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El PP quiere exhibir perfil de partido de gobierno, la próxima semana, en el Parlamento catalán. Los populares afrontan el equivalente autonómico al Debate sobre el estado de la Nación como cuarta fuerza de la Cámara, después de quintuplicar, el pasado 12 de mayo, su representación en el hemiciclo pasando de tres a quince escaños. En estas últimas elecciones, la lista encabezada por Alejandro Fernández multiplicó por tres el número de votos conseguidos en 2021, cuando cayó a sus peores registros históricos en la región.
Una vez recuperado gran parte del músculo electoral en todas las votaciones del último año y medio (municipales, generales, autonómicas y europeas), los conservadores buscan aprovechar el nuevo ciclo político abierto en Cataluña, con la vuelta del PSC al Palau de la Generalitat y el fin de la mayoría independentista de la última década, para entrar hasta el fondo en debates ideológicos y de gestión política que con el procés han permanecido hasta ahora en un muy segundo plano.
«Somos la alternativa al Ejecutivo y al plan de gobierno izquierdista y nacionalista que ha montado Salvador Illa, y esa va a ser nuestra misión en esta legislatura», explica a este diario el líder del PP catalán. «Estamos aquí para garantizar el respeto a la propiedad, una enseñanza trilingüe o la libertad de elección de centro educativo por parte de los padres», cita Fernández entre las ideas fuerza que desgranará, el próximo miércoles, desde la tribuna del Parlament en la segunda jornada del Debate de Política General, que arranca el martes por la tarde con la intervención del presidente de la Generalitat.
El jefe de filas regional quiere mostrar a su partido como «el referente en la defensa de los derechos y libertades de todos los catalanes», bien sea respecto a la propiedad privada o a las cuestiones lingüísticas. En un documento de trabajo al que ha tenido acceso EL MUNDO, la dirección popular ha diseñado su eje programático con una batería de medidas en materias de seguridad, okupación, inmigración, economía, vivienda, sanidad y educación.
Varias de las propuestas de resolución que el PP presentará para el debate y votación del jueves en la Cámara catalana irán ligadas a las principales preocupaciones de los ciudadanos expresadas en los últimos barómetros de opinión del CIS, de la Generalitat y del Ayuntamiento de Barcelona.
Así, el PP exigirá que el Govern de Illa siga incrementando el número de agentes de los Mossos d'Esquadra y de las policías locales, además de "crear un fondo extraordinario de ayudas" para los cuerpos municipales y defender la presencia en Cataluña de la Policía Nacional y la Guardia Civil.
Precisamente ayer, el PP organizó una jornada sobre seguridad en Granollers (Barcelona), con la presencia de la diputada en el Congreso Ana Vázquez, en la que Fernández arremetió contra «las políticas iniciadas hace veinte años» por el Govern tripartito (PSC, ERC e ICV) y «sostenidas hasta hoy». «El buenismo progre y separatista es la ideología, por desgracia, dominante en Cataluña y lo es también en el Ejecutivo de Illa», reprochó.
Expulsión de multirreincidentes
Los populares tampoco esquivarán el debate sobre la inmigración e interpelarán al president para que «solicite al Gobierno que prevea la comisión de múltiples delitos como una causa de expulsión de los extranjeros multirreincidentes».
Además de garantizar que los protocolos de los Mossos sean efectivos para efectuar desalojos, el PP instará también a la Generalitat a «poner en marcha una oficina antiokupas».
Fernández, por otro lado, reclamará una modificación de la Ley de Educación autonómica para que los proyectos lingüísticos de los colegios «se ajusten a las sentencias judiciales y, como mínimo, el 25% de las horas lectivas se impartan en castellano». Este idioma, señala el documento interno, «debe tener garantizada la condición de vehicular en la enseñanza junto con el catalán y el inglés».
También en el terreno de la economía y de la vivienda, el PP quiere dar batalla ideológica. Los conservadores reclamarán «que se reduzca el tramo autonómico del IRPF a las rentas bajas y medias», «suprimir el impuesto de Sucesiones y Donaciones y el de Patrimonio, así como todos los tributos autonómicos que son ineficientes y que perjudican la actividad económica». Los populares defenderán un adelgazamiento del sector público con medidas como «el cierre inmediato de la red de falsas embajadas [delegaciones de la Generalitat en el exterior]» o «reducir el presupuesto TV3 y Catalunya Ràdio», además de «eliminar las subvenciones a los medios de comunicación privados».
El partido de Fernández apuesta por la exención del 100% en el impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP) en la compra de vivienda para menores de 35 años y por un sistema de avales para que la Generalitat pueda garantizar un porcentaje de la hipoteca. Por contra, propondrá suprimir la limitación en el precio del alquiler y el procedimiento de declaración de zonas de mercado residencial tensionado.