Cerca de un centenar de los más de mil yihadistas detenidos en España en los últimos 20 años permanecen en prisión, algunos ya condenados y otros pendientes de juicio. Uno de ellos, Mohamed Houli Chemlal, condenado a 43 años de prisión por los atentados de Barcelona y de Cambrils, se sentó la semana pasada en el Congreso de los Diputados para avalar la teoría de la responsabilidad del Estado, el central, en el brutal acto terrorista. El preso declaró, esposado, lo que Puigdemont quería oír y fue devuelto a la cárcel de Córdoba.
El PP, en protesta por la presencia del preso en la Cámara, abandonó la comisión que pretende demostrar que el CNI pudo evitar la matanza del 17-A, una de las concesiones de Pedro Sánchez a Junts a cambio de hacer presidenta del Congreso a Francina Armengol. La comisión está siendo un despropósito, porque el único fin de Puigdemont es culpabilizar al Estado y victimizarse él. El independentismo puso en marcha esa estrategia muy pronto, unos días después de los atentados, en la bochornosa manifestación de repulsa, y lo ha venido haciendo en las que se han convocado en cada aniversario. Como siempre, una vez más, sin ningún respeto por los más débiles, las víctimas.
También la presencia en el Congreso de un terrorista implicado en una salvaje matanza agranda el dolor de los que la sufrieron y el de sus familiares. Es su presencia la que debería haberse evitado, pero no su testimonio. Con todas las posibilidades telemáticas que existen podía haber declarado desde la cárcel y evitar el espectáculo. La palabra de alguien que contribuyó a causar tanto daño tiene el valor que tiene, pero no hay que rehuirla. El problema es que exista esa comisión de investigación formulada sobre una hipótesis tan vaga, pero, una vez que está constituida, tiene que investigar. Y qué mejor testimonio que el de alguien que participó en la preparación de los atentados. Mintió para evitar su condena y lo normal es que lo siga haciendo, pero una cosa es escucharle y otra creer lo que dice. Este periódico ha entrevistado a yihadistas condenados, también a sangrientos terroristas de ETA, y ha sido muy criticado por ello. En su día, el propio PP, que ahora se rasga las vestiduras, pidió la comparecencia en la comisión de investigación del 11-M de Rafa Zohuier, condenado por el atentado.
El testimonio de Houli sólo le ha interesado a Puigdemont, que es el único que cree que ha respaldado sus elucubraciones. Más claro no lo ha podido decir, afirma desde Bruselas. Y lo que dijo es que el CNI tenía conocimiento de las intenciones del imán de Ripoll y que permitió que le comiera a la cabeza a gente como él. Sin pruebas y sin contundencia, meras conjeturas que una vez oídas contribuyen a ese derecho a saber la verdad sobre los atentados del 17-A (así se llama la comisión) dejando hablar a un terrorista. Concedido el derecho, cuestión diferente es cuál es la verdad.