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Nervios, ataques de ansiedad, llamadas de teléfono de ex altos cargos, presiones... Es el ambiente de histeria que se vivió dentro de la Junta de Andalucía cuando comenzaron a aflorar los detalles más escandalosos del fraude de los ERE, las generosas ayudas públicas abonadas por el Gobierno andaluz durante una década, en la etapa del PSOE, con la excusa de socorrer a empresas en crisis. Fueron casi 680 millones de euros repartidos sin control y de forma arbitraria entre 2000 y 2009.
Los pormenores de aquel fin de semana de infarto y los días que vinieron después los ha narrado con todo lujo de detalles una de las testigos clave del caso de los ERE: María José Rofa, ex asesora de la Dirección General de Trabajo, el departamento de la Junta que concedía arbitrariamente y sin someterse a ningún tipo de norma las ayudas de los ERE. Su testimonio ya fue decisivo en el primer juicio de los ERE contra los ex presidentes andaluces Chaves y Griñán y el resto de ex altos cargos. Pero la testigo sigue declarando en el resto de piezas desgajadas de la macrocausa.
La prolija declaración de Rofa se ha oído -el día 2 de diciembre- en el juicio que se está celebrando en la Audiencia de Sevilla sobre las ayudas irregulares concedidas a trabajadores de la empresa Fertiberia. En el banquillo de los acusados se sientan Daniel Alberto Rivera, el ex director general de Trabajo y Seguridad Social involucrado en más de medio centenar de piezas separadas de los ERE, tras haber sido apartado de la pieza principal en la que estaban los ex presidentes andaluces. El otro acusado es el ex sindicalista Juan Antonio Florido, que era secretario de Organización, Finanzas y Comunicación de la Federación de Industrias Textil-Piel, Químicas y Afines (Fitega) de CCOO.
Por lo tanto, la macrocausa de los ERE vuelve de nuevo a juicio, pese a la rehabilitación política de los ex presidentes andaluces Chaves y Griñán el pasado 30 de noviembre en el congreso federal del PSOE celebrado en Sevilla, después de que el Tribunal Constitucional borrase este verano, con la mayoría de magistrados afines al PSOE, la sentencia que condenó a seis años cárcel a Griñán e inhabilitó a Chaves. La causa judicial de los ERE sigue viva en los tribunales a pesar, también, de las constantes invocaciones al lawfare - traducido al español como "persecución judicial" o "instrumentalización de la Justicia"- de los dirigentes del PSOE para tratar de blanquear el saqueo.
Hace catorce años
Para contextualizar el testimonio de María José Rofa hay que remontarse catorce años atrás. El fin de semana que saltaron las alarmas dentro de la Consejería de Empleo se vivió en noviembre de 2010, tan sólo dos meses antes de que la jueza Mercedes Alaya abriera oficialmente el 19 enero de 2011 las diligencias previas número 174/2011, que dieron lugar al caso ERE. En noviembre de 2010, los altos cargos de la Consejería de Empleo llevaban tan solo unos meses en sus puestos y pretendían poner fin al sistema irregular de ayudas de los ERE que habían instaurado sus antecesores, con el ex alto cargo ya fallecido Javier Guerrero como pieza clave de la trama.
En noviembre de 2010, salió a la luz la existencia del conocido como intruso cero de los ERE. Era Antonio Garrido Santoyo, dirigente de la ejecutiva local del PSOE del municipio jiennense de Baeza y miembro de UGT. Se prejubiló como si fuera un trabajador de Mercasevilla, pero lo cierto es que nunca trabajó en el mercado de abastos. Su nombre se coló en la lista de empleados de la lonja que se prejubilaron a través de un expediente de regulación de empleo (ERE) en 2007 que fue costeado por la Junta. Y en la Dirección General de Trabajo querían averiguar si este intruso era un caso aislado o se repetía en más ERE subvencionados por el Gobierno andaluz. Pronto descubrieron que no era, ni mucho menos, el único.
Para investigar la presencia de intrusos en los ERE costeados por la Junta, un reducido grupo de trabajadores de la Consejería de Empleo se encerró el fin de semana de noviembre de 2010 en las oficinas de la Dirección General de Trabajo, junto a varios altos cargos, para revisar, uno a uno, los expedientes. "Sabíamos que iba a pasar", le dijo María José Rofa al entonces viceconsejero de Empleo Justo Mañas, uno de los altos cargos que supervisó el trabajo y estuvo también en las oficinas de la Junta aquel fin de semana.
Notas manuscritas
Rofa ha contado en el juicio que ya sabían que el legado que les había dejado el antiguo director general era algo más que tóxico, con expedientes de ayudas en los que "no había un mínimo de documentación, solo papeles sueltos de alguna reunión" y notas manuscritas del puño y letra de Guerrero.
Aquel fin de semana los "niveles de estrés fueron muy elevados", con Guerrero llamando por teléfono, a pesar de que había dejado de ser alto cargo dos años antes, y con "instrucciones claras" para que no saliera de allí lo que estaban haciendo y lo que iban descubriendo. Tal nerviosismo acumuló la plantilla que al día siguiente, María José Rofa, al abrir su ordenador, borró por error los archivos que habían confeccionado con todo el trabajo del fin de semana. El informático de la Junta logró recuperarlos "al día siguiente", pero entre medias, Daniel Alberto Rivera la "obligó" -según ha contado en el juicio- a "autoinculparse" del borrado de archivos.
Rofa tuvo que redactar un escrito, asesorada por un colega de trabajo, mientras otra compañera sufría un ataque de ansiedad, ha detallado la testigo. Daniel Alberto Rivera "me hizo firmar ese escrito y me mandó a casa una semana, a pesar de que los informáticos recuperaron los archivos y no hubo pérdida de información", ha remarcado la testigo.
Pero dentro de la Junta ya sabían que había irregularidades con los ERE antes de que surgiesen los intrusos. Rofa ha explicado que la consultora PwC (PriceWaterhouseCoopers) y el bufete Garriges ya habían alertado sobre ello y así se le había trasladado a los responsables de Empleo y a la propia Presidencia de la Junta de Andalucía. Griñán fue presidente del Gobierno andaluz entre 2009 y 2013. Por eso, cuando descubrieron a los intrusos, Rofa proclamó: "Sabíamos que iba a pasar".
El domingo fue el consejero
Tan secreto fue el trabajo que hicieron en la Junta que hasta "borraron" las pruebas que podían delatar su presencia en fin de semana, como tazas con restos de café. El domingo recibieron la visita del entonces consejero de Empleo Manuel Recio, que adelantó el regreso desde Almería a Sevilla para ver "cómo iban los trabajos" y "apoyarles en esa tarea", según ha contado el propio Recio en el juicio por las ayudas de Fertiberia, donde ha declarado en calidad de testigo y por videoconferencia.
Otro testigo en el juicio de Fertiberia ha sido el ex diputado del PSOE en el Parlamento andaluz Ramón Díaz Alcaraz, quien trabajó como asesor en la Dirección General de Trabajo entre los años 2005 y 2009. Su testimonio ha sido escueto, ya que ha alegado que las ayudas de los ERE a Fertiberia se acordaron antes de que él desembarcara en la Junta y, por lo tanto, no participó en ninguna negociación sobre ellas. El juicio por las ayudas de Fertiberia no será el último. La macrocausa de los ERE se desgajó en más de un centenar de piezas separas y se han celebrado una veintena de juicios.