En octubre de 2018, un año después del 1-O y todavía bajo el shock de la moción de censura, Rafa Latorre entrevistó en estas páginas a Jordi Amat, un intelectual respetado en Cataluña que ahora dirige el suplemento cultural de El País y que se encuadra a sí mismo en lo que él llamaba entonces "tercerismo". Se entiende que se refería así a la órbita de valores del PSC. En un momento de la conversación, durante una respuesta, Amat lanzó al aire una pregunta retórica pero al mismo tiempo profundamente esclarecedora: "¿Tú estás de acuerdo conmigo en que Cataluña no es Murcia?". "La cuestión es si la diferencia es un valor político y qué se quiere decir con ella", le respondió Latorre. Ahí cabe todo el mar de fondo que condiciona secularmente la política española porque nunca deja de rugir aunque a veces se le escuche menos: un catalán tiene que ser diferente de un murciano.
El nacionalismo es la politización de la diferencia. Y toda diferencia, cuando se politiza, aspira al privilegio. Esta es la raíz de la financiación singular, que no será generalizable por el mismo motivo. Si se aprobase el acuerdo, el murciano tendría que pagar más impuestos para tener peores servicios públicos.
El salto cualitativo está en el membrete que rubrica el documento. No es un pacto entre partidos. No hay cifras, ni memoria económica, pero sí un cambio de paradigma: por primera vez, un Gobierno de España acepta que la diferencia identitaria de una comunidad autónoma justifica una diferencia estructural en su relación con el Estado. Cataluña recibirá un trato específico no por sus indicadores sociales, económicos o demográficos, eso es farfolla, sino por ser ontológicamente diferente. No estamos ante una concesión táctica para mantener la legislatura: es una redefinición constitucional del modelo de país.
Este es el germen de la discordia. España se configuró en 1978 como proyecto solidario de vida en común en el que se reconocía la pluralidad sin fracturar la igualdad para que todos los ciudadanos, vivan donde vivan, tengan los mismos derechos y deberes. El Estado destruye ahora esta premisa, renuncia a su función redistributiva y deja de ser el espacio de lo común.
En La factura del cupo catalán, los profesores Francisco de la Torre y Jesús Fernández-Villaverde documentan detalladamente que Cataluña no está infrafinanciada. Lo más interesante del libro es que el diagnóstico de su incapacidad para competir con Madrid y prestar adecuadamente los servicios públicos reside en las políticas del nacionalismo -Cataluña es con mucha diferencia la comunidad que menos crece desde 2016, por la inseguridad jurídica que provocó el procés- y en una estructura de gasto desequilibrada que ha hecho de la Generalitat una administración insostenible, con los impuestos más altos de España, por cuatro factores: la querencia por partidos refractarios a la economía de mercado y aferrados al gasto público, "los costes adicionales de las políticas lingüísticas", "el intento de construir estructuras de protoestado" y "el uso del empleo público como herramienta de lealtad política". Toda una disección de la cultura política del nacionalismo que concluye con la predicción de que, de concederse la financiación singular, la situación no hará otra cosa que agravarse.
Se dice que el acuerdo de la financiación singular no resuelve. Todo el diseño político del sanchismo es eso: una ficción sostenida sobre una expectativa para dar a sus socios la coartada con la que mantenerlos cautivos. Pero esto no significa que no tenga efectos: Pedro Sánchez perpetúa su legado y conforma su cartel electoral en clave frentista y plebiscitaria. Hace dos semanas, en plena efervescencia del caso Cerdán y en la sima de la debilidad del presidente, lo verbalizó Arnaldo Otegi: se trata de la España confederal y plurinacional contra el "bloque reaccionario" de PP y Vox. A eso vamos. La financiación, el Poder Judicial propio, el referéndum, el modelo de Estado: un programa para las elecciones y un proyecto estratégico más allá de ellas. Como en un Pacto de San Sebastián del siglo XXI.
El PSOE desaparece como partido que garantizaba la cohesión territorial y queda atado a un posicionamiento histórico opuesto a su naturaleza y a su tradición desde la refundación de Felipe González, subordinado a los intereses del PSC y al crecimiento de sus bases electorales en Cataluña; Sánchez consolida a Salvador Illa como líder hegemónico para las élites nacionalistas de Barcelona, que no soportan la pujanza de Madrid -Madrid DF, con todo su desprecio- y aspiran a independizarse de la caja del Estado para encaminarse hacia una separación de hecho; y al mismo tiempo intenta bloquear la alternativa, porque vuelve a poner al PP ante la tesitura de afrontar las consecuencias de frustrar la expectativa. La semilla de otro procés. Pero que nadie se equivoque: las encuestas dan hoy a los dos partidos de la derecha alrededor de 200 escaños. Si se materializase ese resultado, no estaríamos ante un simple cambio de mayorías: hablaríamos de hartazgo ante un estilo político, de una reorganización de la sociedad sobre nuevos valores, del impacto de fenómenos de nuestro tiempo como la inmigración o la carestía de la vivienda, pero sobre todo de un mandato insoslayable en torno a una idea de España.