- Cataluña Salvador Illa exhibe el apoyo de los socialistas gallegos a la "financiación singular" y el rechazo a las rebajas fiscales del PP
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Cataluña y la Comunidad Valenciana son las dos regiones más endeudadas de España. Sin embargo, si la primera vio, el pasado lunes, el alumbramiento del pacto para su financiación singular, la segunda tuvo que conformarse 24 horas después con una nueva autorización de deuda por parte del Gobierno como solución a los impagos a proveedores.
La dana que dejó 228 víctimas mortales el pasado 29 de octubre en Valencia abrió una página política inédita. Pese al titubeo inicial, la desconexión entre el Gobierno de España y la Generalitat Valenciana ha sido total, sin que se haya celebrado ni una sola reunión entre Pedro Sánchez y Carlos Mazón, por ejemplo. Con este telón de fondo y los dos principales partidos enfrentados desde sus respectivas administraciones, el Ejecutivo valenciano se ha encontrado por primera vez en 13 años sin el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) extraordinario.
El llamado extra FLA es el mecanismo creado en 2012 que ha servido en los últimos años a las comunidades más asfixiadas financieramente para cubrir su déficit. Desde entonces, la Comunidad Valenciana había recibido este préstamo del Estado de manera ininterrumpida, incluyendo los ocho años del gobierno de izquierdas de Ximo Puig. Es más, Puig aprobó rebajas fiscales y siempre acudió al extra FLA, a pesar de que ahora los socialistas acusan a Mazón de hacer «regalos fiscales» a los ricos para luego exigir dinero al Estado.
En 2024, la Generalitat catalana, gobernada aún por Esquerra Republicana, pidió prestados inicialmente 8.642 millones de euros al FLA, aunque luego amplió la solicitud hasta los 11.405 millones para cubrir el exceso de déficit del año anterior. El Fondo de Liquidez ha sido, a lo largo de la última década, el sustento básico para las arcas catalanas. De los casi 90.000 millones de deuda que la región tiene con el Estado, más de 75.000 corresponden a este mecanismo financiero. Uno de los compromisos del PSOE con Esquerra Republicana en el pacto de investidura de Sánchez, firmado en noviembre de 2023, fue la quita de una parte de esta cantidad.
El pasado febrero, el Gobierno anunció una condonación de 17.104 millones de euros a Cataluña, lo que supondrá más de una quinta parte del monto que debe la comunidad. El Ejecutivo hizo extensible la medida al resto de autonomías del régimen común con una asunción total de 83.252 millones de euros. Situadas tras Andalucía (18.791 millones) y Cataluña, la Comunidad Valenciana y la de Madrid verán reducido su endeudamiento en 11.210 y 8.644 millones de euros, respectivamente, cuando la cancelación del pasivo sea aprobada mediante una ley orgánica.
Dos semanas después del anuncio de la condonación, el Govern de Salvador Illa aprobó una nueva solicitud de adhesión al FLA para este año de 8.479 millones y, en mayo, el Consejo de Ministros dio su autorización para que la Generalitat pueda refinanciar su deuda a largo plazo, a través de entidades bancarias privadas, hasta un total de 3.500 millones de euros. Un paso que se produce por primera vez en 13 años y con el que el Ejecutivo del PSC calcula un ahorro de 24 millones anuales para las arcas públicas.
Entretanto, el Ministerio de Hacienda sigue sin aclarar si aprobará el extra FLA. El silencio del departamento que dirige María Jesús Montero ha llevado al Gobierno valenciano a solicitar al menos autorización para endeudarse en otros 1.816 millones de euros por su cuenta. Es decir, acudiendo a los bancos y, por tanto, asumiendo intereses más altos. En diciembre tendrá que pedir otros 678 millones para financiar los 2.490 millones de déficit de 2024.
Y todo ello en el año de la reconstrucción tras la dana, que la Generalitat ha presupuestado para este año en 2.364 millones. De nuevo, financiados vía deuda. Los últimos datos publicados por el Banco de España elevan la deuda pública valenciana hasta la cifra récord de 60.368 millones de euros, lo que ha llevado incluso a la patronal valenciana CEV a reclamar la urgente reforma del sistema de financiación autonómica.
De hecho, hay consenso en la Comunidad Valenciana en que buena parte de la deuda tiene su origen en ese modelo de financiación que, además, lleva caducado desde 2014. La Consejería valenciana de Hacienda estima que un 80% de la deuda se deriva directamente de la infrafinanciación, es decir, que no tiene nada que ver con un exceso de gasto.
Los socialistas valencianos, cuyo diagnóstico hasta hace no tanto era exactamente ese, han cambiado el discurso. El PSOE de Diana Morant argumenta ahora que la Comunidad Valenciana nunca había recibido del Estado tanto dinero como ahora. Para ello, se apoyan en las cifras del Ministerio de Hacienda, según las cuales las entregas a cuenta para este año ascienden a 14.013 millones. A esa cantidad hay que sumar otros 2.000 millones de la liquidación de 2023, que es la diferencia entre la estimación de ingresos (las entregas a cuenta) y los ingresos reales. En total, 15.921 millones.
La consejera valenciana de Hacienda lo niega. Para Ruth Merino, «estamos ante el Gobierno más desleal de la historia con los valencianos». «El Gobierno de España no da ni un euro. Lo único que hace es autorizar que la Generalitat se endeude más para pagar lo que el Estado debería haber transferido desde hace meses», lamenta.
El acuerdo para la financiación singular de Cataluña sellado el pasado lunes, en la Comisión Bilateral Estado-Generalitat, fue definido por ambas partes como «la colocación de los cimientos» de un modelo pactado, también en este caso, por los socialistas y ERC hace casi un año para facilitar la investidura de Illa.
De Jordi Pujol a ERC
El nacionalismo catalán ha perseguido durante las últimas tres décadas el objetivo de la soberanía fiscal. Desde la cesión inicial del 15% de la recaudación del IRPF que el Gobierno socialista de Felipe González concedió a Jordi Pujol, a cambio del apoyo de CiU, hasta el control total de los tributos que pagan los catalanes en que debería terminar, aunque sin calendario todavía, el proceso para implantar la financiación singular de esta región, que el Ejecutivo asegura que hará «generalizable» al resto de comunidades que deseen replicarlo.
El primer paso del nuevo modelo debería ser la recaudación del 100% del IRPF en 2026, aunque en privado tanto el Govern como Esquerra Republicana admiten que la Agencia Tributaria de Cataluña no tiene aún los medios necesarios para ejecutar esa tarea con garantías.
Tras el parón veraniego de la actividad política, el Gobierno deberá llevar al Consejo de Política Fiscal y Financiera una propuesta más detallada del pacto bilateral con Cataluña, que requerirá modificaciones en tres leyes: la LOFCA, la que regula el sistema de financiación de régimen común y la del régimen de cesión de tributos del Estado a Cataluña.