Tener una relación de amistad o ser vecino de quien fuera director general de Trabajo de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero, era suficiente para conseguir una paga generosa con cargos a los presupuestos autonómicos.
El ex alto cargo del PSOE no solo repartía ayudas a empresas y subvenciones arbitrarias a expedientes de regulación de empleo. También tenía la potestad de conceder un sueldo a individuos concretos mediante la fórmula que se ha dado en llamar pólizas individuales y de las que se beneficiaron, principalmente, en su entorno personal de El Pedroso, el municipio de la Sierra Norte de Sevilla del que era originario y al que le gustaba frecuentar ya instalado en los despachos oficiales.
Dos de sus amigos de aquellos tiempos, que se beneficiaron de la generosidad -con fondos públicos- de Guerrero, acaban de ser condenados por la Audiencia Provincial de Sevilla precisamente por el dinero que se embolsaron ilegalmente por la úniza razón de su relación personal con el ex director de Trabajo.
Se trata de Rafael Ruiz y de Alejandro Millán, condenados por la Sección Primera de la Audiencia sevillana a un año y tres meses y un año y diez meses de prisión, respectivamente, tras declararles culpables de sendos delitos de malversación. Pero, asimismo, la sentencia les impone una pena adicional de cuatro años de inhabilitación, en el caso de Millán, y dos años de inhabilitación, en el caso de Ruiz, por prevaricación.
De acuerdo con la sentencia, que ha difundido este viernes el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Millán ingresó algo más de 333.000 euros gracias a la paga que le fue concedida por orden de Guerrero, mientras que Ruiz defraudó más de 91.000 euros.
Ellos no fueron los únicos amigos a los que benefició Guerrero. El ex alcalde de El Pedroso, Rafael Rosendo, y otro vecino del ex director general, Antonio Arquero, qu vivía a apenas 50 metros y que arregló su casa y pagó la hipoteca con el dinero que recibió. Ambos han fallecido, por lo que su responsabilidad penal quedó extinguida.
Destaca la Audiencia en su sentencia que Guerrero aprovechó que tenía a su diposición fondos públicos de la Junta y "al margen de cualquier procedimiento legalmente establecido y sin que existiera un fin público" benefició a los dos condenados y a los fallecidos "por el mero hecho de tratarse de personas de su entorno personal".
Lo hacía ordenando a las aseguradoras con las que tenía contratada la Junta el pago de las pólizas de prejubilaciones de empresas que destinasen parte del dinero a esas pólizas individuales. Eludía, de esta forma, "cualquier control administrativo, financiero y presupuestario". El modus operandi habitual en el caso de los ERE, que supuso un expolio a las arcas públicas de alrededor de 680 millones de euros y por el cual el Supremo condenó a los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, pendientes ahora de que se pronuncie el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tras intentar el Tribunal Constitucional exculparles.
Millán era, explica la sentencia que se ha conocido hoy, amigo y vecino de Guerrero y, además, ambos eran militantes del PSOE en El Pedroso y su paga se gestó tras una reunión que ambos mantuvieron en el domicilio del primero. Allí, Millán le pidió una "ayuda" para completar la pensión de incapacidad que recibía (de 545 euros) y Guerrero no puso problema.
Por su parte, Rafael Ruiz García, amigo de toda la vida de Guerrero, acudió a éste alegando dificultades económicas derivadas del cierre, en 2005, de la empresa en la que trabajaba.
Tampoco en esta ocasión puso reparo alguno Guerrero, que se comprometió a ayudar a su amigo sin requerirle solicitud alguna ni compromisos de ningún tipo. Todo fue verbal.
En ese mismo grupo estaba el fallecido Antonio Arquero, que tenía una relación de "verdadera amistad" con el ex director de Trabajo desde hacía más de 40 años y que cobraba una pensión de incapacidad de 463 euros cuando llamó a la puerta de Guerrero.
Una ayuda para el alcalde que iba a dejar de serlo
Más destacable aún fue el caso del ex alcalde de El Pedroso Rafael Rosendo, que solicitó el favor de su amigo cuando se aproximaba el final de su etapa como regidor, en el año 2007, y dado que no podía volver a su anterior trabajo en una carpintería.
En esta misma causa estuvieron imputados y fueron enjuiciados la hija de Ruiz, Cristina Ruiz, y el director y un empleado de la aseguradora Vitalia, Antonio Albarracín, y Jesús Bordallo, que han sido finalmente absueltos al entender los magistrados que no hay indicios de que cometiesen un delito.
Esta pieza separada del caso, denominada de 'pólizas individuales', estaba centrada en el "desvío arbitrario y carente de cualquier justificación de dinero público" por parte del entonces director de Trabajo "para favorecer a personas de su entorno personal, con las que mantenía una relación de amistad o vecindad (...), a través de pólizas de seguro de rentas temporales y/o de capital diferido concertadas a iniciativa de aquél en las que aparecía la Dirección de Trabajo como tomadora y, por tanto, como obligada al pago de las primas, siendo sus beneficiarias determinadas personas físicas".