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Propietarios y sociedades gestoras de pisos turísticos de Barcelona reclaman 1.000 millones de euros a la Generalitat por las pérdidas económicas que calculan que les ocasionará la aplicación del nuevo decreto autonómico que regula la actividad de estas viviendas y limita la concesión de licencias.
El presidente de la Asociación de Apartamentos Turísticos de Barcelona (Apartur), Enrique Alcántara, y la directora general, Marian Muro, han asegurado que las reclamaciones de responsabilidad patrimonial podrían superar los 3.000 millones de euros en la ciudad y los 7.000 millones en toda Cataluña. Hasta el momento, han explicado, lo han hecho alrededor de 1.500 propietarios de apartamentos vacacionales y 25 empresas gestoras.
El plazo para recurrir finaliza el 8 de noviembre, un año después de la publicación del decreto ley por parte del Govern que presidía Pere Aragonès. El texto fue convalidado en el Parlament, en diciembre, con los votos del PSC, Esquerra Republicana, En Comú Podem [ahora Comuns] y la CUP.
"Es una expropiación forzosa encubierta y llegaremos hasta el final porque se han vulnerado derechos como el de la propiedad privada", ha expresado Muro.
Barcelona
Hace tres meses, el Ayuntamiento de Barcelona anunció que, en aplicación de la norma vigente, no concederá más licencias para uso turístico a viviendas residenciales y no renovará las existentes en noviembre de 2028.
El decreto ley catalán está actualmente sobre la mesa del Tribunal Constitucional, que admitió a trámite en febrero el recurso de inconstitucionalidad presentado por el PP.