Cuando los padres no se ponen de acuerdo en el centro escolar al que deben acudir sus hijos, el proceso de escolarización puede convertirse en un verdadero conflicto.
La ley establece que la patria potestad compartida de los progenitores exige necesariamente que aquellos lleguen a un consenso, y si no lo hacen deben pedir una autorización al juez.
Este procedimiento se conoce como Intervención Judicial de Desacuerdo de la Patria Potestad. Y en él, el juez tomará su decisión teniendo en cuenta el interés superior del menor.
Este procedimiento puede generar retrasos en la matricula y aumentar el estrés familiar. Por ello lo mejor es llegar a un diálogo, a un consenso para asegurar la escolarización del menor sin conflicto.
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