- Pleito Un informe del Gobierno refuerza a la Casa de Alba en la batalla por sus pozos ilegales en Doñana
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La familia Alba hizo una caja millonaria gracias a la extracción de agua del acuífero Aljarafe Sur a través de los pozos ilegales que tenía en la finca que poseen los herederos de Cayetena de Alba en la localidad sevillana de Aznalcázar. En concreto, la Guardia Civil calcula que el beneficio superó los cinco millones de euros, unas ganancias que los peritos del instituto armado califican de "ilegales".
Para ser precisos, Eurotécnica Agraria -la sociedad detrás de la que están los hermanos Fitz James Stuart- logró ingresos de 5.144.914,97 euros entre los años 2014 a 2021, cuando la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) encontró y selló los pozoso después de que algunos antiguos trabajadores de la finca denunciaran el robo del agua.
Esos 5,1 millones de euros son el beneficio indirecto obtenido por el uso ilícito del agua, es decir, la rentabilidad conseguida del cultivo a partir del uso directo del agua ilegalmente obtenida y lo ha calculado la Guardia Civil a partir de la cantidad de fruto -naranjas en este caso- recogido por hectárea multiplicada por el precio del kilograma y al resultado le han restado los costes de producción, alrededor del 25%).
Aunque ésta no es la única cifra que da la Guarda Civil en el nuevo informe remitido al Juzgado de Instrucción 1 de Sanlúcar la Mayor, puesto que sus autores estiman que, al margen de los beneficios indebidos, el robo del agua para regar los naranjos de los Alba provocó daños ambientales que cifran en hasta 1,1 millones de euros.
La valoración del daño ambiental la sitúan en una horquilla que va de los 732.304,66 a los 1.129.739,21 euros, una cantidad que es la suma del valor del agua que habrían extraído ilegalmente por medio de los pozos perforados sin permiso en Aljóbar (entre 468.275,55 y 814.896,61 euros), el precio de restaurar ese daño (201.489,67 euros) y la estimación de a pérdida de los ecosistemas de la zona, que va desde los 62.539,59 a los 113.353 euros.
Este nuevo informe pericial data de noviembre de 2025, aunque hasta este mes de febrero ni la defesa ni la acusación particular habían tenido conocimiento del documento, elaborado a instancias de la Fiscalía de Medio Ambiente y que viene a ratificar, en lo esencial, uno anterior igualmente elaborado por los peritos del instituto armado.
En este informe, en poder de este periódico, sus autores inciden también, más allá de las cuantificaciones económicas, de los "daños importantes" causados sobre el ecosistema por la extracción ilícita de agua del acuífero, daños que "pueden llegar a ser irreversibles" debido a las interconexiones de la masa de agua con el sistema acuífero Almonte-Marismas y el aluvial del río Guadiamar, que nutren al Parque Nacional de Doñana, "uno de los patrimonios naturales más importantes de la Unión Europea", recalca la Guardia Civil.
Sobre el acuífero Aljarafe Sur, del que los Alba extrajeron el agua sin permiso durante 11 años a través de nueve pozos ilegales, señala el instituto armado que es "sensible" al bombeo de agua y que su alimentación se produce casi exclusivamente por la infiltración del agua de lluvia y su nivel de explotación está cercano al límite que se considera peligroso.
En abil del año pasado, la Fiscalía de Medio Ambiente solicitó al juez la imputación no solo a la empresa que es titular de la finca, Eurotécnica Agraria, sino también de todos los miembros de su consejo de administración, los hermanos Cayetano, Eugenia, Fernando y Alfonso. Los cuatro aparecen en el Registro Mercantil como consejeros de la sociedad familiar. A 7 de septiembre de 2021, según la información consultada por este periódico, Eugenia Martínez de Irujo era la presidenta del consejo de administración. Alfonso era consejero delegado y Cayetano y Fernando, consejeros. Además, figura en el órgano de dirección, también como consejero, Luis Martínez de Irujo Hohenloe Langenburg, nieto de la duquesa.
En el escrito presentado hace casi un año, la fiscal del caso, Carmen Escudero, hacía especial hincapié en el "grave perjuicio para el medio natural" que ha supuesta "la extracción sistemática y de carácter industrial de agua" en la finca de los Alba "en una superficie muy extensa y mantenida durante muchos años".
Por esta causa, ya está investigado Luis Martínez de Irujo Langenburg , que aseguró en su declaración (en febrero del año pasado) que los pozos no tenían contador y que no sabía cómo funcionaba la finca y, en su defensa, los Alba han presentado informes periciales desmintiendo los de la CHG y rechazando las conclusiones del Seprona. Llegaron a afirmar que, en realidad, sus extracciones de agua han contribuido a mejorar el acuífero.
En su pleito con la Justicia, los Alba encontraron recientemente apoyo en la CHG, en un informe en el que los técnicos de esta entidad -dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica- hicieron una enmienda a la totalidad al informe del Seprona al asegurar que la cantidad de agua sustraída fue diez veces menor y el coste económico, 70 veces inferior, hasta el punto de que lo sitúan en 84.629,75 euros.