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La Audiencia de Sevilla ha iniciado este jueves el juicio por el ERE fraudulento en un restaurante de éxito al que acudía lo mejor de la clase política a orillas del Guadalquivir. Los anteriores gobiernos andaluces del PSOE le dieron 1,5 millones de euros para prejubilar a parte de su plantilla, a pesar de que justo un año antes había logrado importantes beneficios. La excusa de los ERE para socorrer a empresas en crisis no se sostiene en este caso, como en tantos otros que forman parte del centenar largo de piezas desgajadas de la macrocausa de corrupción que comenzó a investigar la juez Mercedes Alaya hace ya catorce años.
El juicio por el ERE en el restaurante Río Grande encierra muchas de las claves que luego se han repetido ayudas irregulares que salieron del conocido como fondo de reptiles. Se coló como 'intrusa' en la póliza de trabajadores que se iban a prejubilar a una ama de casa del barrio de Triana que jamás formó parte de la plantilla del restaurante y en el expediente medió un personaje decisivo para comprender la trama de corrupción. Se trata del 'conseguidor' y ex sindicalista de UGT Juan Lanzas, quien mantenía una estrecha relación con el ex director general de Trabajo Javier Guerrero, fallecido en octubre de 2020, y que manejó a su antojo la partida presupuestaria 31L de la que salieron las ayudas irregulares de los ERE. Lanzas no ha asistido este jueves al juicio y no ha llegado a sentarse en el banquillo de los acusados porque ha sido intervenido quirúrgicamente, según ha explicado su abogado.
La intrusa de ERE en Río Grande es Carmen Fontela. Su nombre fue uno de los primeros que salió a la luz cuando estalló el escándalo del caso ERE, ya que también intentaron colarla como falsa trabajadora de Mercasevilla en el expediente de regulación de empleo costeado por la Junta de Andalucía en la etapa del PSOE en el mercado de abastos sevillano. Esta mujer era vecina del comercial de Vitalia Francisco González, también acusado en este juicio. Le abrió una cuenta bancaria en la que mensualmente se ingresaba el dinero de la ayuda de los ERE. De los 155.605,27 euros que le correspondían, ella sólo se quedó con 1.750 euros. El resto se lo repartieron el comercial de Vitalia y Juan Lanzas, según el escrito de acusación de la Fiscalía.
El arranque del juicio ha estado dedicado a las cuestiones previas planteadas por los abogados. Mientras las defensas han intentado derribar la causa invocando múltiples irregularidades procesales, las acusaciones (Fiscalía Anticorrupción, Junta de Andalucía y el Partido Popular) han argumentado lo contrario.
Un "Matrix mental"
El abogado de la defensa José María Calero ha remarcado que, tras la decisión del Tribunal Constitucional de amparar parcialmente a Chaves, Griñán y otros ex altos cargos juzgados en la pieza principal de los ERE, el caso "se queda en los intrusos". Para este letrado, la macrocausa de los ERE es un "fenómeno patológico de la justicia" y un "Matrix mental".
No han opinado lo mismo las acusaciones. La fiscal y la abogada de la Junta han recordado que el Tribunal Constitucional no ha amparado a todos los condenados por los ERE en la pieza principal. El sucesor de Guerrero, Juan Márquez, que también estuvo involucrado en el ERE de Río Grande, recurrió ante el TC su condena en la causa principal, pero su recurso fue rechazado y, por lo tanto, este ex director general de Trabajo está ya condenado en firme por prevaricación y malversación.
Tras las cuestiones previas, únicamente ha declarado el ex directivo de la consultora Vitalia Antonio Albarracín, quien se encuentra actualmente en prisión y ha llegado esposado a la sala. A preguntas de su abogado, este acusado ha indicado que nunca recibió "comisiones" por el ERE de Río Grande y ha definido a Juan Lanzas como "comercial externo" de su empresa.
Por su parte, la Fiscalía ha rebajado de 7 a 3 años la penas de prisión que reclama provisionalmente para siete de los ocho procesados por esta pieza separada, un cambio que obedece a la aplicación del artículo 65.3 del Código Penal, referido a agravantes y atenuantes de penas para inductores o cooperadores necesarios.