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El Ayuntamiento de Barcelona estudiará "herramientas legales" para prohibir que los fondos de inversión compren pisos en la ciudad, un veto que se haría extensible a personas extranjeras si la vivienda no es para uso residencial propio o de un familiar directo.
La comisión de Ecología, Urbanismo, Movilidad y Vivienda del Consistorio ha validado la propuesta de Esquerra Republicana con el apoyo de los grupos municipales del PSC (partido que gobierna) y Barcelona en Comú, frente al rechazo de Junts, PP y Vox.
En su exposición, la concejal de Eva Baró (ERC) ha defendido "los efectos positivos de esta política aplicada en los Países Bajos", con el fin de que Barcelona "no siga en manos del mejor postor vendiéndose a trocitos pequeños como si fuera un tablero de Monopoly".
A su vez, la primera teniente de Alcaldía y responsable de la cartera de Vivienda, la socialista Laia Bonet, ha señalado que "en un contexto de escasez de vivienda, los hogares no pueden ser un activo financiero".
El PP, por otra parte, ha presentado una proposición para suprimir la consideración de zona de mercado residencial tensionado y eliminar la obligación de reserva del 30% de viviendas para uso protegido en las nuevas promociones inmobiliarias. La iniciativa de los populares no ha salido adelante por los votos en contra de Junts, PSC, BComú y ERC.
