- DGAIA La Generalitat reclama miles de euros a jóvenes ex tutelados: "Sentimos miedo, ansiedad y rabia"
- Govern La Sindicatura de Cuentas detecta 167 millones de euros "pagados indebidamente" por la Generalitat de Cataluña en prestaciones sociales
- DGPPIA La Generalitat suprime la DGAIA y crea una nueva dirección general de protección a la infancia tras los casos de abusos a menores y las adjudicaciones irregulares
El Gobierno catalán da marcha atrás. "Lo que no tiene nombre es que, fruto de un error de la Administración, reclamemos recursos que no tiene a una persona en situación de vulnerabilidad", ha reconocido hoy el consejero de la Presidencia, Albert Dalmau, en una comparecencia en el Palau de la Generalitat.
La decisión llega pocos días después del envío genérico de notificaciones a más de un centenar jóvenes ex tutelados, como mínimo, para iniciar un proceso de reintegro de las prestaciones recibidas para su emancipación al dejar de estar bajo guarda de la Generalitat.
EL MUNDO ha publicado hoy el testimonio de varios de estos jóvenes, obligados a presentar nuevamente un gran cantidad de documentación que acredite que las ayudas públicas que recibieron a partir de los 18 años no fueron otorgadas "indebidamente". En algunos casos, este inicio de proceso para reclamar la devolución pide el reintegro de 42.000 euros.
Dalmau ha presentado una proposición de ley pactada por el Govern del PSC con sus socios de investidura, Esquerra Republicana y Comuns, con los que suma mayoría absoluta en el Parlament (68 diputados), para modificar la ley que regula el funcionamiento de las Administraciones públicas.
En el nuevo texto, registrado esta mañana en la Cámara autonómica por los tres partidos, además de varias medidas para reducir burocracia y agilizar los trámites (como la prohibición de la cita previa obligatoria como único método de atención al ciudadano), sobresale el reconocimiento del "derecho de las personas a no resultar perjudicadas por errores administrativos o malas prácticas en la gestión pública, concretamente en relación a prestaciones vinculadas a la cobertura de necesidades esenciales de subsistencia".
Asimismo, la proposición de ley blindará a los empleados públicos en caso de "errores cometidos que no serán sancionados si se ha actuado de buena fe y sin fraude". Precisamente, este era el argumento del Departamento de Derechos Sociales e Inclusión de la Generalitat para justificar el envío indiscriminado de cartas de hace dos semanas.
En respuesta a este diario, la consejería dirigida por Mònica Martínez Bravo esgrimía que, al estar a punto de prescribir el plazo de cuatro años para poder reclamar los pagos de 2021, los funcionarios estaban "expuestos a repercusiones patrimoniales" si no se hacía.
El pasado viernes, de hecho, miembros de Comuns se reunieron con varios de los jóvenes afectados y abordaron posibles soluciones, más allá del compromiso de la consellera de estudiar los casos de forma individual y volver a emitir nuevas notificaciones, a partir de septiembre, si las sospechas de que las ayudas eran indebidas estaban fundamentadas.
Renta garantizada de ciudadanía
En esa reunión, según relatan a EL MUNDO algunos de los asistentes, se comunicó que el Govern del PSC valoraba la aprobación de un decreto ley como el que sirvió para condonar, el pasado mes de diciembre, los 71 millones de euros que la Generalitat reclamaba a unas 9.500 familias en situación vulnerable que habían recibido por error la renta garantizada de ciudadanía.
Además, los representantes del grupo parlamentario de Catalunya en Comú ya apuntaron en ese encuentro la otra posibilidad, un cambio en la ley que tuviese en cuenta "la negligencia administrativa" para "no perjudicar a ninguno de los sectores afectados": empleados públicos, jóvenes ex tutelados y entidades sociales.
La pretensión es que la proposición de ley registrada por el PSC, ERC y Comuns sea tramitada por lectura única en el Parlament, lo que permitiría que fuese aprobada en el inicio del próximo periodo de sesiones, que comienza el 30 de septiembre.
El mismo viernes, un grupo de jóvenes se reunió también con representantes de la CUP. Tanto este partido como los comunes les plantearon la posibilidad de participar en una comparecencia en la comisión parlamentaria de Derechos Sociales e Inclusión.
"Aunque se hiciera en octubre y todo estuviera ya solucionado, creemos que es el lugar idóneo para exponer propuestas y demandas y poner rostro humano a nuestras historias, ya que muchos de los políticos que nos atacan probablemente nunca han hablado con un joven ex tutelado", explican los representantes del colectivo.
Hace una semana, el Síndic de Greuges (Defensor del Pueblo autonómico) ya había alzado la voz contra el envío masivo de notificaciones por parte de la Generalitat avisando de la posible orden de reintegro a los jóvenes, en muchos casos con escasa base indiciaria.
La institución encabezada por la síndica Esther Giménez-Salinas dio un toque de atención al Govern de Salvador Illa y señaló la similitud de este episodio con el caso que llevó a condonar, a finales de 2024, el reembolso del importe de la renta garantizada de ciudadanía.