El juez que investiga los contratos con la sanidad privada del Gobierno de Juanma Moreno ha pedido a la Junta de Andalucía que informe "de forma ordenada y diferenciada" de todas las adjudicaciones realizadas entre 2020 y 2024 y ha puesto el foco de las pesquisas sobre las obras de remodelación del antiguo Hospital Militar de Sevilla, hoy Hospital Vigil de Quiñones, convertido durante la pandemia en Hospital de Emergencias Covid.
La reforma de este centro, postergada por los gobiernos socialistas durante más de una década, fue uno de los compromisos cumplidos por el Gobierno del PP en la anterior legislatura. Sus obras se agilizaron cuando estalló la pandemia y, de hecho, el centro se utilizó para aliviar las saturadas plantas de los hospitales sevillanos durante las diferentes oleadas del Covid, dedicándose de forma específica, a partir de febrero de 2021, a los pacientes afectados por el coronavirus.
Aunque muchas veces se ha comparado con el Hospital Zendal de Madrid, cuya construcción la decidió el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso acuciado por la saturación de las infraestructuras sanitarias de la comunidad, el Vigil de Quiñones era un proyecto ya en marcha cuando irrumpió la pandemia y tuvo siempre vocación de permanecer, aunque la falta de personal ha mermado mucho su potencialidad, obligando por temporadas al cierre de parte de sus instalaciones. Nunca ha funcionado como un hospital autónomo sino que es una extensión del Hospital Virgen del Rocío y carece, por ejemplo, de unidad de Urgencias.
Como ha adelantado este jueves El Correo de Andalucía, el titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla ha solicitado a la Junta que le entregue todos los contratos referidos a las obras de emergencia en el Vigil de Quiñones. También ha reclamado todos los expedientes de asistencia sanitaria complementaria y pruebas diagnósticas que estuvieran vigentes cuando se declaró la pandemia y los posteriores que estén en licitación o vigentes.
Según la providencia, a la que ha tenido acceso la agencia Efe, el juez también requiere a la Intervención General de la Junta de Andalucía que remita íntegramente los expedientes de fiscalización de contratos tramitados por el procedimiento de emergencia entre junio y octubre de 2020, y los expedientes de fiscalización de contratos tramitados por el procedimiento de emergencia en los ejercicios 2020 y 2021 que no hayan sido objeto de control financiero permanente.
La investigación judicial se inició a raíz de una denuncia del PSOE en la que señalaba al Servicio Andaluz Salud por hacer contratos de emergencia por valor de 242 millones de euros cuando ya se había extinguido la norma del Estado que permitía a las administraciones utilizar procedimientos de emergencia. Los socialistas cifran el menoscabo que podría haberse provocado a las arcas públicas en 24 millones de euros por un abuso de la contratación "a dedo".
El juzgado demanda a la Junta toda la información relativa a la adjudicación, las prórrogas, las adendas, las comunicaciones y los correos electrónicos de los responsables del SAS con los proveedores de los servicios, clínicas y hospitales, especialmente los relativas a la acreditación de capacidad y solvencia en el adjudicatorio, fijación de precios o facturas.
También pide que se informe de la persona designada responsable del contrato, los documentos que acreditan su conformidad a la prestación realizada, el detalle de los pagos efectuados y las facturas, es decir, "toda la vida de cada contrato, con toda la documentación obrante al respecto".
"Con la misma claridad y precisión", indica la providencia, el juez solicita todos los contratos derivados del expediente sobre procedimientos quirúrgicos y pruebas diagnósticas por sobrecarga en la red propia derivada de la Covid-19, referidos a cualquier asistencia sanitaria complementaria, prueba diagnóstica o servicio médico que se contratara, según informa Efe.
En el transcurso de esta instrucción se ha citado como investigados a la actual gerente del Servicio Andaluz de Salud, Valle García, y a dos exgerentes, Diego Vargas y Miguel Ángel Guzmán.
Hay un segundo juzgado que investiga la contratación de emergencia de servicios sanitarios por parte del SAS, esta vez en Cádiz, y a raíz de la denuncia presentada por Podemos sobre adjudicaciones por valor de 235 millones de euros.
El PP rechaza una comisión de investigación
La contratación de emergencia por parte del SAS durante y después de la pandemia lleva meses en el centro del debate político en Andalucía. Este mismo jueves, el PSOE ha llevado al Parlamento una iniciativa para que se cree una comisión de investigación al respecto, que ha sido apoyada por Por Andalucía y Adelante Andalucía y rechazada por el Partido Popular, que tiene la mayoría en la Cámara autonómica. El grupo parlamentario de Vox se ha abstenido en la votación.