ganar el relato". Ahí está: un fiscal general actuando como el jefe de prensa del presidente del Gobierno en una batalla de su institución contra una rival política. Los mensajes retratan una obsesión personal y una ausencia de autocontrol impropias de un cargo que exige autonomía. Que le llevaron a ver una noticia falsa donde no la había y un desdoro hacia la institución donde no existía, por más campañas de desinformación que organicen las clacs gubernamentales que promueven que el fin justifique los medios. El exceso de incluir en un comunicado la confesión de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, vulneración de su derecho de defensa objetivamente innecesaria, es la prueba de la exclusiva motivación política de García Ortiz. "Es imperativo", dice el fiscal general. Lo es, claro que sí. Lo imperativo es que dimita.