El martes recibimos una nota de la Red de Colegios Profesionales de Periodistas alertando sobre los peligros de la Ley Europea de Libertad de los Medios de Comunicación que se está tramitando en Bruselas, porque algún país de la UE como Francia pretende que esa ley permita "la vigilancia de los periodistas y de sus fuentes, incluida la utilización de programas espía, si las autoridades lo consideran oportuno por motivos de seguridad nacional", y recordando que "el objetivo de esta ley era proteger a los periodistas y a los medios de comunicación de los intentos de control político por parte de los gobiernos y de diferentes grupos de presión, salvaguardando así la libertad de prensa y el pluralismo informativo, por lo que es inaceptable que algunos países estén intentando modificar algunos puntos de la ley para precisamente tener herramientas que aumenten el control sobre los periodistas".
Tiene razón en su protesta este conjunto -una "red", sin personalidad jurídica, de los Colegios de Periodistas que existen en algunas de las comunidades autónomas españolas-, pero resulta paradójico que estén defendiendo la libertad, no de todos los ciudadanos, sino de algunos privilegiados, los periodistas "colegiados". Y ello nos recuerda una vieja batalla que libramos en los albores de la democracia constitucional española muchos periodistas frente a los intentos de algunos de convertir el periodismo en una profesión "colegiada", es decir, que sólo se puede ejercer si se posee una cualificación académica determinada. Como siguen reclamando esos Colegios -significativamente, no lo hay en Madrid-, sólo con una licenciatura en Ciencias de la Información se puede ser periodista profesional.
En aquella vieja batalla, con la Constitución de 1978 aún muy reciente, que proclamaba en su artículo 20 que la libertad de expresión es derecho de todos los ciudadanos, muchos periodistas -y sus órganos internacionales, como el Instituto Internacional de Prensa-, mantuvieron que su ejercicio profesional no puede restringirse. Nadie tiene un derecho universal a construir edificios o defender a imputados ante la ley, por lo que es lógico exigir cualificaciones a arquitectos o abogados, y que los Colegios profesionales las certifiquen. Pero aquellas profesiones -políticos, escritores, periodistas- amparadas por derechos civiles fundamentales no pueden quedar limitadas a algunos privilegiados con una formación determinada.
Seguimos en esa pugna, y pensamos que los Colegios que hoy defienden la profesión están defendiendo, en realidad, su privilegio. Y, por cierto: ninguna democracia occidental exige una titulación determinada para ejercer el periodismo. Es parte esencial de nuestras libertades.
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