El presidente del PP vasco Javier de Andrés y el parlamentario Santiago López forzarán el próximo viernes al lehendakari Imanol Pradales y a la consejera socialista María Jesús San José a pronunciarse sobre la concesión de beneficios penitenciarios a los ex jefes de ETA que, como Garikoitz Azpiazu Txeroki, se encuentran en las tres cárceles del País Vasco. De Andrés reprochará el "trato privilegiado" que el Ejecutivo vasco dispensa a condenados por terrorismo con condenas de cientos de años de cárcel por cometer y ordenar asesinatos. La consejera San José explicó ayer cómo actúa su Departamento en la concesión de regímenes de semilibertad con la aplicación del artículo 100.2 del reglamento penitenciario o la concesión del tercer grado a los etarras.
El PP vasco colocará en el debate parlamentario vasco una polémica que incomoda a PNV, al PSE-EE pero, especialmente, a EH Bildu. La coalición abertzale monitoriza la concesión de beneficios penitenciarios a los ex miembros de ETA y daba por hecho la discreción en la salida de los que denomina 'presos políticos". Pero la iniciativa parlamentaria De Andrés obliga a Pradales a apuntalar la versión utilizada por San José que, en una calculada ambigüedad, se parapeta en el cumplimiento de la legalidad y el criterio técnico de los profesionales de las juntas de tratamiento para no aclarar la situación de casos concretos como los de Garikoitz Azpiazu Txeroki o el de Asier Arzalluz.
"¿Cuál es el criterio utilizado por el Gobierno vasco para otorgar a Garikoitz Azpiazu, alias Txeroki, el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario?", preguntará Santiago López a San José. La consejera socialista de Justicia eludió el pasado jueves 12 de febrero la misma pregunta en una comparecencia ante periodistas a escasos 100 metros de la cárcel de Martutene. Todo apunta a que San José volverá a escudarse en que no facilita datos concretos sobre la situación penitenciaria de etarras.
"Sabemos que no es solo el caso de Txeroki, sino que hay muchos más beneficios a presos de ETA de los que hay para los presos condenados por otro tipo de delito. De los 35 artículos 100.2 que se habían otorgado por el Gobierno Vasco a junio de 2025, 30 habían sido para presos de ETA, es decir, un 85%. A 400 presos condenados por otros delitos se les denegó la posibilidad de acercarse a una prisión vasca, cuando en el caso de presos de ETA no se le denegó a ninguno", advierte el parlamentario Santiago López. El representante del PP por Bizkaia ha reclamado transparencia a San José durante toda la legislatura sobre la concesión de beneficios penitenciarios que se ocultan a las víctimas. "Con Txeroki, el Gobierno Vasco ha cruzado una línea moral: a los asesinos les abren la puerta; a las víctimas les cierran la voz", constata López.