Más suelo a disposición de los promotores, más agilidad en la tramitación administrativa, menos impuestos y más flexibilidad en las normas de protección. Esta es la fórmula que el Gobierno de Juanma Moreno ha llevado su anteproyecto de Ley de Vivienda, al que dará hoy el visto bueno para el inicio de su tramitación parlamentaria.
Si en su primera legislatura fue la reforma de la Ley del Suelo (LISTA) la que protagonizó la agenda parlamentaria, en esta segunda será la Ley de Vivienda la que marque el calendario, a diez meses de las elecciones. «No queda mucho margen», reconocía ayer el presidente de la Junta sobre los trámites parlamentarios. Pero la apuesta de Moreno es firme para que la ley esté aprobada definitivamente antes de la convocatoria electoral.
La construcción de más vivienda y de vivienda accesible es «un reto» para el Gobierno de Juanma Moreno porque se ha convertido en «un problema para los andaluces». Así se refleja en todas las encuestas, incluido el minisondeo a pie de calle que el Gobierno andaluz difundió ayer a través de un vídeo en el acto de presentación del proyecto de ley, en el que varios jóvenes cercanos a la treintena se quejaban de tener que vivir en la casa de sus padres porque sus ingresos no les daban para pagar un alquiler o la entrada para la compra de un piso. «Faltan 90.000 viviendas en Andalucía», afirmó el propio Juanma Moreno durante su intervención.
El presidente de la patronal andaluza de la construcción, Fadeco, Ignacio Peinado -que también participó en la presentación del proyecto de ley-, elevó la cifra del déficit hasta las 200.000 viviendas. «500.000 andaluces no pueden acceder hoy a una vivienda, ni cara ni barata», apuntó el portavoz de los promotores, que lamentó que actualmente «se tarda más de una década en transformar urbanísticamente un terreno». A su juicio, la escasez de suelo disponible y el aumento de los costes de la construcción han conformado un «cóctel perfecto de precios desorbitados». «No se puede sostener que la vivienda es el quinto pilar del estado del bienestar y a la vez meter más presión al mercado con un IVA insoportable», afirmó con críticas directas a la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez.
A ese diagnóstico que el Gobierno de Juanma Moreno comparte, la Junta ha respondido con un proyecto de ley que persigue poner más suelo a disposición de los promotores públicos y privados. «Sabemos ya que la intervención del mercado no ha funcionado; nosotros sí estamos en el camino correcto, aunque no existen varitas mágicas».
El suelo de uso terciario o dotacional se podrá destinar a VPO
La receta del Gobierno de Moreno incluye una flexibilización del suelo, de manera que los terrenos de usos terciarios, como los previstos para oficinas o actividades turísticas, se podrán destinar a la construcción de vivienda protegida. Igualmente, los suelos dotacionales, es decir, los que están previstos para equipamientos, también podrán usarse para la construcción de vivienda en régimen de alquiler. Y se fomentará la elaboración de planes municipales de vivienda y el uso del patrimonio público de suelo, garantizando al menos el 25% para la construcción de vivienda protegida.
Además, la Junta delimitará las «áreas prioritarias de vivienda», allí donde se perciba una mayor brecha entre la oferta y la demanda, lo que permitirá agilizar los trámites y concentrar todos los recursos como las ayudas al alquiler o los incentivos a la construcción de nueva vivienda y rehabilitación. También se simplificarán los trámites para la construcción de vivienda protegida, asimilándolos a los de la vivienda libre y se agilizará la gestión de los registros de demandantes de vivienda.
La Ley promoverá nuevos usos de las viviendas como el residencial comunitario, el co-housing, con unidades de viviendas en alquiler que comparten servicios, entre los que se incluyen talleres para el co-working. La Ley permitirá a los promotores privados y a instituciones sin ánimo de lucro del tercer sector participar en la construcción o gestión de residencias comunitarias. Con respecto a las viviendas protegidas ya existentes, se va a realizar un mapa para identificar y rehabilitar la infravivienda y los «barrios obsoletos».
Por último, se va a crear un Portal de la Vivienda Protegida en Andalucía en el que estarán convenientemente identificada toda la oferta tanto de la Junta como de los ayuntamientos o de los promotores privados, de forma que el ciudadano sepa qué opciones tiene y cómo puede tener acceso a ellas.
La Junta también tiene intención de flexibilizar los plazos de protección para las viviendas de promoción pública. Este fue uno de los elementos más controvertidos del decreto anterior, ya que el Gobierno presentó un recurso de inconstitucionalidad que finalmente se falló en favor de la Junta. En el proyecto de ley no se establece un plazo fijo sino que se determina que ese plazo se establecerá en un posterior Plan Autonómico de Vivienda y será flexible.
Okupas sin derecho a VPO por cinco años
El proyecto de ley incorpora muchas de las medidas que la Junta de Andalucía ya introdujo en el plan de choque regulado mediante decreto con el que se impulsaban medidas para la construcción de 20.000 viviendas protegidas en cinco años. Por ejemplo, en materia de lucha contra la okupación y la inquiokupación (inquilinos que dejan de pagar las rentas), se establece que quienes opten a una vivienda protegida deberán aportar un certificado que acredite que, en los últimos 5 años, no han sido condenados mediante sentencia firme por allanamiento de morada o usurpación de vivienda.
A su vez, cada ayuntamiento deberá comprobar que no haya recaído sobre los solicitantes de vivienda ninguna resolución administrativa firme en expedientes relacionados con procesos de recuperación y/o desahucio por ocupación sin título en el municipio.