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Para llegar al Centro de Almacenamiento de Residuos Radiactivos de El Cabril (Córdoba) desde el Sur hay que recorrer una sinuosa carretera de montaña no apta para estómagos delicados por la cantidad de curvas que se concentran en los 36,7 kilómetros de su trazado. Si vas conduciendo, más te vale ir atento a lo que tienes delante, porque es fácil que se te cruce un ciervo. Si vas de copiloto, puedes recrearte en el vuelo de una oropéndola o en las impresionantes tonalidades del paisaje, un bosque de encinas que las lluvias de esta primavera han salpicado con los colores de la genista, la jara, la retama o la lavanda. El río Bembézar, que prácticamente baja seco en verano, lleva estos días un caudal generoso e incluso se han llegado a ver carpas intentando remontar la presa del embalse de El Cabril, que suministra el agua a toda la finca.
Los más de 200 camiones que cada año llegan hasta El Cabril con basura radiactiva procedentes de industrias, centros de investigación, hospitales o centrales nucleares no lo hacen a través de esta carretera serpenteante sino desde la que viene desde el Norte, que tiene un trazado menos tortuoso. Horas antes de la visita de EL MUNDO al centro, un tráiler ha descargado residuos procedentes de Zorita (Guadalajara), la central que se cerró en 2006 y cuyo proceso de desmantelamiento todavía continúa. También llegan a diario escombros de Garoña (Burgos), cerrada en 2013.
En los próximos años dejarán de funcionar los siete reactores que aún operan en España y que están localizados en cinco plantas nucleares. La próxima central que apagará sus motores, en 2027, será la de Almaraz I (Cáceres), y la última de todas, Trillo, (Guadalajara), en 2035. Todo ello si el Gobierno no se replantea su política contra la energía nuclear, cuestionada en los últimos tiempos y más tras el gran apagón, que ha puesto en tela de juicio la solvencia de una red eléctrica que dependa únicamente de las renovables.
EL CIERRE DE LAS NUCLEARES
El proceso de desmantelamiento de una central nuclear es una operación compleja que se extiende durante al menos 10 años. Según se recoge en el 7º Plan de Gestión de Residuos Radiactivos (PGRR), aprobado por el Gobierno en 2023, El Cabril recibirá todos los residuos generados durante el desmantelamiento siempre que sean de media, baja (RMBA) y muy baja actividad (RBBA). Por contra, los residuos de alta radiactividad (principalmente el uranio que usan los reactores como combustible) se almacenarán temporalmente en los depósitos habilitados en las propias centrales nucleares hasta que se habilite un almacén definitivo cuyo emplazamiento aún no está decidido.
Las 28 celdas (naves) que componen actualmente El Cabril se encuentran al 83 % de su capacidad. En 2024, recibió un total de 2.722,26 metros cúbicos de residuos radiactivos, un 3,7% más que el año anterior. Ese volumen seguirá incrementándose en años venideros, por lo que ya se están dando los pasos para construir 27 nuevas celdas, lo que incrementará su capacidad un 22%. Las obras para las 12 primeras celdas deberían comenzar en 2026. «Estas instalaciones no están pensadas ahora ni después de la ampliación para acoger los residuos de alta actividad», afirma Eva Noguero, directora del Centro de Almacenamiento, conjurando de esta forma uno de los temores que existen en torno al futuro y la vida útil de El Cabril. Desde el año 1986 hasta hoy, El Cabril ha recibido 63.424 metros cúbicos de residuos.
Dado que El Cabril es hoy el único cementerio nuclear de España y su presencia no genera una gran contestación social, desde el movimiento ecologista se teme que el Gobierno (el que tenga que tomar la decisión en el futuro) tenga la tentación de localizar también en este enclave, alejado más de 20 kilómetros de la población más cercana, el almacén definitivo para los residuos de alta actividad, el denominado Almacén Geológico Profundo (AGP). Pero, para ello, sería necesario que se dieran unas condiciones geológicas que garantizaran la estabilidad del terreno a grandes profundidades. «No hay nada planteado en esa línea», explica Eva Noguero. Lo dispuesto en el 7º PGRR apunta en otra dirección por las características del suelo. «Este es un almacén en superficie y el AGP almacenará los residuos a gran profundidad», subraya la directora, descartando tajantemente que se esté pensando en El Cabril con ese objetivo.
En cualquier caso, la construcción de 27 nuevas celdas de almacenamiento ha suscitado el rechazo de las organizaciones ecologistas que vienen reclamando el cierre definitivo desde hace décadas, apelando a que el entorno, de enorme belleza y valor ecológico, no es el idóneo para acoger una instalación de estas características.
LA SEGURIDAD DEL SISTEMA
Fue el régimen de Franco el que empezó a almacenar residuos radiactivos en El Cabril pero han sido los gobiernos democráticos los que han ido consolidándolo como el único cementerio nuclear de España y han desoído durante décadas las quejas de los grupos conservacionistas, que alertan del riesgo sísmico en la zona y cuestionan su seguridad a raíz de que se produjeran -aseguran- unas filtraciones de agua que pusieron en alerta al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y obligaron a tomar medidas correctoras.
La directora del centro responde a EL MUNDO defendiendo la seguridad del sistema y la gran cantidad de controles externos a los que están sometidas las instalaciones. Sólo en 2024 se han tomado en torno a 1.058 muestras de la flora, la fauna, el agua y el suelo en 126 puntos diferentes, certificando el «nulo impacto en el entorno» por radiactividad.
Noguero niega, además, que se hayan producido filtraciones incontroladas al exterior. A este respecto, explica que el diseño de las celdas destinadas al almacenamiento de muy baja actividad contempla la posible entrada y recogida de aguas procedentes de infiltraciones, lluvias o condensaciones producidas en las propias celdas. Por ello, cada celda cuenta con redes de recogida de lixiviados a través de un sistema de tuberías que conducen esas aguas hasta un depósito, lo que permite su vigilancia y control.
El incidente al que hacen referencia los ecologistas se produjo a raíz de que se detectara un volumen extraordinario de agua en los conductos que recogen los lixiviados de una de las celdas de residuos de muy baja intensidad, la 29. Esas aguas procedían de la lluvia y no presentaban niveles de radiactividad relevantes, pero se resolvió, a partir de entonces, tapar con una cubierta temporal las celdas en uso. El Cabril cumple con un plan de «vertidos cero», asegura Noguero, y para el agua que devuelve al entorno se utilizan los mismos criterios que se exigen al agua potable, añade.
Los residuos de muy baja actividad (RBBA), principalmente chatarra y escombros, se acumulan en la celda tal y como llegan a la planta, en sacas o bidones, y se cubren bajo varias capas de grava. La vigilancia obligada para este tipo de residuos es de 60 años. Actualmente hay dos celdas de muy baja intensidad, que son la 29 y la 30.
En cambio, los residuos de media y baja actividad (RMBA) se almacenan en bidones que se colmatan con mortero y hormigón. Cada bidón tiene 220 litros de capacidad y se introduce en un contenedor con paredes de hormigón, en el que caben unos 18 bidones si previamente no han podido ser compactados. Cada celda tiene capacidad para 320 contenedores y, una vez completa, se sella nuevamente con hormigón. Se considera que estos residuos requieren de un sistema de control y vigilancia durante 300 años.
El Cabril es sometido a continuas inspecciones -en torno a una veintena de revisiones al año- por parte principalmente del Consejo de Seguridad Nacional, pero también del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), la Comunidad Europea de la Energía Atómica (Euratom), la Policía Nacional, la Consejería de Salud o la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
Desde el centro de control se manejan las grúas que mueven los bidones y se sellan contenedores dentro de las celdas por control remoto. La radiación media acumulada que recibieron los trabajadores de El Cabril en 2024 no llega a los 2mSv (milisievert), diez veces por debajo del máximo permitido que es de 20. Los periodistas de EL MUNDO que accedimos a zonas con un teórico mayor riesgo de exposición tuvimos que portar también nuestro correspondiente dosímetro personal.
Impacto social
La gestión de los residuos radiactivos en España se considera un servicio público esencial y es competencia de la empresa pública Enresa, que se financia a través del cobro de la prestación a las entidades que generan los desechos. Para los municipios del entorno, El Cabril es también una fuente de recursos pues, más allá de los puestos de trabajo que genera, Enresa financia numerosos proyectos que tienen por objeto reactivar la economía local. De este programa de inversiones se benefician los ayuntamientos de Hornachuelos y Fuente Obejuna (en Córdoba), y Las Navas de la Concepción y Alanís, en Sevilla. Hay otras localidades e instituciones de la comarca, como la Universidad de Córdoba, que también colaboran con Enresa. La Cátedra Enresa-UCO, creada en 1994, se dedica a la investigación en materia de gestión de residuos radiactivos y también a la divulgación de sus resultados.
Esa contribución al desarrollo local -sumado al hecho de que el municipio más cercano está a más de 20 kilómetros- ha ayudado a desactivar la contestación social a la presencia y ampliación de El Cabril, que es relativamente baja. Manuel Raya, portavoz de Hornasol, la organización vinculada a Ecologistas en Acción con sede en Hornachuelos, considera que esos fondos se utilizan para «tapar bocas» en la comarca. «La inversión que se ha hecho en propaganda a través de las instituciones y de los medios de comunicación en estos años ha sido impresionante. Pero eso no ha evitado una sensación de engaño, porque primero se le dijo a la ciudadanía que el almacén se clausuraría en el año 2000 y después en el 2010. Ahora, de nuevo, vemos cómo se autoriza una gran ampliación para El Cabril, ignorando las alegaciones planteadas por Hornasol y por el Movimiento Ibérico Antinuclear. Pero ignorando también al Parlamento de Andalucía, que aprobó en diciembre de 2023 una moción contraria a la ampliación», recuerda Manuel Raya.
El texto aprobado en enero de 2023 por todos los grupos parlamentarios (PP, PSOE, Por Andalucía-Sumar y Adelante Andalucía), con la única excepción de Vox, decía textualmente: «El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a que a su vez inste al Gobierno de España a que no amplíe el cementerio nuclear del Cabril una vez que alcance su capacidad de almacenamiento autorizada y, tras tomar las medidas oportunas, proceda a su cierre definitivo».
Posteriormente, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, volvió a expresar su rechazo al proyecto en varias ocasiones. Lo hizo, por ejemplo, en la sesión plenaria celebrada el 7 de marzo de 2024, en respuesta a una pregunta del portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, cuando recordó que la Junta había realizado alegaciones en contra de la ampliación «en todas las ocasiones en que ha tenido oportunidad». «Nos hemos posicionado en contra por varios motivos: el peligro en el transporte por carretera del traslado de dichos materiales radiactivos, las afecciones que tiene al medio rural y natural (...); o el pasivo radiológico que, evidentemente, se va a quedar en nuestra tierra. La posición de nuestra administración ha sido ignorada, y lo tengo que decir alto y claro, completamente ignorada por parte del Gobierno de la Nación».
El diputado de Adelante Andalucía le recriminó, sin embargo, a Moreno no haber convertido ese rechazo formal en una verdadera campaña de confrontación con el Gobierno de Pedro Sánchez por la ampliación de El Cabril, y lamentó que «Andalucía siempre acabe sacrificada en el altar de los beneficios de unos pocos». «Nos toca siempre la industria más contaminante, la que menos valor añadido tiene, la que peor y menos empleo genera. Y ahora también nos toca tener que almacenar residuos industriales tremendamente peligrosos, incluidos los nucleares, que nadie quiere. Somos el vertedero de España, el vertedero de Europa», resumió José Ignacio García.
En cualquier caso, las inversiones en la reactivación económica de la comarca no han frenado la despoblación, advierten desde Hornasol. Y así se puede comprobar en los datos del INE. En 1994, Hornachuelos tenía 1.000 habitantes más que ahora, con un censo de 4.390 habitantes en 2024. Fuente Obejuna llegó a tener 6.378 en 1994 y hoy tiene 2.000 menos, exactamente 4.357 vecinos. El Centro de Almacenamiento de El Cabril cuenta actualmente con 121 trabajadores de Enresa y 75 trabajadores de empresas externas (seguridad, limpieza, etc.) de los cuales más del 67% procede de los municipios del entorno y hasta un 90% de la provincia de Córdoba.
Fecha de cierre
Pese a la ampliación, la vida útil de El Cabril tiene los días contados y son algo en torno a 17.500, pues se ha fijado la fecha de cierre en el año 2073. Una vez se haya terminado el desmantelamiento de la última central nuclear y exista un Almacén Geológico Profundo (AGP), que acoja el combustible gastado, los residuos de alta actividad y los residuos especiales, Enresa tendrá que soterrar la totalidad de las estructuras de almacenamiento de El Cabril con una cobertura definitiva formada por varias capas de materiales drenantes e impermeabilizantes. Posteriormente, la totalidad de la instalación se cubrirá con tierra vegetal y se integrará en el paisaje mediante la plantación de especies autóctonas. Sólo permanecerán accesibles las galerías de control durante el periodo de vigilancia estipulado. El Cabril se camuflará en su entorno como si allí nunca hubiera habido un complejo industrial ni su suelo ocultara cientos de toneladas de material radiactivo.
El gran 'marrón' para Enresa en los próximos años será encontrar el lugar donde localizar ese Almacén Geológico Profundo (AGP), sabiendo que, cualquier decisión que se tome se encontrará con un rechazo preventivo del entorno, como ya ocurrió cuando se decidió construir un Almacén Temporal Centralizado (ATC), que debía acoger de forma temporal los residuos de alta actividad procedentes de las centrales desmanteladas, para el que se designó un enclave en el municipio de Villar de Cañas (Cuenca). El contundente rechazo social del entorno obligó a reconsiderar esa decisión.
La elección sobre Villar de Cañas la tomó el Gobierno en un consejo de ministros celebrado el 30 de diciembre de 2011. En julio de 2018, sin embargo, la Secretaría de Estado de Energía solicitó al Consejo de Seguridad Nuclear y a la Secretaría de Estado de Medioambiente la suspensión. "Tras la consideración de las alegaciones formuladas durante el periodo de información pública y consultas, se han puesto de manifiesto las dificultades que se plantean para lograr el necesario grado de consenso social, político e institucional para la construcción de una instalación de esta naturaleza, por lo que se considera inviable disponer de un ATC".
El 7ºPGRR dispuso finalmente que los residuos de alta actividad se mantendrán temporalmente en las instalaciones de cada central nuclear, hasta la construcción del Almacén Geológico Profundo (AGP). "Para encontrar la localización idónea hará falta trabajos preliminares de caracterización de los distintos emplazamientos, aplicando tecnologías principalmente desde superficie (geofísica, sondeos, geología, geoquímica, etc.). La evaluación de sus resultados permitirá analizar la viabilidad de dichos emplazamientos y proponer el emplazamiento definitivo".
Se espera que se trasladen residuos a ese almacén durante 25 años, entre 2074 y 2100, cuando se produciría su sellado definitivo, aunque los restos tendrán que seguir bajo vigilancia durante muchos más años.
De la mina de uranio al almacén clandestino que destaparon unos periodistas
Los primeros residuos radiactivos llegaron a El Cabril (en Hornachuelos, Córdoba) en 1961 y procedían de la basura generada durante las primeras investigaciones que se realizaron en España en torno a la energía atómica. Se almacenaron de forma casi clandestina en unos bidones en una galería horadada en la montaña.
Nadie se planteó evaluar previamente el impacto en el medio natural o tener en cuenta el derecho de la ciudadanía a ser consultados sobre lo que, con el tiempo, se acabó consolidando como el único cementerio nuclear de España. Hoy El Cabril es una instalación moderna y técnicamente eficiente que se levanta en mitad de un paraíso natural que es la Sierra Albarrana, integrada en el sistema montañoso de Sierra Morena y vecina del Parque Natural de la Sierra de Hornachuelos, Reserva de la Biosfera.
Las viviendas del antiguo poblado minero de Santa Bárbara se utilizan aún hoy como residencia para el retén de bomberos del Plan Infoca, que tiene su puesto dentro de las instalaciones de El Cabril mientras dura la temporada de mayor riesgo de incendios forestales y dispone de un helipuerto.
En realidad, el origen de El Cabril se vincula a los trabajos para la extracción de uranio que dirigió el ingeniero Antonio Carbonell en 1947. Franco pretendía entonces fabricar su propia bomba atómica y entrar por derecho en la carrera nuclear. Pero no lo consiguió. El terreno presentaba muchas dificultades y el coste de la extracción del mineral resultó inasumible para España entonces. Posteriormente, la denominada Mina Beta fue utilizada por el régimen para enterrar los primeros residuos radiactivos, una operación que se realizó a espaldas completamente de la población.
En 1976, dos periodistas de la revista Tierras del Sur, Sebastián Cuevas y José Manuel de la Fuente, firmaban el texto y las fotos de un impactante reportaje que sacaba a la luz la existencia de la Mina Beta, bajo el título: "Andalucía, vertedero atómico". La exclusiva causó una enorme consternación en la población, pero no consiguió frenar la utilización de ese primer cementerio nuclear. En 1984 se clausuró finalmente la mina y los bidones que había en su interior se trasladaron a una instalación construida ex profeso en la misma finca.