Quien controlaba los yacimientos, los oleoductos y las rutas marítimas controlaba el destino de las naciones. El ya fallecido senador y candidato a la presidencia de EEUU, John McCain, lo resumía en 2008 con una sencilla frase: «Quien controla el petróleo, controla mucho más que el petróleo».
Pero al oro negro la ha salido competencia. Ahora es el silicio, transformado en procesadores y memorias mediante complejísimas operaciones industriales, el que se ha convertido en el activo estratégico más disputado del siglo XXI. Cuesta creerlo dada su abundancia: es después de todo, el segundo elemento más común en la corteza terrestre después del oxígeno. Cualquier puñado de arena de playa tiene todo el silicio necesario para construir el chip más avanzado que se pueda imaginar.
Refinado, condensado en una oblea y expuesto a varios ciclos de litografía extrema, es decir, convertido en chips para todo tipo de productos de electrónica, es donde este silicio alcanza su máximo potencial. En 2024 la industria de los semiconductores facturó cerca de 533.000 millones de euros. Las previsiones apuntan a que 2025 se habría cerrado con unos 592.000 millones y en 2026 se espera que esta cifra crezca aún más, hasta los 620.000 millones de euros. Para 2030, las proyecciones más conservadoras hablan de más de un billón de euros de facturación.
Estas cifras son impresionantes por sí solas pero apenas capturan la magnitud real del fenómeno. Estos semiconductores, estos chips, sustentan más de siete billones de euros en actividad económica derivada: la IA, la computación en la nube, los vehículos eléctricos, telecomunicaciones, defensa militar... Aproximadamente el 7% de toda la actividad económica global depende, directa o indirectamente, de estos diminutos componentes. Casi todo lo que usamos o hacemos a diario necesita al final de un chip, un procesador o una memoria para almacenamiento de datos. Sin ellos, la sociedad tal y como la conocemos no podría existir y, sorprendentemente, hay pocos sitios donde fabricarlos, sobre todo cuando se buscan los más avanzados.
En el corazón de esta nueva economía hay una isla de apenas 36.000 kilómetros cuadrados. Taiwán fabrica el 60% de todos los semiconductores del planeta y el 90% de los chips más avanzados, esos que alimentan los centros de datos de IA, los sistemas militares de última generación o los teléfonos móviles. Una sola empresa, TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company), domina más del 50% del mercado global de fabricación de chips por contrato. Sus plantas producen los procesadores que dan vida a los iPhone de Apple, a las tarjetas gráficas de Nvidia y a los sistemas de conducción autónoma de decenas de fabricantes de automóviles.
Como cabría esperar, esta concentración geográfica resulta extraordinariamente vulnerable. Un conflicto en el estrecho de Taiwán no solo supondría una crisis humanitaria y militar; paralizaría la economía mundial de un modo que haría palidecer las disrupciones de la pandemia. Los gobiernos son cada vez más conscientes de ello. Por eso EEUU, Europa o Japón han lanzado en los últimos iniciativas millonarias para construir fábricas de chips en sus territorios. Por eso China invierte cantidades astronómicas, también, en desarrollar capacidades propias. La carrera por la soberanía del silicio ha comenzado y este 2026 será un año clave para quienes aspiren a dominar la economía global.
Es una carrera en la que, de momento, no hay favoritos. EEUU, el país que inventó el transistor y dominó la fabricación de chips durante décadas, ha visto cómo su cuota de producción global caía del 40% en 1990 a menos del 12% actual. Durante muchos años no ha supuesto un gran problema. Con una doctrina comercial apoyada en la globalización, las grandes tecnológicas del país, como Apple o Google, podían actuar con cierta despreocupación, seguras de que China, Taiwan, Japón o Corea del Sur proveerían los componentes necesarios para sus dispositivos y servidores.
El aumento de la tensión comercial con China en los últimos años, sin embargo, ha disparado la alarma. En el año 2022, Joe Biden, entonces presidente del país, firmaba la conocida como CHIPS Act, un paquete de medidas que incluía incentivos por valor de hasta 52.700 millones de dólares para reconstruir su industria de semiconductores nacional. La legislación ha desatado una oleada de inversiones privadas que ya superan los 500.000 millones, con proyectos de nuevas fábricas de semiconductores en más de 25 estados.
Intel, el gigante estadounidense que durante décadas reinó en el mercado de procesadores para PC, es la cara más visible de esta transformación. La compañía ha invertido más de 90.000 millones en los últimos cuatro años para modernizar sus instalaciones y competir con TSMC como fabricante de chips para terceros. «Somos la única compañía que puede realizar todo el trabajo en la cadena de producción de semiconductores, desde el I+D hasta la fabricación final, en Estados Unidos», explica Lip-Bu Tan, el nuevo presidente de Intel.
La importancia estratégica es tal que la administración de Donald Trump ha decidido transformar estas subvenciones de la CHIPS Act en una participación directa del gobierno en la empresa. Ahora Estados Unidos es el accionista mayoritario de Intel, con casi un 10% de participación.
Europa ha seguido pasos parecidos con la conocida como ECA (Ley de Chips Europea, por sus siglas en inglés), una estrategia integral lanzada por la Unión para reforzar su industria de semiconductores, con el objetivo de duplicar su cuota de mercado global del 10 por ciento al 20 por ciento para 2030 atrayendo inversiones, construyendo nuevas fábricas y asegurando las cadenas de suministro.
La región cuenta además con una baza importante. ASML es la empresa holandesa que fabrica las máquinas de litografía de luz ultravioleta extrema, indispensables para producir chips avanzados en cualquier región del planeta. Sin sus equipos, complejos sistemas del tamaño de una habitación, necesarios para poder esculpir en el silicio los diminutos transistores y valorados en cientos de millones de euros, ningún país puede fabricar semiconductores de última generación.
Al otro lado del tablero, el gobierno de Pekín también está moviendo sus piezas a gran velocidad. En 2014 estableció como objetivo crear una industria de semiconductores que fuera líder mundial para 2030, y en mayo de 2024 lanzó un nuevo fondo de 344.000 millones de yuanes (más de 36.000 millones de euros) para acelerar el desarrollo doméstico. El país aspira a sustituir el 70 por ciento de los semiconductores importados en 2025 y alcanzar la autosuficiencia total para el final de la década.
Los avances han sido notables. SMIC, el mayor fabricante chino, ya produce chips de 7 nanómetros utilizando tecnología más antigua que la que usa TSMC en sus plantas de Taiwan, pero sorprendentemente eficaz. Huawei, a pesar de las sanciones, ha logrado desarrollar procesadores competitivos para sus teléfonos y equipos de telecomunicaciones y en enero de 2025, la startup DeepSeek sorprendió al mundo con un modelo de inteligencia artificial que rivalizaba con los de OpenAI, Google y Anthropic, desarrollado con recursos notablemente inferiores. Todo apunta a que China añadirá más capacidad de fabricación de chips en su territorio que el resto del mundo combinado en los próximos años, y las proyecciones sugieren que su cuota de capacidad global de fábricas podría alcanzar el 21 por ciento en 2030.
Desde Estados Unidos se ha intentado poner freno a esta expansión mediante controles de exportación que restringen el acceso de China a semiconductores avanzados, equipos de fabricación y software de diseño. Las restricciones se han endurecido progresivamente, afectando incluso a empresas de terceros países que utilicen tecnología estadounidense. A pesar de ser europea, ASML, por ejemplo, espera una «caída significativa» en sus ventas a China en 2026 debido precisamente a las limitaciones impuestas a sus sistemas de litografía.
Pekín, en cualquier caso, también tiene munición. Ha respondido restringiendo la exportación de materias primas críticas como el galio y el germanio, esenciales para la fabricación de semiconductores.
La litografía extrema ultravioleta, el diseño asistido por ordenador y las herramientas de software para IA serán los puntos críticos en la cadena de suministro
Mientras gobiernos y empresas libran batallas geopolíticas, otra crisis se está gestando en los mercados. Incluso a pleno rendimiento, la capacidad de producción actual simplemente no es suficiente. La explosión de la IA ha desencadenado una demanda insaciable de procesadores gráficos (necesarios para el tipo de cálculos que hacen posible los modelos de lenguaje en los que se basan herramientas como ChatGPT) y memorias de alto rendimiento.
Los centros de datos que entrenan modelos como ChatGPT, Gemini o Claude necesitan cantidades ingentes de un tipo especializado de memoria que ofrece un ancho de banda superior al de los módulos convencionales que solemos ver en móviles o PC. Estas memorias, sin embargo, se fabrican en las mismas plantas, con los mismos equipos y las mismas obleas de silicio que las destinadas a productos de consumo.
Los fabricantes han tomado una decisión racional desde el punto de vista económico pero devastadora para el consumidor. Están dando prioridad a las peticiones de las grandes tecnológicas, cuyos márgenes de beneficio pueden superar el 60%, frente a las memorias y procesadores convencionales. Samsung, SK Hynix y Micron -las tres empresas que controlan más del 90% del mercado de memoria DRAM- han redirigido sus líneas de producción hacia estos chips para inteligencia artificial.
Las consecuencias ya se sienten. Los precios han aumentado un 171% en lo que va de año. Para ciertos productos específicos, incluso más. Los módulos de memoria DDR5 que hace meses costaban menos de 100 euros ahora superan los 300. IDC prevé que los precios medios de los PC suban hasta un 8 por ciento en 2026 solo por este encarecimiento de la memoria.
Micron, que cerrará su división de consumo Crucial a principios de 2026, reconoció en su última llamada con inversores que «la oferta agregada de la industria permanecerá sustancialmente por debajo de la demanda en el futuro previsible». Los expertos estiman que la escasez persistirá al menos hasta la segunda mitad de 2026, y algunos analistas advierten que los precios podrían no normalizarse hasta 2028 o incluso más tarde. Las nuevas fábricas de memoria anunciadas por los principales fabricantes no entrarán en producción hasta 2028 como pronto. Cuando lo hagan, la prioridad serán también los centros de datos destinados a tareas de inteligencia artificial.
El horizonte de 2026 se presenta turbulento. Deloitte anticipa que tecnologías como la litografía extrema ultravioleta, el diseño asistido por ordenador y las herramientas de software para modelos de IA se convertirán en puntos críticos del suministro.
Pero no serán los únicos obstáculos. La industria necesitará también añadir un millón de trabajadores cualificados en los próximos cuatro años pero todo apunta a que el déficit de talento se intensificará en 2026, especialmente en Estados Unidos y Europa, donde políticas de inmigración más restrictivas y el envejecimiento de la fuerza laboral están complicando la formación de ingenieros especializados.
La entrada de empresas no tradicionales en el diseño de chips -gigantes tecnológicos como Apple, Google, Amazon y Tesla- está agravando la competencia por los profesionales cualificados.
La fiebre del silicio tiene también una factura ecológica. Greenpeace ha alertado de que las emisiones de CO2 derivadas de la fabricación de chips para inteligencia artificial se cuadruplicaron en 2024. La demanda de energía para producir estos semiconductores ha crecido un 351%, pero el aumento de emisiones ha sido aún mayor, del 357 por ciento, porque buena parte de la producción se concentra en países como Corea del Sur y Taiwán.
La demanda de chips para inteligencia artificial tendrá un gran coste ecológico dado el aumento de las emisiones de CO2
Pase lo que pase, el mundo que emerja de este periodo será muy diferente al de la globalización optimizada de las últimas décadas. Las cadenas de suministro parecen destinadas a fragmentarse en bloques regionales. Las empresas tendrán que diseñar y fabricar chips de manera diferente dependiendo de dónde vayan a venderse. La eficiencia cederá protagonismo a la seguridad; el coste, a la soberanía.
Para los consumidores, esto probablemente se traducirá en productos más caros y menos innovadores. La promesa de una tecnología mejor y asequible dejará de ser automática y la pregunta que definirá el orden mundial ya no será quién posee los recursos del suelo, sino quién controla la capacidad industrial para transformar la arena en poder hegemónico.