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Con el voto de PSC, ERC, Comuns y la CUP, el Parlament ha aprobado hoy la ley que regulará en Cataluña el alquiler de temporada y por habitaciones, que permitirá aplicar la contención de precios en las zonas tensionadas.
De este modo, el bloque de izquierdas de la Cámara consigue sacar adelante, tras un largo camino legislativo, una norma que evite "la fuga fraudulenta" de contratos hacia el alquiler residencial con el fin de sortear la contención de las rentas que marca la Ley de vivienda estatal. En Barcelona, por ejemplo, la modalidad temporal ya representa una tercera parte de los contratos de alquiler, en detrimento de los arrendamientos residenciales.
La nueva norma autonómica recibió hace dos semanas el visto bueno del Consejo de Garantías Estaturarias (CGE), el organismo consultivo que dictamina si las leyes catalanas se ajustan al Estatut y la Constitución. Lo hizo después de las peticiones formales de Junts per Catalunya y el PP, un movimiento que ha retrasado unas semanas la aprobación definitiva del proyecto de ley de medidas urgentes en materia de vivienda y urbanismo.
El CGE únicamente expresó sus dudas jurídicas sobre la prolongación de la protección a las viviendas de protección oficial (VPO) en las zonas tensionadas, aunque el Govern de Salvador Illa se muestra convencido de su legalidad. Se calcula que esta medida beneficiará a unos 35.000 pisos que en los próximos años habrían pasado al mercado desregulado. El portavoz del PP en el Parlament, Juan Fernández, ha anunciado que su partido presentará un recurso contra la ley ante el Tribunal Constitucional.
El texto legal aprobado esta mañana en la Cámara catalana, que en algunos de sus puntos ha tenido el voto favorable de JxCat, establece también un registro de grandes tenedores, amplía los derechos de tanteo y retracto por parte de la Administración y eleva la reserva de suelo para vivienda protegida en la región al 50%.
Solamente quedarán al margen de esta regulación los alquileres que tengan como fin el uso vacacional y de ocio. En este caso, evitarán el índice de referencia de precios con documentos como la tasa turística por pernoctación.
La regulación establece que cualquier alquiler "destinado a la satisfacción de la necesidad de vivienda" sea considerado "permanente", con independencia de la duración del contrato, y esté automáticamente vinculado a la contención de rentas si está en una zona tensionada. Es decir, solo serán considerados realmente alquileres de temporada los que se acrediten que están destinados a uso turístico y recreativo.
Alquiler por habitaciones
Por otra parte, en el caso de la modalidad de alquiler por habitaciones, la suma de las rentas de cada una de las habitaciones del piso no podrá sobrepasar el precio máximo que tendría el alquiler del inmueble. Como ejemplo, si el tope es de 900 euros y hay tres habitaciones, ninguna de ellas podrá ser arrendada por más de 300 euros.
"La vivienda debe ser un derecho y no una fuente de angustia", ha reivindicado la consejera de Vivienda y portavoz del Govern, Sílvia Paneque, durante el debate parlamentario previo a la votación del proyecto de ley. Junts se ha mostrado a favor de regular el mercado, pero ha rechazado la contención de los precios del alquiler de una normativa que también ha sido rechazada por PP, Vox y Aliança Catalana.
El pasado abril, el Ejecutivo del PSC llegó a un acuerdo con Esquerra Republicana, Comuns y la CUP que permitió aprobar en el Parlament su decreto ley de medidas urgentes sobre vivienda y urbanismo para tramitarlo como proyecto de ley en la Cámara, un camino legislativo que ha concluido hoy.
Este trayecto parlamentario, de hecho, tiene un antecedente al final de la anterior legislatura, con el Govern en manos de ERC. Entonces, los socialistas, primer grupo de la oposición, obstaculizaron la aprobación del decreto apoyado por republicanos, comunes y anticapitalistas, similar al aprobado hoy. La abstención del PSC se sumó al voto negativo de JxCat, PP, Vox y Ciudadanos y el texto fue rechazado.
Cataluña fue la primera comunidad autónoma en aplicar la contención de rentas de la Ley de vivienda en zonas declaradas como tensionadas. Para que un municipio o un barrio tengan esta catalogación deben cumplir al menos uyno de estos dos requisitos: por un lado, que el coste de la hipoteca o del alquiler más los gastos básicos supere el 30% de la renta media de los hogares de esa zona y, por otro, que precio de compra o alquiler haya crecido al menos tres puntos porcentuales por encima del IPC autonómico en los últimos cinco años.