- Valencia Una asociación de víctimas de la dana denuncia el intento de "silenciar la verdad emocional" al excluir a los fotoperiodistas en el funeral de Estado
- Dana La jefa de Emergencias admite a la jueza que el Cecopi ya debatía el ES-Alert a las 18.35 horas cuando el Gobierno lo pidió
La riada del 29 de octubre de 2024 transformó 75 localidades del corazón de la provincia de Valencia en zona de guerra. 229 víctimas mortales, cuyos familiares cargan con su duelo mientras reclaman reparación y justicia, y una devastación que, un año después, aún se percibe. El dolor aún se percibe. El fango arrasó viviendas, comercios, vehículos, colegios, parques, carreteras, puentes, vías de tren, alcantarillado, ascensores... Y dejó la incertidumbre de cuándo todo volvería a ser como antes. «El reto era que la vida aquí tenía que continuar», resume Lorena Silvent, la alcaldesa de Catarroja. Ha pasado un año y el avance es pausado, «lentísimo» para los vecinos y también para quienes son la primera línea política en los pueblos. «Tardaremos años», confesaba Paco Comes, de Massanassa. Nadie baja los brazos y eso se traduce en notas de esperanza, como la recuperación de infraestructuras como el metro o la reactivación de la economía, que ya se detecta.
SIN COORDINACIÓN
La emergencia se solapó con la recuperación. Mientras se atendían necesidades básicas, tanto el Gobierno de España como la Generalitat se lanzaron a evaluar y diagnosticar, pero sin coordinación. A diferencia de otras catástrofes como el terremoto de Lorca o el volcán de La Palma, no se formó comisión mixta.
El Gobierno de Mazón se apresuró a lanzar una petición para trabajar con los ministerios en 59 medidas urgentes con un coste de 31.402 millones. Después de fiar su futuro político a la recuperación, nombró vicepresidente al teniente general Gan Pampols, que encargó a una consultora un plan, presentado el pasado mes de junio, con 339 medidas y una necesidad de inversión de 29.000 millones. De ellos, 12.600 debería aportarlos el Estado. De momento, la cifra total de lo gastado de las arcas autonómicas es de 2.500 millones.
El Gobierno, en paralelo, nombró un comisionado para la Reconstrucción. Pocos días después de la riada, el Consejo de Ministros aprobó 16.600 millones en ayudas, de los cuales más de 1.745 irían a los ayuntamientos para recuperar infraestructuras locales. Nada a la Generalitat. Vicepresidente y comisionado nunca se han reunido para establecer un plan de trabajo conjunto.
COLAPSO MUNICIPAL
La decisión del Gobierno de inyectar fondos directamente a los ayuntamientos ha provocado que la reconstrucción esté sufriendo un tapón administrativo. Los consistorios, la mayoría de menos de 20.000 habitantes, no tienen instrumentos para acelerar los proyectos que, en casos como Benetússer, alcanzan al 70% del municipio. Alcantarillado, parques, centros sociales, bibliotecas, teatros y auditorios... Tienen el dinero, pero no el personal. El Gobierno ofreció la colaboración de la empresa pública Tragsa para redactar los proyectos y ejercer la dirección de obra. En total, según datos del Gobierno, los municipios ya han presentado 327 proyectos, por valor de cerca de 400 millones, de los que Tragsa tiene ya 149 memorias valoradas por valor de 213. Eso supone apenas un 12%.
Por eso los alcaldes piden herramientas más ágiles de tramitación. «Tienen que agilizarse al máximo todos los procedimientos para que toda la ayuda que nos han dado se materialice», explica Guillermo Luján, alcalde de Aldaia. Y es que el plazo marcado para presentar las memorias acaba en febrero y no llegan. Alfafar, por ejemplo, ha recurrido a una consultora de ingeniería y arquitectura externa para invertir los 35 millones aportados por el Gobierno. Su alcalde, Juan Ramón Adsuara, también ha ido a Bruselas a pedir que se amplíen los plazos de los fondos europeos a más de cuatro años. Paiporta, el municipio que, por los daños ocasionados por la riada, más fondos ha recibido, 201,5 millones, ya tiene en marcha seis actuaciones (la Biblioteca Municipal, el Auditori, el Centro de Formación Ocupacional, el Hogar del Jubilado, el Museu de la Rajoleria y los parques y jardines) a través de Tragsa. «Son proyectos inasumibles por una administración local con recursos propios. Esta es la vía administrativa más rápida», asegura su alcalde, Vicent Císcar.
COLEGIOS, METRO Y TREN
La vida también pasa por los centros de salud, recuperados, y los colegios. En este caso, la Generalitat ha hecho un reproche constante al Gobierno por no haber contribuido y haber abocado a la administración autonómica a recurrir al endeudamiento para financiar la recuperación de centros escolares, carreteras, caminos rurales o toda la infraestructura de Metrovalencia, desde el centro de mando a las líneas que atravesaban L'Horta Sud.
Hay ocho centros educativos de los 115 que fueron afectados que pasarán varios cursos en barracones. Algunos se han instalado en los patios de otros colegios o polideportivos, pero los 45.000 alumnos de las zonas dana empezaron el curso en sus localidades. Los proyectos van lentos para indignación de la comunidad educativa, que también vigila ahora que estén adaptados a los riesgos climáticos.
La movilidad también se ha recuperado. La línea de Metrovalencia afectada ha vuelto a funcionar, con la reconstrucción de kilómetros de vías arrasadas y estaciones completas como la de Paiporta. 18 carreteras autonómicas también se han recuperado en tiempo récord. El Gobierno de España, por su parte, ha reconstruido 160 kilómetros de la red estatal con una inversión de 158 millones y se ha volcado en colaborar para alzar puentes y pasarelas en Paiporta o Picanya. Adif ha invertido 192 millones en la red ferroviaria, pero aún mantiene sin operar la línea de Cercanías C3 que une Aldaia con Utiel. En obras de emergencia, el Gobierno ha invertido 220 millones.
COCHES VS ASCENSORES
Las ayudas han sido foco permanente de reproche de la Generalitat al Gobierno de Sánchez, pero han llegado a los afectados. Más de 141.000 vehículos fueron dañados por la riada, según datos oficiales. 800 aún no han aparecido, el parque móvil de la zona ha sido renovado por completo con la aportación del Gobierno de más de 200 millones y de la Generalitat, en dos convocatorias con una dotación de 320 millones, en los que incluyen vehículos comerciales, autobuses, camiones o maquinaria agrícola.
La convocatoria de ayudas por parte del Ejecutivo de Mazón ha sido un goteo constante hasta contabilizar, según sus cifras, 900 millones. Se ha compensado por vivienda, enseres, material escolar y la condición de familia numerosa, monoparental o acogedora residente en la zona, sin justificar ser afectado directo. Por su parte, el Gobierno lleva ejecutados 8.000 millones de los 16.600 anunciados, de los cuales 6,68 son para ayudas.
Hay dos reproches que la Generalitat hace al Gobierno. El primero, el grado de ejecución, y el segundo, que contabilice como ayudas los pagos del Consorcio de Seguros, que alcanzan los 3.700 millones. En vivienda, solo se han puesto a disposición de los afectados 186, mientras que la Generalitat reclamaba más de 1.000.
Otro problema son los ascensores, que mantienen confinada a población vulnerable. Según la Asociación de Empresas de Ascensores de la Comunidad Valenciana, 7.500 se vieron inutilizados por el agua y, un año después, hay 780 por reparar porque el sector no ha tenido capacidad de dar respuesta.
OBRAS HIDRÁULICAS
¿Por qué se paralizaron las obras en el barranco del Poyo? ¿Hubieran mitigado la catástrofe? Esas son preguntas que han recorrido durante un año todos los escenarios de análisis de la tragedia. Sin embargo, ninguna hay proyectada. La Confederación Hidrográfica del Júcar y el Ministerio de Transición Ecológica solo han dado luz verde al proyecto de encauzamiento del barranco de La Saleta, satélite del Poyo, que causó la inundación de Aldaia. Es una reivindicación histórica del municipio que empezará a ser una realidad en enero, pero no sin polémica. El proyecto contempla la canalización hasta el nuevo cauce del Turia, lo que ha provocado que Valencia, su alcaldesa María José Catalá, alegue que, si no se aumenta la capacidad del nuevo cauce, puede poner en peligro a la ciudad.
Por su parte, la Generalitat ha iniciado la tramitación de un proyecto de parque inundable interubano, que no estará hasta dentro de cinco años, pero que recorrerá 35 kilómetros, 1.500 hectáreas de suelo rústico, en paralelo al barranco del Poyo, y que permita la laminación de aguas. Su efecto será similar al que tuvo L'Albufera el pasado 29 de octubre. Este nuevo parque -que complementaría a las grandes obras de canalización de barrancos que se reivindican al Gobierno- se estructurará en dos corredores verdes, con vías ciclopeatonales, que conectarán el lago, el Parque Natural del Turia y parte de l'Horta. Su coste está estimado en 150 millones.
RESURGIR ECONÓMICO
La economía es el dato más positivo del último año. Según los informes de la Cámara de Comercio de Valencia y del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, la actividad en la zona dana se ha reactivado, aunque a diferentes velocidades según los sectores. Mientras el 85% de la industria ha regresado incluso con más fuerza, el comercio, la hostelería y los servicios rozan el 70%, con más de un centenar de empresas cerradas, un 5,8%, y unas pérdidas que, de media, alcanzan los 61.000 euros por negocio.
La industria ha echado mano para recuperarse de un equilibrio entre los fondos propios y las donaciones privadas (entre ellas las de Juan Roig) en los primeros momentos tras la tragedia, pero luego el pilar del relanzamiento han sido los pagos del Consorcio de Compensación de Seguros y las ayudas, hasta sumar más de 5.000 millones, «que se han dispuesto con una celeridad sin precedentes en España y en Europa», dice la Cámara. Solo una de cada cuatro empresas está pendiente aún de cobrar. Todas las industrias situadas en la zona cero sufrieron algún tipo de daño y más de la mitad volvió a la actividad con daños en sus instalaciones, sin embargo, solo un 5,8% ha bajado la persiana, lo que supone un centenar.
No es la radiografía tan optimista en el caso del sector servicios, especialmente en el comercio, la hostelería y los servicios. La reapertura solo alcanza al 70% de los ubicados en la zona cero, haciendo frente a daños que oscilan entre los 30.000 y los 100.000 euros. A las ayudas se han sumado los ERTE aprobados por el Gobierno, los planes de estímulo de contrataciones y los avales ofrecidos por el ICO.
LAS VÍCTIMAS Y LA JUEZA
Para quien no hay reparación posible es para las víctimas. Sus familiares llevan un año buscándola y ahora ya solo confían en la investigación de la jueza de Catarroja. Se sienten ninguneados por la Generalitat, por Carlos Mazón y por su mayoría con Vox en las Cortes Valencianas, que no las quieren escuchar en la comisión de investigación.
La única atención llega del Gobierno de España -con quien se han reunido varias veces- y de aquellos partidos que lo sustentan. Son los que han impulsado su voz en Bruselas y quienes les llevarán la próxima semana al Congreso de los Diputados.
Sin embargo, una de las tres asociaciones acusó ayer a Moncloa también de querer «silenciar la verdad emocional» con la decisión de excluir a los fotoperiodistas del funeral de Estado. El consuelo que alaban sin fisuras es de la Casa Real.