Alertado por la deriva del Govern que preside Salvador Illa -un Ejecutivo entregado a los designios de ERC y los comunes para sobrevivir a su primera legislatura- el poder económico catalán ha decidido reprender públicamente al president socialista de la Generalitat para que modifique el rumbo, abandone sus alianzas con las izquierdas y centre sus postulados a través de pactos en materia fiscal o de vivienda con la Junts de Carles Puigdemont, al que el empresariado da por rehabilitado políticamente una vez superado el procés.
Fue el propio Illa quien engatusó a los poderes fácticos de Cataluña cuando en la campaña electoral del pasado mayo exhibió un impúdico acercamiento al nacionalismo catalán, para atraer a sus votantes, al reivindicar la figura de Josep Tarradellas o Jordi Pujol, al incorporar a su proyecto al ex consejero de Junts, Miquel Sàmper -que acabaría finalmente convertido en su titular de Empresa y Trabajo- o al publicitar un encuentro con el que fuera exponente del sector moderado de CiU, Miquel Roca.
Ganadas las elecciones y suscrito su pacto de investidura con ERC y los comunes, Illa pasó a asumir como propia la agenda de ambos partidos , impulsando tantas iniciativas económicas como le han sido reclamadas a cambio de una estabilidad parlamentaria endeble. El president no ha podido siquiera aprobar los primeros Presupuestos del mandato, por la negativa de Oriol Junqueras a negociar unos hasta que el Gobierno impulse la «financiación singular», pero ha cedido de todos modos a las exigencias planteadas por los republicanos y por la rama catalana de Sumar, con el fin de fidelizar a sus socios preferentes y aprobar las modificaciones legales necesarias para mantener las inversiones de la Generalitat una vez prorrogados los Presupuestos.
El resultado es la conformación de una suerte de tripartito en la sombra, que ha derivado en la aprobación de medidas muy mal recibidas por el empresariado catalán, como doblar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) a los grandes tenedores, duplicar también la tasa turística a los alojamientos, convertir a Cataluña en la primera comunidad que sancionará -y hasta con 900.000 euros- a los propietarios que incumplan el límite de precios al alquiler o aprobar un decreto de vivienda que regula los arrendamientos de temporada y de habitaciones para evitar que se esquive, mediante esas vías, el tope impuesto por la Ley de Vivienda.
La paciencia del poder económico catalán ha sido breve. Ni tan sólo ha concedido al socialista un año de gracia. El pasado miércoles, durante la reunión anual del Cercle d'Economia, su presidente, Jaume Guardiola, recriminó al president que «sus medidas no son las más adecuadas y surgen de la necesidad de pactar con partidos alejados de la centralidad del país». Después, el que fuera consejero delegado del Banco Sabadell, le conminó a «poner luces largas y llegar a pactos más transversales con el principal partido de la oposición», esto es, con Junts.
Semanas atrás, el presidente de Foment, Josep Sánchez Llibre, acusó a Illa de estar conduciendo a Cataluña «al decrecimiento y la miseria» al «avanzar en el sentido contrario al que necesita la economía productiva» de la mano de «su tripartito encubierto». También llamó Llibre al jefe del Ejecutivo catalán a buscar «amplias mayorías», en alusión a Junts.
«Nadie puede imaginar que haya la famosa sociovergencia [un Govern del PSC y Junts], pero para pactos puntuales sobre el modelo, como se han dado a nivel nacional, sí. Los números dan en el Parlamento catalán», precisan fuentes de Foment en conversación con EL MUNDO.
«¿Presionar? Nosotros proponemos. De la misma manera que a nivel nacional hablamos con Junts para centrar la deriva izquierdista, populista y electoralista que supone Yolanda Díaz. Allá donde podemos, intentamos centrar», añade la principal patronal catalana, y recuerda que en las últimas elecciones municipales «ya reclamamos la sociovergencia, que Collboni y Trias llegaran a un acuerdo y que se repartieran como fuera la Alcaldía». «No pasó, pero era importante en aras de la estabilidad», abunda.
Desde Junts, constatan que el empresariado realiza estos llamamientos «asustado por las decisiones y decretos del Govern, que se han adoptado por presiones de los comunes y ERC». Fuentes de la dirección del partido bien conectadas con los poderes económicos catalanes vaticinan, no obstante, que dichas llamadas al orden «no irán más allá porque no quieren debilitar a Illa» y que las reclamaciones «no se concretarán en nada ni se harán realidad, por lo menos durante esta legislatura».
«Puigdemont no quiere ni oír hablar de un pacto PSC-Junts en Cataluña», subrayan las mismas voces a este diario. «Sólo se da en Madrid y, fundamentalmente, por la amnistía», suman dichas fuentes.
El último integrante de la formación neoconvergente que intentó un acercamiento al PSC fue Jaume Giró en 2022. El entonces consejero de Economía del Govern, y hoy miembro de la ejecutiva de Junts como principal representante del denominado «sector posibilista», propuso acordar las cuentas de la Generalitat con los socialistas «por modelo de país», pero la ERC de Aragonès prefería a los comunes como aliados y el pacto con los socialistas, que tampoco bendecía Puigdemont, nunca fructificó.
El líder de Junts mantiene su veto al PSC. Su pretensión es seguir llegando a pactos de calado con el PSOE para continuar retratando a Illa como un president inoperante al que es preciso relevar cuanto antes.