El alcalde de Aguarón y presidente de la comarca de Cariñena, Lucio Cucalón, ha sido denunciado por la Fiscalía de Zaragoza por, presuntamente, haber cometido los delitos de prevaricación y falsedad documental durante su gestión al frente de ambas administraciones.
Según detalla la Fiscalía provincial en la demanda presentada, Cucalón habría adjudicado de forma irregular un total de 21 contratos de obra pública por valor de 235.000 euros a la empresa Electra Aguarón S.L. (un 22% del presupuesto de la localidad), con cuyos socios, además de tener un lejano parentesco familiar, regentaba otras sociedades.
Dichos convenios habrían sido otorgados a la mencionada compañía sin que previamente se hiciera la obligada publicidad del concurso de licitación y prescindiendo del procedimiento de contratación legalmente establecido. Además, el propio alcalde de Aguarón votó a favor de la concesión en todos los procesos analizados y, en uno de ellos, la Fiscalía advierte la presentación de tres ofertas relacionadas entre sí, en intención de "falsear la competencia".
El primero de los contratos otorgados, cuyo valor ascendía a los 109.234,55 euros, IVA incluido, fue declarado nulo de pleno derecho por el Consejo Consultivo de Aragón tras detectar graves irregularidades. Por lo tanto, el Ayuntamiento de Aguarón deberá otorgárselo a la otra empresa que participó en el concurso y que, por tanto, debería haber sido la adjudicataria desde el primer momento.
Asimismo, el interventor del pueblo señala en uno de los informes de transparencia que ha realizado desde su llegada a la administración local, que "durante el último ejercicio (2024), entre averías y alumbrado público se han prestado servicios por un importe superior a los 80.000¤ y siempre fueron ejecutados por Electra Aguarón S.L., prescindiéndose total y absolutamente de procedimiento de contratación legalmente establecido".
Del mismo modo, la Fiscalía de Zaragoza denuncia "la percepción indebida y con carácter mensual de pagos en concepto de dietas e indemnizaciones por desplazamientos, cuyas cuantías y justificación se ajustan a Derecho".
Así, añade, "al ser conocidos por Cucalón los reparos emitidos por el nuevo secretario-interventor de Aguaron a efectuar pagos por dietas sin justificación, el alcalde procedió a la firma de unas declaraciones juradas donde firma, bajo su responsabilidad, la existencia de algunas reuniones pendientes de cobro". Sin embargo, la Dirección General de Administración Local, con quien dijo haber mantenido esas citas, verificó que no había constancia de que dichos encuentros se hubiesen celebrado.
Una forma de proceder que el regidor habría ejecutado en numerosas ocasiones en relación a otros encuentros por los que habría cobrado 11.850 euros y que tampoco figuran en las agendas de las personalidades con las que indicó haberse reunido. "Todo ello sin perjuicio de gastos protocolarios de difícil justificación con cargo a las arcas públicas, como gastos superiores a 3.000 euros en botellas y estuches de vino, sin haber acreditado, mediante informe justificativo, su destino y finalidad pública", añade la demanda.
El denunciado extendió esta estrategia al ámbito comarcal, donde añadió como gastos protocolarios dos comidas por valor de 3.261 y 1.883 euros respectivamente, de las que no se ha podido determinar a qué acto corresponden.
Según reveló EL MUNDO en exclusiva en mayo de 2025, entre 2007 y 2015, primera etapa en la que Cucalón fue presidente de la comarca de Cariñena, gastó un total de 283.230,06 euros en atenciones protocolarias y representativas. Destacan pagos mensuales de hasta 6.000 euros en el Hotel Cariñena, donde pagaba cada 30 días y sin excepción el conjunto de sus comidas, 5.000 euros en ir a ver corridas de toros en las Fiestas del Pilar o más de 8.000 euros en jamones para todos los consejeros y empleados del organismo, quienes también veían cómo cada año se destinaban entre 5.000 y 6.000 euros para sus aguinaldos.
A esto se suman desembolsos menores que también llaman la atención, como gastos en marisquerías superiores a los 500 euros, un cava por 296,40 euros e incluso la adquisición de un jarrón por 50 euros. Un despilfarro que llevaba a la administración comarcal a superar, casi de forma sistemática, la partida presupuestaria destinada a este ámbito, pese a que, al rondar los 40.000 euros anuales, era bastante alta.
Cabe destacar que Cucalón ya tiene una petición de tres años de cárcel por parte de la Fiscalía por un presunto delito de falsedad documental relacionado con su gestión al frente de la sociedad urbanística municipal. Además, pesa sobre él una condena de ocho meses de cárcel impuesta por la Audiencia Provincial por acoso laboral a dos trabajadores de la comarca de Campo de Cariñena en 2020.